La Asamblea afronta la investigación de los másters de Casado, Cifuentes y Montón

A menos de seis meses de las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2019, la Asamblea de Madrid aprobará previsiblemente mañana la constitución de la comisión sobre la corrupción en la universidad, impulsada por Ciudadanos para investigar cómo obtuvieron sus títulos de máster el presidente del PP, Pablo Casado; la exministra socialista de Sanidad, Carmen Montón; o la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, que tuvo que dimitir del cargo por la polémica que rodea a sus estudios.

Un dato refleja el impacto político de una investigación que ocupará portadas y telediarios mientras arranca el descuento hacia la próxima cita electoral: el PP se opone a la creación del organismo, al considerar que la Cámara regional no tiene competencias para fiscalizar a la universidad, por lo que ha amenazado con llevar la puesta en marcha de la comisión al Tribunal Constitucional.

El partido que sostiene al Gobierno regional ha hecho todo lo posible por evitar que arranque la investigación: desde que las formaciones de la oposición se pusieron de acuerdo, en septiembre, ha logrado que se consumieran dos meses sin que se iniciaran los trabajos aprovechando la petición de un informe jurídico o reclamando la reconsideración de la creación del organismo.

Efecto político

Sin embargo, fuentes de la dirección del PP consultadas por este diario reconocen que ya parece inevitable que comiencen los trabajos, y que su impacto electoral puede ser decisivo. Así, la investigación concederá a la oposición un máximo de seis meses para recordar a los votantes la dimisión de Cifuentes como presidenta, o las sombras que rodean al máster de Casado.

“El objeto de esta Comisión es investigar, y en su caso, determinar la responsabilidades políticas que hubiese, por las presuntas irregularidades y trato de favor en el funcionamiento del Instituto de Derecho Público desde su creación por Acuerdo de la Comisión Gestora de la Universidad Rey Juan Carlos el 12 de diciembre de 2001”, reza el documento registrado con las firmas de los representantes de PSOE, Podemos y Ciudadanos; “así como otros posibles casos relacionados con la presunta obtención irregular de títulos académicos oficiales en la universidades públicas de Madrid y sus centros adscritos por parte de cargos públicos”.