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Se intensifica la oposición a la prolongación de la C-32 en Lloret de Mar

El proyecto está recurrido dos veces en el Tribunal Superior de Justicia

Un activista de la plataforma Stop C-32 supervisa las tareas de los operarios.
Un activista de la plataforma Stop C-32 supervisa las tareas de los operarios. TONI FERRAGUT

La polémica prolongación de la autopista C-32 entre Blanes, Tordera y Lloret de Mar, proyectada a mediados de los años 90, ha vuelto a retomarse y con ella una gran oposición de los ecologistas de la zona. Desde que a finales de mayo empezaran movimientos de tierras y deforestaciones, a diario decenas de personas acuden por turnos a proteger los árboles de lo que consideran una tala ilegal. El proyecto está recurrido dos veces en el Tribunal Superior de Justicia.

El proyecto consiste en la prolongación de la autopista C-32, entre seis y siete kilómetros de autopista que transcurrirá por lo que ahora es zona forestal. Comportará la construcción de cuatro viaductos, un puente de vigas y un túnel artificial, con taludes de más de 20 metros de altura. Su estructura, tras modificarla, sería de tres carriles (uno en cada sentido y otro alterno) en lugar de los cuatro (dos por cada sentido de la marcha) proyectados inicialmente. Pero se prepara para un posible desdoblamiento futuro, lo que según los ecologistas, “es maquillar los cuatro carriles reales”, asegura su portavoz, Joan Mora.

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Los naturalistas denuncian que este proyecto, “faraónico y desproporcionado”, implica cortar el conector ecológico de la Selva Marítima, arrasar bosques y atravesar las montañas del Vilar y Sant Pere aislando parajes de gran valor histórico, cultural y hasta espiritual para la población, como santuarios y ermitas. Destacan que es una obra “innecesaria” que implica la destrucción de 50 hectáreas de bosque, el equivalente a 70 campos de futbol. Recuerdan además que 2016 se hizo una consulta ciudadana en Lloret y Blanes y, a pesar de no ser vinculante, el 76% de la población se manifestó en contra del proyecto.

El primer estudio de impacto ambiental fue aprobado en 2000. Hasta 2015 los cambios de gobierno y la crisis mantuvieron esta obra en los despachos, pero en ese momento se pretendió usarlo para volver a activar la controvertida prolongación. Los ecologistas lo recurrieron al TSJC en 2016 y en 2017 se dictó una suspensión cautelar de las obras.

Sin tener una resolución del alto Tribunal catalán, la Generalitat volvió a tramitar todo el proyecto en un solo año, en 2018. Los ecologistas lo recurrieron de nuevo al TSJC alegando en primer lugar que todavía estaba pendiente de resolución el recurso presentado en 2016, y en segundo lugar que se trataba de un “fraude de ley”, ya que se trataba del mismo proyecto con un estudio de impacto ambiental hecho a medida para posibilitar el inicio de las obras.

“Emboscadas”

Como el TSJC todavía no se ha pronunciado sobre las posibles medidas cautelares del recurso presentado en 2018, en mayo se iniciaron los trabajos previos a las obras de prolongación. Desde ese momento un grupo de whatsapp denominado “Emboscadas” reúne a un centenar de activistas de todas las edades contrarios a esta autopista, que a diario se plantan frente a las motosierras para evitar que talen los 66.000 árboles previstos. Los ecologistas esperan que el TSJC se pronuncie con carácter de urgencia. Desde el sector empresarial y turístico la consideran “una obra necesaria e imprescindible”. El presidente de la Asociación de Hostelería de Blanes, Enric Portas, recuerda las “colas impresionantes y atascos” que se forman y asegura que la nueva vía es necesaria “para no parar el progreso”. Desde la Asociación de Lloret, Enric Dotras asegura que son la única población turística que no tiene una vía rápida de entrada y que la autopista es necesaria para “no parecer un país tercermundista”.

 

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