Colau recupera el control de la contrata de la basura para evitar irregularidades

El gobierno de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, recuperará el control de la contrata de basura para evitar que se repitan las presuntas irregularidades que reveló este diario por parte de FCC. Por primera vez, el sistema de control de la limpieza viaria y de la recogida de la basura se ha separado de la contrata y se realizará desde la administración. Es una de las novedades del pliego de condiciones del futuro contrato que ayer aprobó el pleno del Ayuntamiento con los votos del gobierno, PDeCAT, ERC, PSC y los concejales no adscritos.

El contrato de limpieza y recogida de basura es el mayor que saca el consistorio. El actual finaliza en 2019 y el que saldrá a licitación se implantará a partir de 2020 a un precio de 307 millones al año, un gasto que araña más del 10% del presupuesto anual. La cifra supone un aumento de 28 millones anuales que permitirán, entre otras cuestiones, incrementar en 225 los empleados del servicio.

La teniente de alcalde de Urbanismo, Janet Sanz, aseguró que la nueva contrata “será la mejor que ha tenido Barcelona” y “permitirá hacer un salto cualitativo en la gestión de los residuos”. Para recuperar el control de los servicios, se incorporará como GPS en los vehículos o elementos de análisis de datos que el Ayuntamiento recibirá directamente, sin que los filtren las empresas proveedoras con plataformas intermedias. Además, habrá más penalizaciones que en la anterior contrata. La Fiscalía investigó y archivó el caso —el Ayuntamiento cifró el supuesto fraude para inflar ingresos en 3,3 millones de euros— aunque no descartó que pueda haber incumplimiento de contrato con el consistorio. La propia empresa admitió irregularidades y abrió una investigación interna.

Entre otros puntos, la concejal también destacó que el futuro servicio se adaptará a las necesidades de cada barrio, prevé extender la recogida puerta a puerta de Sarrià hacia otros barrios con tramas urbanas históricas; incrementar el servicio en las zonas turísticas o en verano; y que busca cumplir con el porcentaje de reciclaje que se ha fijado la UE para 2030. Barcelona está actualmente estancada en un 36% de residuos reciclados.

El futuro servicio se adjudicará en cuatro lotes y ninguna empresa podrá llevarse más de uno. El pliego de condiciones también incluye la obligación de que las firmas ganadoras empleen contenedores inteligentes —que permitan identificar a los usuarios con una tarjeta, por ejemplo— para poder premiar en el futuro a las familias que más reciclen. Las condiciones del contrato también obligan a las empresas concesionarias a emplear vehículos eléctricos (para evitar emisiones y porque son más silenciosos).

Por parte del PDeCAT, cuyos nueve concejales fueron claves en la aprobación del concurso, Francina Vila subrayó, entre los cambios introducidos por su partido, haber reducido el peso de la oferta económica (de 25% de la puntuación al 15%) “para evitar bajas temerarias”.