Prisión para el presunto parricida de Girona que mató a su madre para quedarse con su pensión

El juez ha decretado prisión comunicada y sin fianza para Jordi G., el vecino de Sils de 43 años que está acusado de matar a su madre, estafa a la seguridad social y falsedad documental. Los Mossos d'Esquadra sospechan que el detenido, que sacaba grandes cantidades de dinero de la cuenta de su madre, la mató para quedarse con el dinero de su pensión de viudedad y con el dinero de un crédito que habría solicitado a través de Internet haciéndose pasar por ella. Pese a que delante la policía el acusado reconoció haber matado a su madre, su defensa sostiene que se peleó con ella y le tapó la boca. Lo hizo, según su versión, para que se callara porque gritaba mucho y le provocaba dolor de cabeza a raíz de una lesión anterior que padecía. "No tuve intención de matarla", ha declarado el acusado, que sostiene que dejó a la mujer en la cama y se fue. 

Según Jordi G., que fue detenido el pasado día 3, dijo que volvió a la casa de su madre días después y comprobó que el cuerpo se había motivo. Apunta que el hecho de que sufriera asma contribuyó a la muerte de su madre.  

Los agentes del Área de Investigación Criminal (AIC) que llevan el caso sospechan que mató a su madre para quedarse con los 760 euros que cobraba mensualmente de la pensión de viudedad. La policía cree también que se quedó con el dinero del crédito de 13.000 euros que habría solicitado a nombre de ella. El detenido, que previamente había pedido dos créditos a nombre de él, realizó diversos desfalcos de la cuenta de su madre.

El día después de recibir el préstamo a nombre de su madre, el 4 de noviembre de 2017, Jordi G. se desplazó hasta la tienda de bricolaje Bauhaus de Girona. Allí compró una pala, una azada y unas bridas. El detenido ha declarado ante el juez no recordar haber comprado las bridas ni haber atado las manos de su madre a la espalda con ellas, como presuntamente hizo. Tampoco ha recordado haberle tapado los ojos, la nariz y la boca con cinta americana —como apareció el cadáver—, pero sí ha reconocido que envolvió el cuerpo con una especie de sábana, unos plásticos, lo ató por las puntas, e incluso selló con espuma de poliuretano la puerta del garaje donde dejó el cuerpo para que no traspasara el hedor. 

La policía sospecha que el crimen se produjo entre el 9 y el 10 de noviembre. El 4 de noviembre localizaron el último mensaje de audio que la víctima mandó a una amiga. El 8 de noviembre a las 20.00 horas mandó otro mensaje a una amiga, con la que se escribía a diario, el último que los investigadores creen que mandó ella. Los días 9 y 10 no hay mensajes y el 11 vuelven a salir mensajes de su móvil, aunque la policía cree que ya era el hijo porqué la amiga explica que siempre se escribían en castellano y a partir de ese momento los mensajes fueron en catalán.

El detenido ha reconocido que mandó mensajes a las amigas de su madre y a su hermano haciéndose pasar por ella. Para que no sospecharan que Carmen F. estaba muerta, a las amigas les decía que se había ido con su otro hijo a Badalona o a cuidar a su madre a Barcelona, cuando en realidad estaba ingresada en un geriátrico. A su hermano, con el que tiene mala relación, le dijo que la madre se había ido a Mallorca.

El auto del titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Santa Coloma considera que Jordi G. cometió un delito de asesinato “por lo sorpresivo de la acción que impidió cualquier defensa a la víctima” —como reconoce el propio investigado, su madre no se defendió—, por la desproporción que le daba la edad de 43 y 63 años, por su corpulencia frente a la delgadez de su progenitora, por lo inesperado del ataque, ya que se vio sorprendida solo tapada por un albornoz, y por ser un ataque preparado, por las adquisiciones que hizo el acusado.

El delito de estafa continuada a la Seguridad Social sería por haberse quedado la pensión de su madre sin comunicar su fallecimiento y el de falsedad documental por haber pedido supuestamente un crédito haciéndose pasar por su madre. El abogado de la defensa, Francesc López, que ha dicho que pedirá una pericial forense para saber si su cliente padece algún tipo de trastorno mental, ha dicho que recurrirá el auto de prisión.