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La desesperación de los inspectores de educación: pocos y politizados

Los interventores desdicen a la administración, que asegura que controlan las cuotas ilegales de los centros concertados, y se quejan de realizar demasiadas tareas burocráticas

Un aula de un colegio concertado.
Un aula de un colegio concertado.

Son pocos, están saturados y politizados. Los inspectores de educación de la Comunidad de Madrid no dan abasto y se dedican a realizar funciones burocráticas que les impiden desempeñar las tareas que se centran en mejorar la educación de los centros de la región. La Consejería, sin embargo, se escuda en ellos cuando salta alguna polémica. La última, la de los centros concertados que obligan a los padres a pagar cuotas irregulares, según prueba un informe que presentó el lunes en la Asamblea de Madrid la FAPA Giner de los Ríos y la Asociación de Colegios Privados e Independientes (CICAE). Los inspectores, dicen fuentes de la administración, velan para que eso no pase. Pero los mismos interventores lo desmienten: las actuaciones en centros concertados no forman parte de sus tareas preferentes desde este curso. “Y el tema de las cuotas nunca nos han pedido que lo miremos”, dice Maria Eugenia Alcántara, inspectora educativa desde 2011 en la capital española.

El malestar sobre las tareas que acaban realizando los inspectores lo canaliza Alcántara y, según los sindicatos, está generalizado en un gremio que se encuentra solo ante el peligro: son 175 en toda la región y tienen que supervisar a 3.500 profesores en prácticas y 1.227.255 alumnos. El cálculo es llamativo: le pueden dedicar a cada docente 20 minutos de su tiempo durante un trimestre. Una minucia de la que también se quejan los que sufren esa soledad al otro lado del aula. “Desde que empecé mis prácticas en septiembre no he visto al inspector que me corresponde”, dice G. P., profesora de inglés de 37 años. Sus quejas, además, están íntimamente relacionadas con otro dato arrollador: España es, junto a Italia, uno de los países de la OCDE donde menos se evalúa al profesorado. ¿Cuestión de prioridades?

La función del inspector la deja clara el artículo 151 de la LOMCE. Para empezar, ejercen de bisagra entre los centros educativos y la Consejería de Educación, de la que dependen. Son la máxima competencia dentro de un centro a nivel educativo. Los que valoran, los que deciden si algo se hace bien o mal. Pero la práctica está muy lejos de la realidad.

Para poner esa función en práctica, cada Comunidad Autónoma abre las plazas para inspectores que considera necesarias. Madrid no es de las regiones que cuenta con menos inspectores. Pero tampoco la que más. Por delante están Andalucía, con 285, y Cataluña, con 244 y con una previsión de ampliar el cupo en 100 más en los próximos meses. En el último puesto, La Rioja, con 30. Números al aire que no dicen nada si no se tiene en cuenta el del alumnado en cada región: mientras que la región andaluza cuenta con 1.608.381 y la catalana con 1.353.618, la riojana tiene 54.595 estudiantes, según datos de 2018. Madrid, por tanto, con un número similar de alumnos tiene 110 inspectores menos que en Andalucía y 69 que en Cataluña.

Con esos números, la administración debe tomar partido y decidir qué tareas son prioritarias. La queja, al final, está generalizada: poco tiempo para vigilar la calidad y mucho en controlar los datos de los centros públicos. “Nos piden que hagamos tareas burocráticas, papeleos y luego lo demás, lo importante, lo hacemos de oficio en el poco tiempo que nos queda. Al final tenemos que revisar si se cumplen las ratios, que es lo que parece que más importa”, cuenta la inspectora.

Un trabajo que también se mide en datos. De cinco días a la semana, cuentan con dos para visitar los centros, ya que el resto lo tienen copados con reuniones y con los informes que deben entregar a lo largo de la semana: 10 de media, unos 40 al mes. Por tanto, en dos días deben correr y pasar de refilón por los centros.

“Las cuestiones que tienen un valor añadido no te da tiempo a realizarlas y se hace de una manera muy superficial. Hacemos tareas que la inspección no debería hacer, como ver si realmente un jefe de estudios hace labores de jefe de estudios”, se queja y añade, además, “está el tema de los recortes”. “No se incide en los aspectos de las necesidades, sino que nos piden que miremos las ratios para quitar recursos. Cuando las irregularidades están en los centros privados, que es donde deberíamos poner el foco. ¿Es ilegal? No, pero depende de lo que se prioriza, porque eso tiene una orientación política”.

Según un portavoz de la Consejería de Educación, el número de inspectores “está equilibrado” y recuerda que este año ha aumentado el número en ocho personas. Algo que para CC OO no es suficiente. “Según las tareas que han de hacer de conformidad con sus funciones, los centros y los alumnos, es necesaria una plantilla de 350 personas”, asegura Isabel Galvín, secretaria general de la Federación de Enseñanza del sindicato, que cree que sobre todo existe “una instrumentalización política de la inspección”.

La Consejería, por contra, asegura que ha aligerado las tareas burocráticas con “tablets con Internet”. “El trabajo es perfectamente asumible y además han recibido la pertinente formación para su utilización”.

Pero no todo se soluciona con tablets. La mitad de los 175 inspectores de la región se encuentra en comisión de servicios, es decir, en una situación laboral similar a la de un interino. “Eso quita independencia porque no tienen la misma libertad para hacer determinados informes. A ningún político le gusta tener escritos en contra porque luego le puede explotar en procesos judiciales. Falta independencia y objetividad”, se queja Alcántara. Harta de la situación, la inspectora lo resume: “La Consejería tiene la obligación de tomar decisiones políticas, pero nosotros no. Hasta la gente más afín al PP está incómoda”.

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