La nueva ley del deporte: una oportunidad para Catalunya

El 15 de enero pasado, en la 22ª Festa de l'Esport Català organizada por la UFEC y el diario Sport, el presidente de esta entidad deportiva, Gerard Esteva, anunciaba que el principal reto del deporte catalán para el año 2019 era la aprobación parlamentaria de la iniciativa legislativa popular (ILP) que las federaciones están promocionando y para la cual afirmaba haber conseguido 90.000 firmas, que actualmente ya son más de 110.000, sumando también apoyos de muchos clubes catalanes y entidades internacionales.

Cuando en septiembre de 2017 se aprobó solemnemente en el Palau de la Generalitat el Pacto Nacional de la Actividad Física y el Deporte, las federaciones y la UFEC propusieron el articulado de la ley que hoy se presenta en formato de ILP. Es necesario recordar que el Pacto Nacional, igual que el resto de pactos nacionales de otros sectores, es la definición de las líneas maestras de actuación política del gobierno. La propuesta de ILP se lanzó meses después de la constitución del nuevo Parlament, informando siempre al gobierno; y todo el proceso de recogida de firmas no empezó hasta el levantamiento del 155 y la constitución del nuevo gobierno de Catalunya. Estos son los hechos reales.

No es casual que la iniciativa presentada por las federaciones haya recibido tanto y tanto apoyo popular. No ha sido solo porque los valores que predica la nueva ley están claramente identificados en el ADN del deporte catalán, sino también porque es esta propuesta la que asienta las bases para un mejor futuro para Catalunya. La necesidad de tener una nueva normativa para el deporte es evidente: nos homologará a escala europea, pero sobre todo dotará de recursos a las entidades sin ánimo de lucro para desarrollar su actividad. Invertir en las entidades es prevención, es mejorar la sociedad, es cohesión social, es una ciudadanía más fuerte y más saludable; es, en definitiva, ahorro en salud o en educación.

La propuesta que hacen las federaciones no deja de ser muy parecida a la que hay actualmente, pero con una novedad: garantiza una financiación digna que nos permita desarrollar los planes estratégicos que marque el gobierno. Sí, porque quien define reglamentariamente cuáles son las líneas subvencionables es el gobierno, y las entidades ejecutan lo que se les encomienda. Sería como un bote de remos donde el gobierno lleva el timón, determina las políticas públicas en el mundo del deporte y el sector sin ánimo de lucro rema, es decir, las ejecuta.

En relación a la financiación, una de las cosas que la propuesta de la ILP pone sobre la mesa es el otorgamiento de los recursos públicos a través de méritos objetivos determinados por el gobierno. Esto evitará los posibles clientelismos y mejorará claramente el modelo, haciendo de nuestro sector, un sector claramente meritocrático.

Es, por lo tanto, rotundamente falso que esta ILP pretenda privatizar el deporte catalán, como nos han intentado vender los sectores más conservadores del mundo del deporte. Todo lo contrario, no solo fortalece el modelo actual, sino que lo hace más competitivo, eficaz y eficiente, transparente y meritocrático.

En el contexto actual, a las puertas del acuerdo definitivo con el gobierno, quien liderará la inclusión del resto del sector deportivo, lograremos el consenso y el diálogo con que se iniciaron las tareas del Pacto Nacional de la Actividad Física y el Deporte, garantizando la estabilidad y el crecimiento que necesita el conjunto del sistema deportivo catalán.

Carles Muñoz es presidente de la Federació Esportiva Catalana de Paralítics Cerebrals.