Interior reconocerá a víctimas de los atentados del 17-A aunque lo pidan fuera de plazo

El Ministerio del Interior reconocerá a las víctimas de los atentados del 17 de agosto en Cataluña que presenten su solicitud fuera de plazo. Así se lo comunicó el ministro Fernando Grande-Marlaska en una carta a la alcaldesa Ada Colau. En ella, asegura que en los posibles casos que excedan el año marcado por ley, se buscará una solución en la que “primen los derechos de los afectados por encima de los plazos legales”. Grande-Marlaska respondió así a la misiva que Colau le envió el 4 de julio, pidiendo la ampliación del plazo legal, alegando que las víctimas topan con problemas burocráticos o desconocen los detalles del proceso.

En total, el Ministerio cuenta con 68 personas reconocidas como víctimas de los atentados del 17 de agosto en Cataluña, 14 de ellas fallecidos (en el atentado murieron 16 personas, pero la familia de una de las víctimas declinó las ayudas y otra familia no las ha solicitado). El resto se consideran personas heridas durante los atentados. Hasta el 16 de julio, Interior ha gestionado 223 expedientes de ayudas e indemnizaciones, de los que 106 (83 estimados) ya han sido resueltos y 117 siguen su curso.

Una misma persona puede tener más de un expediente abierto, por lesiones y ayuda psicológica, por ejemplo. En total, 24 personas afectadas por los atentados reciben atención psicológica a través de la Red Nacional de Psicólogos de Atención a Víctimas del Terrorismo. Se trata de profesionales formados para atender a víctimas de atentados terroristas.

Interior subraya que en muchos casos el plazo legal para ser reconocido como víctima no acabará el próximo 17 de agosto, como temen algunas de ellas, sino que el año de margen empezará a contar cuando las personas heridas que se encuentren de baja reciban el alta o cuando se consideren consolidadas las secuelas.

Algunas de las víctimas, aunadas por la Unidad de Atención y Valoración de Afectados por Terrorismo (UAVAT), critican el trato que han recibido por parte del Ministerio del Interior. “No tienen un interlocutor, alguien a quien dirigirse”, asegura Robert Manrique, asesor de la UAVAT, víctima del atentado del Hipercor cometido por ETA y representante durante años de las víctimas del terrorismo. En la actualidad, la UAVAT atiende a 77 familias. Manrique se queja de la desatención más emocional: “una llamada, una visita o un whatsapp”.

Interior subraya que en todos estos meses se ha visitado a las familias en sus domicilios y se ha realizado un trabajo de coordinación con las víctimas que se encuentran en el extranjero. Tras el atentado, la directora general de apoyo a las víctimas del terrorismo, Sonia Ramos, junto a un equipo de cinco personas se trasladó a Barcelona. Se instaló una oficina de apoyo a las víctimas en la Delegación del Gobierno, que estuvo activa del 22 el 29 de agosto. Allí se atendió a víctimas y sus familiares, además de personal de los consulados, con información sobre cuestiones asistenciales, así como ayuda para la presentación de la solicitud para la indemnización.

10 de las víctimas mortales de los atentados eran extranjeras, y muchos de los heridos también. Eso ha complicado las tareas para localizar a los afectados. Interior asegura que buscó sus direcciones a través de los consulados y de los centros hospitalarios, en el caso de que hubiesen estado ingresados. De esa forma, obtuvieron datos de 52 personas, a las que se envió una carta informándoles de las ayudas que les correspondía como víctimas, así como de la posibilidad de personarse en la causa que instruye la Audiencia Nacional. A todas aquellas personas que regresaron a su país de origen, se les ofreció el abono de las terapias que no les cubran sus sistemas sanitarios.

Manrique sostiene que debería cambiarse la norma y que una víctima de un atentado pudiese demostrar en cualquier momento que lo es. “¿Por qué han de prescribir los derechos de las víctimas?”, critica. Y denuncia que no ha habido una “proactividad” por parte del Ministerio para encontrar a muchas de las víctimas, que divide en tres categorías: familiares en primer grado de los muertos, heridos directos “de los cuales nadie se preocupa del entorno familiar”, y los testigos de los ataques. “La gente busca soluciones y no sabe adónde ir”, se queja, y lamenta que no haya una oficina de atención a las víctimas del 17-A en Cataluña. “Estamos viviendo situaciones calcadas a las de Hipercor, parece que no hayamos arreglado nada en la atención directa”, concluye.