Empatía democrática

El remolino catalán engulle todo lo que se le acerca y ayer le tocó el turno a dos significativas medidas de política social adoptadas formalmente por el Gobierno en Barcelona: el aumento del 22% del salario mínimo y otro del 2,5% de los sueldos de los funcionarios. Dos decisiones que por sí mismas justifican la subsistencia de este gobierno pasaron casi desapercibidas en medio del ruido provocado por las protestas callejeras del independentismo.

Lo raro sería que no hubiera protestas en Cataluña si se tiene en cuenta que el soberanismo tiene desde hace un año a sus principales dirigentes en la cárcel en espera de juicio o en el extranjero, tras revalidado su mayoría absoluta en el Parlament.

Mientras eso sea así, la protesta será el inevitable telón de fondo en el escenario catalán, así como el argumento para que PP, Ciudadanos y Vox continúen con la subasta al alza para ver quién se presenta en el resto de España como el más intransigente adversario del independentismo.

Esta subasta ha contribuido a la derrota del PSOE en Andalucía, alumbrando una nueva configuración de la derecha como espacio político tripartito. Su objetivo es ahora ahogar la vía del diálogo con el movimiento independentista que el PSOE y Podemos pugnan por mantener abierta como única forma de encauzar la crisis constitucional. El mero reconocimiento de la crisis abierta en 2010 solivianta a las derechas, que la niegan, y lo califican de traición. La vía del diálogo choca también con la parte del soberanismo que se resiste a reconocer sus limitaciones y actúa como si el proyecto independentista dispusiera de una representatividad, una consistencia política y un apoyo social mayor del que tiene.

La entrevista del jueves entre Sánchez y Quim Torra, junto con decisiones como la aprobación en el Congreso con el apoyo de los independentistas del techo de gasto presupuestario, marcan un retorno de estos actores políticos al realismo más estricto, al reconocimiento de las debilidades de cada parte. El Gobierno de Sánchez pende de la llamada mayoría parlamentaria de la moción de censura contra Rajoy, que incluye a nacionalistas vascos y catalanes. Sin ellos, deja de existir. A su vez, Torra, el PDeCat y ERC se han rendido nuevamente a la evidencia de que todo lo que no sea un gobierno de Sánchez será peor para ellos. Mucho peor. Una mayoría formada por PSOE y Ciudadanos les sería mucho más adversa. No digamos ya el tripartito de las derechas. Es la conclusión a la que llegó en mayo la ex coordinadora general del PDeCat Marta Pascal, al precio de que su propio partido la defenestrara en un arrebato de irracionalidad. Es lo que ahora ha tenido que asumir Torra, aunque con unas reticencias que solo auguran sobresaltos.

Cada vez que se acercan al precipicio, los dirigentes de las corrientes del catalanismo llegan a la misma conclusión, avalada por la historia: Su aliado objetivo solo puede ser el progresismo español. Ahora son el PSOE de Sánchez y Podemos. Ellos son los únicos que pueden pronunciar palabras lenitivas sobre tragedias como la de Lluís Companys, tal como hizo ayer el Gobierno en Barcelona, porque al fin y al cabo pertenecen a un acervo común. Solo ellos pueden conectar con empatía democrática con la mitad de Cataluña que, poco a poco, se despega sentimentalmente de España. Solo ellos apuestan por el diálogo.