Tribuna
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Discriminación cero: por la diversidad

Existe la urgente necesidad de seguir avanzando con la aprobación de la Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación

Desde sus orígenes la vida de los seres humanos en comunidad ha ido evolucionando hacia formas cada vez más complejas, especialmente con los grandes cambios sociales, económicos y políticos que se produjeron a partir del siglo XVIII con la Revolución Industrial y el triunfo de los valores de la Ilustración.

Esos principios inspiraron la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, documento del que Eleanor Roosevelt aseveró que constituía una Carta Magna Internacional que consagraba un ideal común de todos los pueblos cuyas premisas eran la dignidad de las personas y los postulados de la democracia.

Esos fundamentos, bajo el amparo de la Organización de las Naciones Unidas, pusieron fin al colonialismo en Europa para dar paso a una sociedad globalizada, en la que se revelaba la importancia de la diversidad de los individuos que la conforman provocada, muy especialmente, por los movimientos migratorios y la ampliación progresiva de los espacios urbanos. Estos últimos fenómenos se han convertido hoy en un reto de vital trascendencia cuya solución va a requerir del pluralismo para salvaguardar el bienestar de las personas y la reducción de las desigualdades.

Teniendo en cuenta este contexto, el sociólogo francés Alain Touraine ha señalado la necesidad de combinar la multiculturalidad “con el hecho de pertenecer a la misma nación y defender valores universalistas” para fortalecer el principio de no discriminación que se recoge en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, reconociendo así el derecho de las minorías religiosas, étnicas o lingüísticas a disfrutar de su cultura, practicar su religión y usar su lenguaje.

Precisamente, la Constitución Española de 1978 proclamó como valores superiores la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político, sin que sea admisible, por tanto, que en un Estado Social y Democrático de Derecho quepa discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia. En esta línea, no en vano, el Tribunal Constitucional se ha referido en alguna ocasión al pluralismo como un requisito funcional del Estado, siendo necesario que las instituciones desarrollen sus políticas e impregnen su actuación con la esencia de los derechos humanos.

Recordemos, además, que la Declaración Universal de la Unesco sobre diversidad cultural ha considerado a esta como patrimonio común de la humanidad y principio que reconoce las diferencias entre distintos grupos humanos, propiciando su interacción en un plano de igualdad y horizontalidad.

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Nuestro ordenamiento jurídico, además de recoger los derechos civiles en el sentido expresado por John Locke al formular su teoría del contrato social, debe ir más allá y proteger a las personas que se integran en una comunidad multicultural bajo la premisa de que “el fin de la ley es preservar o ampliar la libertad”.

A pesar de todo lo manifestado, en España tuvimos que esperar hasta el año 2007 para que nuestro legislador dispusiera el carácter transversal que debe tener el derecho de igualdad en la prevención de conductas discriminatorias a través de unas políticas activas, y lo hizo mediante la aprobación de la Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

Con este espíritu, el Día de la Cero Discriminación, que celebramos el 1 de marzo poniendo en valor la diversidad, debe servir para recordarnos la importancia que tiene la implicación, tanto de la ciudadanía como de las administraciones públicas, en la lucha para favorecer la integración de los individuos en la vida pública, económica y cultural, en condiciones de respeto mutuo y dignidad. Estamos ante una responsabilidad colectiva que debe ocupar un lugar preferente en las agendas y en los elementos identificativos de toda empresa, corporación e institución.

Por ello, y tras un periodo de cierto inmovilismo legislativo marcado por la coyuntura política y electoral de los últimos años, tenemos la urgente necesidad de seguir avanzando con la aprobación de la Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, que tiene la vocación de convertirse en un “mínimo común normativo que contenga las definiciones fundamentales del derecho antidiscriminatorio español”, realzando el preámbulo de la norma el principio de igualdad como elemento esencial para la construcción de una sociedad diversa. Como defendió quien fuera Director General de la Unesco, Koïchiro Matsuura, el diálogo intercultural es la mejor garantía para asegurar la paz, preservar la igualdad de trato y humanizar la globalización con la perspectiva de un mundo más abierto y más democrático.

Maria Eugènia Gay es decana del Colegio de la Abogacía de Barcelona.

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