Diez plenos ordinarios en ocho meses en la Comunidad de Madrid

A mediados del verano, un diputado de la Asamblea recibió una noticia inquietante: pese a que había programado su viaje de bodas en uno de los tres meses inhábiles de la Cámara (julio, agosto y enero), debía suspender su periplo por Botsuana para acudir a votar en la investidura de Isabel Díaz Ayuso. Ese pico de actividad ha sido excepcional en lo que va de legislatura. En ocho meses solo se han celebrado diez plenos ordinarios. Es la consecuencia de enlazar desde las elecciones (mayo), las negociaciones para investir presidenta a Díaz Ayuso (junio, julio y agosto), con las conversaciones de los partidos para organizar el día a día de la Cámara (septiembre) y el periodo inhábil (julio, agosto y enero) al que obliga el reglamento del Parlamento. Así, la Asamblea consumirá sin plenos el primer mes de 2020, profundizando en la parálisis legislativa: todavía no se ha aprobado ninguna ley y se ha decidido prorrogar los Presupuestos de 2019.

"Todos convenimos en habilitar julio y enero, pero es un elemento que está en el estatuto de autonomía, así que no se pudo", cuenta Jacinto Morano, diputado de Unidas Podemos IU Madrid en Pie, sobre las negociaciones mantenidas la pasada legislatura para reformar el reglamento de la Cámara y trabajar dos meses más. "El problema ha sido lo que se tardó en conformar el gobierno y la interpretación que hay en todo el ordenamiento jurídico español de que los parlamentos solo funcionan con control al gobierno", sigue sobre las negociaciones para la investidura de Díaz Ayuso, que consumieron junio, julio y medio agosto, mezclándose con las vacaciones, y dejando paso franco a que septiembre se gastara en decisiones burocráticas como el número de comisiones. "Y no, no tiene sentido que no sean hábiles", remata el diputado sobre los meses de julio y enero.

Hay nueve Parlamentos regionales en los que se trabaja más que en el de Madrid, porque sus normas recogen periodos de sesiones más amplios: usan julio, o enero. Mientras tanto, los 132 representantes de los partidos (que durante el periodo ordinario también trabajan en comisiones, o fiscalizando al Gobierno con peticiones de información) han seguido cobrando un sueldo base de más de 3.000 euros al mes, que se multiplica con los complementos por portavocías, presidencias de comisiones, y demás responsabilidades extra. Una situación similar a la que se ha vivido en el Congreso con la repetición de las elecciones generales.

"La realidad es que en el debate durante los trabajos para reformar el reglamento había acuerdo para habilitar julio y enero", coincide Alfonso Serrano, el portavoz parlamentario del PP. "Pero no se puede comparar esta legislatura con otras porque ha sido totalmente atípica", añade en referencia a la celebración de las elecciones autonómicas en mayo, que ya vació de actividad la Asamblea en abril, y a las posteriores negociaciones para formar Gobierno. Y defiende: "Este mes de enero, que no hay actividad parlamentaria, el grupo popular tiene agenda de encuentros territoriales, con la sociedad civil, para conocer sus necesidades, sus preocupaciones, o para preparar iniciativas para el siguiente periodo de sesiones. La gente está trabajando".

Los partidos se dicen limitados por el reglamento, que a su vez está marcado por el estatuto de autonomía, en el que se detalla la necesidad de disponer dos periodos de sesiones al año: el primero de septiembre a diciembre, y el segundo de febrero a junio. ¿Podrían haber encontrado alguna solución para superar esa previsión y trabajar este enero? Sí.

El año pasado, por ejemplo, se convocó un pleno extraordinario sobre feminismo e igualdad. Y en otros parlamentos se ha soslayado que el estatuto de autonomía obligue a descansar en julio, agosto y enero introduciendo una disposición adicional en el reglamento, una decisión en la que varias fuentes parlamentarias de Madrid ven visos de ilegalidad.

Es el caso de Aragón. "De acuerdo con la voluntad unánime de los grupos parlamentarios y hasta que se produzca la modificación del artículo 40.2 del Estatuto de Autonomía, las referencias a los periodos de sesiones que efectúa el presente Reglamento se entenderán comprensivas de los meses de enero y julio", dice el reglamento de sus Cortes, contradiciendo al estatuto.

La consecuencia de que Madrid no haya hecho nada parecido es la siguiente. El 21 de marzo de 2019 se celebró el último pleno de la pasada legislatura. Abril y mayo se dedicaron por completo a la campaña de las elecciones regionales, en las que se impuso el PSOE. En los ocho meses transcurridos desde entonces, en la Asamblea de Madrid solo se han convocado plenos ordinarios en tres (octubre, noviembre y diciembre) y han quedado desiertos de actividad ordinaria cinco (junio, julio, agosto, septiembre y enero). Entre medias, se programaron cuatro plenos distribuidos en junio, julio y agosto sin ningún fin legislativo, y con el único objetivo de poner en marcha la Cámara o lograr la investidura de Isabel Díaz Ayuso.

Este es el balance final: trece jornadas de pleno (ordinarias o no) en 245 días (que incluyen aquellos en los que hubo comisiones, festivos y fines de semana).