Villacís asegura que salió en 2009 de la sociedad que tenía con su marido

La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, ha asegurado que ella no ha participado en ninguna sociedad durante su mandato y ha atribuido una información publicada por ABC a intereses electoralistas. Villacís fue administradora solidaria de una sociedad patrimonial de la que se desvinculó, según ha explicado, en 2009 -seis años antes de entrar en política-, cuando vendió sus participaciones al otro administrador, su pareja. En 2011 informó al Registro Mercantil de su cese y en 2015, el mismo registro recogió una declaración de unipersonalidad de Antonio Suárez-Valdés como socio único. No es sin embargo hasta 2018 -según ha explicado por "un error administrativo"-, cuando la concejal eleva a público ese cese, oficializa ese hecho ante notario e informa al pleno municipal. La oposición denuncia que no haya incluido la sociedad durante tres años en su declaración de actividades como concejal, como obliga la Ley de Transparencia, y cuestiona la compra de una vivienda a través de la misma.

Villacís se ha mostrado "sorprendida porque salga una noticia que ya salió hace un año". En marzo de 2018 el diario El Salto publicó que la portavoz municipal de Ciudadanos constaba como administradora solidaria de la empresa Iuriscontencia S.L., que estaba detrás de la denuncia por delitos de odio contra la concejal de Manuela Carmena, Rommy Arce, Juan Carlos Monedero, fundador de Podemos, y el portavoz del sindicato de manteros, tras los sucesos de Lavapiés. "En aquel momento di las explicaciones oportunas: indiqué que el acuerdo [para cesar como administradora] se había hecho en 2011 pero no se había elevado a público", ha recordado Villacís. "En el momento en que yo tengo conciencia, subsané ese error y lo puse en conocimiento de secretaría del pleno", ha añadido.

"Lo que sí parece nuevo es esa portada que dice que yo oculté una sociedad, pero para eso tienes que tener una sociedad y eso es mentira. Yo me desvinculé de esta sociedad seis años antes de entrar en política, en 2009". La concejal ha aportado la escritura de compraventa de participaciones sociales en las que vende a su esposo sus acciones en la empresa. "Estamos en campaña electoral. Lamentablemente los políticos nos tenemos que acostumbrar a este tipo de ataques", ha añadido, y ha asegurado que si hubiese participado en una empresa lo habría declarado, porque en su partido no tienen "complejos" sobre haber tenido actividad empresarial.

"Yo no tengo esa sociedad, es ajena a mí. Para tener una sociedad tienes que tener participaciones", ha insistido Villacís. Pese a no tener participaciones Villacís siguió siendo administradora solidaria al menos hasta el 1 de septiembre de 2011, cuando comunica su cese al Registro Mercantil. En 2015, el registro recoge también una "declaración de unipersonalidad" del marido de Villacís, dos días antes de las elecciones. Según fuentes de Ciudadanos, ese cambio se produjo con seis años de retraso también por error: al comprar las acciones en 2009, Suárez-Valdés debería haber cambiado la empresa de sociedad limitada a sociedad limitada unipersonal, y ese trámite no lo hizo hasta 2015.

Actualización de declaración

La concejala, tras la publicación de El Salto en 2018, incluye por primera vez una mención a esa sociedad en su declaración de actividades del Ayuntamiento, a cuyo pleno se dirige el 21 de marzo de 2018, después de comparecer ante notario para elevar a público el cese que, insiste, ya se había producido en 2011. En la web del Ayuntamiento afirma que se trataba de un "cargo no retribuido por el que no se han realizado acciones, asistencia a juntas, suscripción de cuentas con carácter simultánea" con su condición de concejal y que había cesado en septiembre de 2011.

Rita Maestre, portavoz del Gobierno municipal de Más Madrid, ha recordado cuando Ciudadanos, a cuyo comité ejecutivo pertenece Villacís, calificó de "inmoral" que un ministro como Pedro Duque pagase menos impuestos a través de una sociedad como la de la concejal. "De lo que estamos hablando es de si se obtienen o no beneficios fiscales que, aunque sean legales, pueden no ser demasiado morales", dijo Maestre en declaraciones a la prensa. "Es un hecho objetivo que (Villacís) no declaró en las declaraciones de bienes de 2015, 2016 y 2017 que tenía esa sociedad. Cambió ese registro cuando vio publicada una información en un medio de comunicación, pero a mi me parece que no es fácil olvidar que tiene una sociedad de dos millones de euros", ha añadido Maestre.

Villacís creó la empresa junto a su pareja en 2007 y registró como objeto social el "asesoramiento jurídico a toda clase de personas, tanto físicas como jurídicas" y la "construcción, promoción, rehabilitación, compraventa y arrendamiento de todo tipo de bienes inmuebles". Según ABC, en julio de 2008, Iuriscontencia SL adquirió una parcela de 2.000 metros cuadrados en Villanueva de la Cañada, donde edificó una vivienda de 667 metros cuadrados y declaró la obra nueva en el año 2012. Villacís afirmó a ese diario que empleó la construcción como vivienda pero también como despacho. En 2016 la empresa compró también una oficina y un garaje en Madrid. En su web, actualmente Iuriscontencia se publicita como despacho de abogados "especialistas en Derecho Militar, Derecho Penal Militar, de la Policía y la Guardia Civil".

José Luis Martínez-Almeida, portavoz del grupo municipal popular, ha recordado a Villacís que "ella ha dicho en numerosas ocasiones" que "la transparencia lo es todo". "Lo que tiene que hacer Ciudadanos es plantearse si pueden decir una cosa y hacer la contraria, si pueden poner un listón de ejemplaridad para los demás y otro para ellos mismos”, ha añadido. Su homóloga socialista, Purificación Causapié, ha denunciado lo que considera una "vulneración de la ley, de la ordenanza" de transparencia, y ha indicado que "no se puede decir que se viene a regenerar la política y evitar la transparencia". "No sé si creerme que es un error, pero que hay vulneración de la ordenanza de transparencia no tengo ninguna duda", ha precisado.

En 2015 todos los candidatos de Ciudadanos firmaron una carta ética en la que, como en sus estatutos, se comprometían a efectuar "una declaración jurada de sus bienes al acceder a un cargo público".