Barcelona no autorizará manifestaciones de extrema derecha con riesgo de violencia

El Ayuntamiento de Barcelona examinará "escrupulosamente" las solicitudes de actividades de vía pública de grupos de extrema derecha y no las autorizará si hay riesgo de que se produzcan acciones violentas. El Consistorio ha pedido a la Generalitat que haga lo mismo con los actos que convoquen estos grupos.

La Comisión de Presidencia, Derechos de Ciudadanía, Participación y Seguridad y Prevención del Ayuntamiento de Barcelona ha acordado este miércoles en una sesión extraordinaria instar al Ayuntamiento a implementar las medidas de seguridad y orden público suficientes para garantizar que los grupos de ultraderecha "no puedan llevar a cabo acciones violentas en el marco de actividades con autorización de ocupación de vía pública". También ha acordado "examinar escrupulosamente las solicitudes de actividades que realicen para, en su caso, proceder a la no autorización".

El gobierno de Barcelona en Comú, los grupos municipales PDeCAT, ERC y CUP-Capgirem y el concejal no adscrito Gerard Ardanuy (DC) han aprobado "condenar todas las agresiones violentas que se han producido desde el 8 de septiembre en nuestro país contra un movimiento democrático y no violento", en referencia al independentismo catalán.

Ciudadanos, PSC y PP han votado en contra tras un debate tenso en el que unionistas y soberanistas han manifestado sus diferencias. En este acuerdo, la comisión también pide al Departamento de Interior que implemente "las medidas de seguridad y orden público suficientes para garantizar que estos grupos no puedan llevar a cabo acciones violentas en el marco de las manifestaciones y concentraciones que hayan autorizado", y "examinar escrupulosamente las comunicaciones que se produzcan en esta materia para, en su caso, proceder a su no autorización".

En el texto aprobado, la comisión muestra la solidaridad y ofrece apoyo legal "a todas las personas de nuestro municipio que han sido víctimas de violencia, tanto de agresiones por parte de otros ciudadanos o ciudadanas, como por parte de los aparatos del Estado español". También insta al Parlament y al Ayuntamiento de Barcelona "a realizar todas las acciones que estén a su alcance para denunciar todos estos casos de violencia ante la Fiscalía y las instituciones jurisdiccionales, de las instituciones internacionales, así como el papel que está desarrollando el Estado español ante estos hechos".