España plural

Los partidos nacionalistas periféricos han tenido un peso importante en la conformación de gobiernos estables en España, tanto cuando ha gobernado el Partido Popular como cuando ha gobernado el Partido Socialista. En otras ocasiones, el apoyo no ha sido constante y expreso, pero sí ha permitido la aprobación de leyes de presupuestos del Estado, instrumento esencial de gobernabilidad, u otras iniciativas legislativas de enorme calado. El efecto útil que los partidos nacionalistas periféricos han tenido en la estabilidad institucional española les ha comportado una enorme visibilidad y un impacto político superior a su peso numérico en el Congreso. Sin embargo, el parlamentarismo y el sistema electoral previsto en la LOREG han compensado el perfil bajo con el que la Constitución de 1978 ha configurado el Senado, teórica cámara de representación territorial, y los instrumentos débiles de participación de las Comunidades Autónomas en los procesos de toma de decisión del Estado. La doctrina pone de manifiesto estas circunstancias desde hace muchos años y, por ello, venimos reclamando una reforma del modelo de organización territorial del Estado previsto en la Constitución.

Por otra parte, recordemos que las Autonomías también son Estado. Una parte de los problemas de Catalunya se deben que el Estado ha ido desapareciendo, permitiendo que algunos ejercieran la autonomía como un ámbito de poder político excluyente. Al mismo tiempo, el aparato político del Estado (central) ha actuado en muchas ocasiones con desconfianza respecto de las instituciones autonómicas, tratándolas como poderes delegados, y no como entidades que encuentran su legitimidad en la Constitución, exactamente igual que los del Estado (central).

Pretender restringir la presencia de los nacionalistas periféricos en el Congreso podría suponer una nueva forma de capar la presencia y la representación de las Comunidades Autónomas en las instituciones del Estado. Es cierto que los partidos nacionalistas autonómicos no representan necesariamente a las CCAA o sus intereses, pero es evidente que tienen un alto nivel de apoyo y una alta presencia en las instancias de gobierno autonómicas. El 28-A ha evidenciado como hay una parte importante de la ciudadanía que ante los ataques de algunos partidos a sus instituciones o a su identidad han votado a partidos nacionalistas o regionalistas. Estas opciones han sido percibidas como una forma de frenar a la extrema-derecha pero, también, a las amenazas de PP y Cs de recentralización.

ERC, JxCAT, EAJ-PNV, EH-Bildu, CCa-PNC, NA+ y PRC suman 2.462.977 votos, y 37 escaños en el Congreso (más que Cs en las últimas elecciones, o más que Podemos en estas). A ellos pueden sumarse los votos de Compromís (172.751) con un escaño, e, incluso, a los soberanistas de ECP-Guanyem (614.738), con 7. Esto es, más de 3.000.000 de personas, más de un 12 % de los electores, 45 diputados. Estos resultados, por mucho que determinados sectores ideológicos se empeñen, también son representativos de España y por ello, la Constitución configuró ya en 1978 un sistema descentralizado políticamente.

La LOREG fue pensada para un momento democrático muy concreto, el de puesta en marcha del sistema constitucional, que requería de estabilidad política, ergo, un parlamento sostenido sobre dos grandes partidos acompañados de algunos grupos minoritarios. Hoy el arco parlamentario, como la sociedad, ha cambiado sustancialmente. Los intereses ciudadanos ya no se ordenan en ejes exclusivos de izquierda y derecha, sino que concurren con otros criterios que acaban determinando el voto. Uno de estos ejes es el nacional. Todo lo ocurrido en Cataluña en los últimos años, que nos ha colocado en una situación política de excepcionalidad democrática, no puede aprovecharse para limitar la presencia autonómica en el Congreso de los nacionalismos periféricos, por otra parte, diversos entre ellos y, en muchos casos, con actitudes del todo leales al sistema.

Los nacionalismos periféricos no van a desaparecer, como no lo hará tampoco el independentismo. Cualquier gobierno deberá contar en esta nueva etapa con algunas de esas. Sin duda, el independentismo genera recelos, no es para menos, pero su liderazgo está ahora en manos de ERC, una fuerza que parecería haber reorientado sus prioridades. Aprovechando, además, la mayoría en el Senado del PSOE, sería el momento de retomar el debate de la reforma territorial, ofreciendo, como mínimo, una hoja de ruta para la que se exigiera lealtad de las partes. Esperemos, además, que al menos una parte de la derecha haya entendido el mensaje.