La vivienda digna es un derecho en Euskadi

104.000 viviendas de protección oficial para una comunidad que tiene 2.160.000 habitantes. En esas cifras se resume la política de viviendas pública del Gobierno Vasco desde que hace 37 años asumió la competencia en esa materia. La exposición Vivienda Pública en Euskadi 1981-2018se exhibe en La Arquería de Nuevos Ministerios de Madrid hasta el 26 de junio.

En la muestra se han seleccionado una treintena de proyectos cuya arquitectura representa lo que ha sido el diseño de las distintas promociones públicas en los tres territorios vascos —Álava, Guipúzcoa, Vizcaya—, singulares en su concepción, diseño e incorporación de nuevas técnicas y materiales que se han ido integrando con el cambio de siglo. La exposición, en la que los planos de los edificios dialogan con las imágenes de sus habitantes, no se limita a descubrir los valores arquitectónicos de los edificios, también indaga en la relación entre los espacios construidos y las personas que los habitan.

El viceconsejero de vivienda Pedro Jauregui (PSE) destaca que la política de vivienda desarrollada en Euskadi es “un referente pionero y progresista” para el resto de España. En ninguna de las comunidades españolas se ha logrado establecer una red de promoción pública como la que se ha hecho en el País Vasco destinada a jóvenes, familias y ancianos. Además de la calidad de los elementos utilizados para ese tipo de viviendas ha existido una preocupación evidente para que las zonas no se convirtiesen en guetos y si hubiese una cohabitación real entre la construcción pública y la privada.

Los comisarios Luis Suárez Mansilla y Asier Santas Torres responsables de la muestra han puesto el foco en las personas, en las familias que han habitado o que habitan en los edificios y los que, en definitiva, han dado vida y forma a los edificios. Los planos y maquetas que se exhiben en la muestra se complementan con una una serie gráfica de Luis Asín, fotógrafo de arquitectura, que se ha recorrido todas las promociones vascas y se ha metido en el interior de las viviendas.

En los distintos gobierno autonómicos las políticas de vivienda han sido compartidas tanto por nacionalistas como socialistas en los casos en los que han tenido que compartir el ejecutivo y había en ellos un compromiso de concebir la vivienda como un bien social antes que como una mercancia. Esa política tuvo como colofón la Ley de Vivienda de 2015 que convirtió el acceso a una vivienda digna en un derecho de los ciudadanos.

Manuel Montero, catedrático de Historia Contemporánea, asegura en relación a la vivienda que “es una de las nuevas concepciones del estado del Bienestar”. Montero cree que el funcionamiento estricto del mercado libre no proporciona una oferta adecuada para los grupos desfavorecidos. “Tampoco garantiza el derecho a una vivienda digna, la previsión constitucional cuyo cumplimiento es responsabilidad de los poderes políticos. Solo pueden asegurarla políticas de vivienda pública que se adapten a las necesidades sociales”.

Con oscilaciones anuales, desde el comienzo de la crisis económica, el 45% de la vivienda construida en el País Vasco ha sido de promoción pública. En 2007, se edificaron 15.000 viviendas y en 2015 y 2016 fueron 5.500 y 3.500 respectivamente.

En el diseño de las diferentes promociones ha habido un verdadero interés arquitectónico por dejar un legado urbanístico de calidad en el País Vasco y por ello los arquitectos se han inspirado en las distintas escuelas de urbanismo europeas.

Vizcaya es el territorio de la comunidad vasca en el que mayor número de VPO se han construido desde 1980-2016. Es el más poblado de los tres, 54% de la población, y el 40% de vivienda pública se ha construido tanto en la capital como en los municipios.

Seña de identidad

Víctor Urrutia, catedrático de Sociología de la UPV, señala cuatro periodos en la promoción de viviendas públicas. Un primer periodo (1982-1989) en el que produce un primer auge de la construcción de VPO, una caída y posterior recuperación (1990-2002), un período de fuerte incremento, sobre todo en Álva (2003-2012) y una fase final de fuerte caída.

Los comisarios Asier Santas Torres y Luis Suárez Mansilla señalan que “la política de vivienda en el País Vasco hubiera podido emplearse como seña identitaria de un modo de hacer ciudad y vivienda”.

Uno de los momentos importantes para poder llevar adelante esta política fue la aprobación de la Ley Maturana en 1994 (conocida por ese nombre porque salió adelante cuando el socialista José Antonio Matura era consejero de Vivienda). La ley, arriesgada, obligó a reservar a los municipios de más de 7.000 habitantes el 65% de cualquier suelo urbanizable y el 20% de suelo urbano para construir pisos protegidos. No fue una ley aplaudida por los constructores y durante años se han registrado en algunos municipios grandes solares sin edificar para evitar la cesión del citado porcentaje.

Los 30 proyectos expuestos recogen 30 promociones de viviendas con planos, maquetas y fotografías en la que se explica la evolución de la forma humana de los bloques residenciales. La documentación evidencia un cambio en el modo de idear, proyectar y construir la arquitectura a lo largo de casi cuatro décadas.