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La inversión en sedes judiciales, una asignatura pendiente

Los magistrados se quejan de falta de inversiones desde hace más de una década, lo que repercute en el servicio que reciben los ciudadanos

F. Javier Barroso
Recreación de cómo quedará el acceso al edificio principal.
Recreación de cómo quedará el acceso al edificio principal.

Las sedes judiciales de la región exigen una reforma urgente para acabar con los problemas de espacio, suciedad, accesibilidad y de falta de mantenimiento, así como, en algunos casos, la falta estancias para los testigos protegidos o recorridos para no cruzar denunciantes y detenidos. Los 21 partidos se quejan desde hace una década de falta de inversiones que, indican, repercute en el servicio a los ciudadanos. El Gobierno regional, encargado de la conservación de las sedes, asegura que en los tres últimos años se ha hecho un importante esfuerzo, con una inversión de 93,7 millones de euros.

La Comunidad de Madrid, y en concreto la capital, acoge gran parte de los procesos judiciales que se tramitan en el país.Tan solo Andalucía (1.240.986 asuntos) y Cataluña (898.959) la superan. El año pasado se recibieron en todos los órganos judiciales dependientes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) 806.332 asuntos, es decir, 2.209 al día de media. La región cuenta en la actualidad con 70 sedes judiciales que albergan 538 órganos judiciales en un espacio total de 325.000 metros cuadrados.

La Memoria del TSJM correspondiente a 2017 y entregada a principios de septiembre al presidente regional, Ángel Garrido, recopila las carencias de los edificios judiciales. El documento recoge una mejora sustancial en las inversiones por parte del Gobierno regional frente “al inmovilismo y la desidia institucional que durante muchos años ha presidido la actuación de la Administración autonómica madrileña en materia de Justicia”. Eso sí, “la mayoría de las carencias denunciadas en las memorias de los años anteriores persisten, tal y como se pone de manifiesto en los informes presentados por presidentes y decanos”. De hecho, la Justicia ha sido la gran olvidada en los años de crisis en el mantenimiento y mejoras de los edificios.

El presidente del TSJM, Francisco Javier Vieira, reflejó durante la entrega de la memoria a Garrido el cambio en las actuaciones que del Ejecutivo regional en los últimos años: “Esperamos que podamos afrontar la situación difícil que tiene la Comunidad de Madrid y que tiene la Justicia en la región, pero creo que se está afrontando con bastante eficacia si lo comparamos con otras comunidades autónomas”.

La consejera de Justicia, Yolanda Ibarrola, ha destacado en declaraciones a EL PAÍS que la mejora de las infraestructuras judiciales “es uno de los pilares” de su departamento: “Nuestro objetivo es mejorar y dignificar las condiciones de las instalaciones en las que los empleados públicos y los profesionales de la Justicia desempeñan su trabajo”. “Tenemos en marcha una ambicioso programa de inversiones, con nuevas instalaciones y reformas de calado, con el que ya estamos empezando a revertir la situación de las sedes judiciales en la región”, añadió Ibarrola.

Estas son las problemáticas recogidas en la Memoria de 2017 del TSJM de las sedes principales:

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- TSJM. La sede principal se encuentra en la calle del General Castaños. La memoria recoge que faltan medios materiales y se precisa “la mejora de las instalaciones e infraestructuras”. Eso agilizaría la resolución de los procedimientos. Igual ocurre en la Sala de lo Social, en el paseo del General Martínez Campos, 27, donde preocupa el estado que presentan las instalaciones “en cuanto a pintura y reparación de desperfectos”. “También se reitera la necesidad de habilitar accesos para las personas con discapacidad y la insuficiencia en el número de personas dedicadas al servicio de limpieza”.

- Audiencia Provincial. Este órgano unificó sus sedes de Civil y Penal en dos edificios contiguos en la calle  Santiago de Compostela. El dedicado a Penal, en el número 96, ha recibido importantes cambios durante el año pasado con la instalación de un nuevo sistema de climatización, pintura y un nuevo sistema de ventilación en todos los aseos, entre otros.

Juzgados de Instrucción de Madrid. Los magistrados registran en su memoria “el deficiente estado de conservación, mantenimiento y limpieza de algunos inmuebles, tanto en accesos, suelos, techos, paredes, aseos, ascensores y escaleras, además de sus anexos, como aparcamientos, depósitos y archivos”. A ello se unen la falta de espacios adecuados para los ciudadanos y algunas carencias como estancias para los testigos protegidos o recorridos internos en los que no se junten los detenidos y los denunciantes. Los propios jueces reconocen en su documento que las sedes de la plaza de Castilla y Capitán Haya (actual Poeta Joan Maragall) han mejorado en 2017. Durante este pasado verano se han hecho reformas por valor de 3,3 millones de euros y las obras en estos inmuebles durarán hasta noviembre. Los jueces alertan de “las importantes deficiencias que presenta el edificio del Registro Civil”, en la calle de Pradillo, 66. La Comunidad de Madrid asegura que se han invertido más de 520.000 euros en 2017 y 2018 para modernizar el edificio, con mejoras en los ascensores, la climatización, la renovación del circuito cerrado de televisión y la sustitución de la cubierta del edificio.

- Alcalá de Henares. Se precisa la creación urgente de un nuevo juzgado de Primera Instancia e Instrucción. El edificio de la calle de los Colegios requiere de actuaciones de limpieza, acondicionamiento, revisión, mantenimiento y dotación de nuevo mobiliario, según la Memoria. Según la Comunidad de Madrid, el año pasado se invirtieron 100.000 euros en esta sede judicial, incluida la obra de adaptación para personas de movilidad reducida. Este año se gastarán 650.000 euros para la apertura del nuevo juzgado y la recuperación de un edificio del casco histórico como pabellón multiusos para los Juzgados.

- Alcobendas. Cuenta con dos sedes judiciales. La de la calle de Joaquín Rodrigo tiene más de 20 años y se ha quedado obsoleto en autoprotección, seguridad y evacuación del inmueble en caso de emergencia. “Todo ello hace deseable que todos los juzgados se trasladen a un nuevo edificio o de reciente construcción para los 10 juzgados, la Fiscalía y la puesta en marcha de un nuevo juzgado”, refleja la Memoria. El Gobierno regional asegura que desde 2015 se han invertido 165.000 euros para mejorar la climatización, la pintura y la cerrajería. Además, se está intentando agrupar en la calle de Joaquín Rodrigo todas las sedes externas y la mejora del inmueble. La inversión, 610.000 euros.

- Alcorcón. La Memoria refleja la necesidad de la mejora de la limpieza y la modernización de medios materiales y mobiliario. El Gobierno regional afirma que se han invertido 140.000 euros en mejorar el edificio.

- Aranjuez. Este año pasado se han unificado los juzgados de modo que ya no existe dispersión. Eso sí, es necesario el aumento de cuadros eléctricos, reparar las puertas y la climatización, mejorar el acceso para discapacitados, elaborar un plan de evacuación y gastar más en acondicionamiento y limpieza. Solo hay una sala de videoconferencia. El Ejecutivo regional asegura que se han gastado o se van a invertir 385.000 euros para solucionar estos problemas.

- Arganda del Rey. Pese a que se están acometiendo obras de adecuación, falta espacio para la clínica médico forense, salas de espera, aparcamiento y no es accesible para los discapacitados. Falla la climatización en algunas dependencias y el suministro de tóner y armarios es lento. La Comunidad afirma que se han gastado 110.000 euros en el nuevo juzgado, en la reforma de la sala de bodas y en la mejora de las oficinas del decanato y notificaciones.

- Collado-Villalba. Hay “un absoluto abandono de la sede judicial en general”, con ausencia de salidas de emergencia y acceso para discapacitados, no hay seguridad ni higiene, falta espacio y una climatización adecuada, junto con un mobiliario obsoleto. Resumen: grandes problemas estructurales, de aislamiento y de seguridad. El Ejecutivo mantiene que se trabaja para ampliar la sede principal y se unifiquen en un solo edificio, incluida la Fiscalía, que ahora está en Madrid capital. Inversión: 220.000 euros.

- Colmenar Viejo. Los seis juzgados necesitan fotocopiadoras mutifuncionales para escanear documentos, más medios informáticos y materiales. Se necesitaría a apertura de un nuevo juzgado. La aplicación Lexnet también falla.

- Coslada. Limpieza insuficiente, falta de pintura, inadecuada iluminación de los despachos, mala climatización, carencia de salas de espera adecuadas, escasez de salas de vista y arco de seguridad inadecuado son las principales quejas en esta sede.

- Fuenlabrada. El edificio que acoge la sede judicial requiere de labores de mantenimiento integral, tanto de forma preventiva como correctiva.

- Getafe. Se constata “una situación de empeoramiento paulatino y sistemático, año tras años, debido a una absoluta dejación por parte de la Comunidad de Madrid”, recoge la memoria. Esta denuncia un “abandono total” del mantenimiento de las instalaciones, medios personales y materiales, con múltiples deficiencias en la calefacción y refrigeración, y en la seguridad. A ello se une la falta de seguridad, carencias en limpieza y la tardanza en el suministro de materiales, entre ellos grapadoras. El Gobierno regional afirma que se está trabajando para agrupar todas las sedes en un único edificio, con una inversión de unos siete millones de euros. Además, se han gastado 120.000 euros en modernizar la climatización.

- Leganés. El edificio presenta problemas de estabilidad en el terreno, grietas en la fachada, suelos deteriorados y falta de espacio en calabozos y archivos. Se requieren salidas de emergencia y planes de evacuación. El sistema informático es muy lento.

- Majadahonda. Se precisa un solo edificio para albergar las dos sedes. La de la Avenida de los Claveles tiene defectos constructivos y falta de espacio para los diferentes juzgados. “En general, el mantenimiento de las dos sedes es inadecuado y el funcionamiento de la calefacción y climatización no es bueno”, afirma la Memoria.

- Móstoles. “El estado de conservación es penoso. No se han realizado apenas obras de mantenimiento”, resume la Memoria. También falta seguridad en las tres sedes. Se precisa revisar las instalaciones de electricidad y agua y el funcionamiento de las alarmas antiincendios. La falta de espacio es generalizada en toda la sede judicial. El Ejecutivo regional afirma que se han invertido 1,3 millones de euros en este partido, lo que incluye la mejora de las antiguas Escuelas de Móstoles, donde se reubicarán diferentes juzgados hasta que se construya una nueva sede judicial.

- Navalcarnero. Se requiere una única sede judicial (ahora hay tres) y contar con más espacio, ampliación de las plantillas y contar con un servicio de seguridad de 24 horas durante las semanas de guardia. La Comunidad de Madrid asegura que se van a retomar las obras para acabar el edificio judicial que se encontraba paralizado, por una inversión de 5,7 millones de euros.

- Parla. La Memoria recoge que las instalaciones “son aceptables”, pero que se necesitan mejoras en vigilancia y seguridad y la creación de salas de espera y de exploración de menores. También se solicita mejorar la informatización del decanato y de gestión procesal, además de la presencia de un técnico informático en la sede.

- Pozuelo de Alarcón. Es necesario un único edificio judicial, ya que las dos sedes actuales están a tres kilómetros de distancia y sin las condiciones adecuadas de seguridad e higiene. En ninguna de las sedes existen salas de espera adecuadas, por lo que conviven en el mismo espacio víctimas, denunciados y usuarios. También falta limpieza. La Comunidad mantiene que se ha ampliado el espacio destinado a los juzgados y se han mejorado las condiciones –con más espacio- para el juzgado número 1, la fiscalía y la creación del servicio de Notificaciones.

- San Lorenzo de El Escorial. La Memoria recoge la urgente necesidad de creación de una sede adecuada. “Las actuales instalaciones son muy antiguas y presentan considerables y muy graves deficiencias que inciden directamente en la seguridad de las personas y la salubridad de las condiciones de trabajo”, afirma el documento, que añade que falta seguridad. La Comunidad de Madrid informa que se van a retomar las obras para terminar el edificio judicial que quedó paralizado, con una inversión de 3,7 millones de euros. También se han gastado 170.000 euros para renovar la instalación eléctrica y el aire acondicionado.

- Torrejón de Ardoz. Cuenta con siete sedes, lo que dificulta el normal funcionamiento del partido. Todos son edificios inadecuados para acoger juzgados y las instalaciones están “muy deterioradas por el paso del tiempo, sucias y con un mantenimiento defectuoso”. Falla la seguridad –ha habido algún incendio e inundaciones-, no hay salidas de emergencia ni acceso para minusválidos, además de problemas en el sistema de climatización. La Comunidad de Madrid responde que ya se han iniciado los trámites para construir una nueva sede por valor de 17,8 millones de euros. En breve se adjudicará la redacción del proyecto de ejecución.

- Torrelaguna. No hay espacio para archivo y falta seguridad en el lugar destinado para la conservación de las piezas de convicción. El tamaño de los calabozos y las salas de espera es inadecuado. Solo hay seguridad hasta las seis de la tarde en los días laborales. Los jueces reclaman que se prolongue en el tiempo y durante los fines de semana.

- Valdemoro. Tiene tres sedes. El edificio de la calle de Estrella de Elola es inadecuado para la labor de unos juzgados. En el de la glorieta de las Sirenas, la cubierta está en mal estado y falla el sistema de climatización. Falta personal de seguridad y son insuficientes los espacios para calabozos, ruedas de reconocimiento y exploración de menores. Se precisa una sala en exclusiva para realizar videoconferencias. La Consejería afirma que ha destinado más de 205.000 euros en obras de mejora y que se trabaja en una futura unificación de las sedes.

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Sobre la firma

F. Javier Barroso
Es redactor de la sección de Madrid de EL PAÍS, a la que llegó en 1994. También ha colaborado en la SER y en Onda Madrid. Ha sido tertuliano en TVE, Telemadrid y Cuatro, entre otros medios. Licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, está especializado en Sucesos y Tribunales. Además, es abogado y criminólogo.

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