El TSJC prevé celebrar el juicio a la Mesa del Parlament por el 1-O del 19 al 22 de noviembre
Cinco exmiembros de la Mesa de la Cámara catalana y una exdiputada están acusados de un presunto delito de desobediencia por permitir la tramitación de las leyes del 'procés'
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha fijado las fechas del juicio a los miembros soberanistas de la Mesa del Parlament durante la etapa de Carme Forcadell como presidenta de la Cámara catalana y a la exdiputada de la CUP Mireia Boya por permitir la tramitación de las leyes del procés. El juicio por un presunto delito de desobediencia se ha previsto que se celebre entre el 19 y el 22 de noviembre, en sesiones de mañana y tarde desde las 9.00. Posteriormente, el tribunal aplazó el juicio porque las fechas previstas coindicían con otras vistas ya fijadas para dos abogados de la defensa.
En una resolución conocida este viernes, el TSJC ha fijado las fechas para el juicio contra los exmiembros de la Mesa Lluis Maria Corominas (PDeCAT), Lluís Guinó (PDeCAT), Anna Simó (ERC), Ramona Barrufet (PDeCAT) y Joan Josep Nuet (EUiA), además de la exdiputada de la CUP Mireia Boya, que serán juzgados por un delito de desobediencia.
Los diputados —ninguno de ellos parlamentario en la actualidad, con la excepción de Guinó— serán juzgados al día siguiente del juicio al presidente de la Generalitat, Quim Torra, por desobedecer la orden de la Junta Electoral de retirar los lazos amarillos de los edificios públicos.
Los seis políticos acusados de desobediencia serán juzgados por una sala integrada por el presidente del TSJC, Jesús María Barrientos, así como el civilista Jordi Seguí y Carlos Ramos, uno de los jueces designados a propuesta del Parlament y que será ponente de la sentencia.
La causa contra los miembros de la Mesa se juzgará en el TSJC, después de que el Tribunal Supremo decidiera desgajarla del proceso contra Forcadell y el resto de líderes independentistas y remitirla al alto tribunal catalán para su enjuiciamiento.
Los exvicepresidentes de la Mesa Lluís Maria Corominas y Lluís Guinó, la exsecretaria primera Anna Isabel Simó, la exsecretaria cuarta Ramona Barrufet y Joan Josep Nuet, secretario tercero, están acusados de permitir que la Cámara catalana debatiera resoluciones a favor de un referéndum, pese a que el Constitucional les había advertido de su obligación de impedir cualquier iniciativa que supusiera eludir sus mandatos.
Tras la declaración de independencia del 27S, los miembros de la Mesa de Junts per Catalunya (coalición electoral de convergentes y republicanos) y de Catalunya Sí que es Pot (CSQP) declararon como investigados ante el Supremo por los delitos de rebelión, sedición y malversación, por permitir la tramitación de la ley de referéndum que preveía el 1-O y de la ley de transitoriedad nacional, aprobadas por el Parlament los días 6 y 7 de septiembre de 2017 y después suspendidas por el Constitucional.
La exdiputada de la CUP Mireia Boya, por su parte, fue imputada por el Supremo en el caso del procés por ser quien presentó, como presidenta de su grupo parlamentario, la proposición de la ley de transitoriedad, que creaba un marco legal alternativo al español para el caso de que el sí a la independencia ganara en el referéndum ilegal del 1-O.
En su escrito de acusación, la Fiscalía pide para cada uno de los seis acusados penas de hasta un año y ocho meses de inhabilitación, así como una multa de 10 meses con una cuota diaria de 100 euros por un delito continuado de desobediencia grave.
Por su parte, la acusación particular ejercida por la Abogacía del Estado pide multas de 30.000 euros e inhabilitación especial de un año y ocho meses para Corominas, Guinó, Simó y Barrufet, y multa de 24.000 euros y un año y cuatro meses de inhabilitación para Nuet y Boya, todos ellos acusados de desobediencia grave.
Asimismo, la acusación popular de VOX pide 12 años de cárcel, 108.000 euros de multa e inhabilitación para esos seis acusados, a los que considera autores de un delito de organización criminal y de otro continuado de desobediencia.
El letrado de la administración de justicia del TSJC ha señalado jornadas de mañana y tarde para la celebración del juicio y ha pedido al Departamento de Justicia que proceda a la "adecuación del mobiliario de la sala de vistas" para que se pueda garantizar que, durante el juicio, las defensas estén ubicadas de forma que puedan comunicarse con sus clientes.
