Aplazado el desahucio de una familia de Torres de la Alameda
Es el cuarto intento que sufre esta familia de seis miembros, cuatro de ellos menores
La familia Muñoz López puede descansar tranquila por el momento. El desahucio de su casa en Torres de la Alameda programado para hoy fue pospuesto ayer por un juez por 60 días hábiles, hasta el próximo 17 de septiembre (agosto es un mes inhábil para la justicia). Se trata del cuarto intento de desalojo que, desde el año pasado, sufre esta familia compuesta por dos adultos y cuatro menores de 3, 5, 11 y 14 años.
“Es una buena noticia, porque con este margen de tiempo tenemos otra oportunidad para negociar con la propiedad [Alisenda Inmobiliaria] unas condiciones dignas para la familia”, explicó Carlos Bercial, de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Arganda del Rey. Fue la PAH quien solicitó al juez la anulación del desahucio por falta de alternativa habitacional. Tanto los afectados como la PAH exigen dos medidas: la condonación de la deuda de la familia, que ronda los 20.000 euros, y un acuerdo de alquiler social que no supere el 30% de los ingresos. Los padres están desempleados, su único ingreso es una Renta Mínima de Inserción de 700 euros mensuales y pagan un alquiler de 285 euros.
Además, solicitan a la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid (antiguo Ivima) que les ofrezca una vivienda pública cuanto antes, tras años demandando una que se adapte a una familia numerosa (su vivienda actual es de 50 metros cuadrados).
La familia se sintió aliviada por la nueva prórroga, con reservas. “Ya es nuestro cuarto intento de desahucio, no nos extrañaría que después de estos días no lográsemos avanzar”, señaló Ramón Muñoz, el padre de familia. Él y su mujer, Consuelo López, compraron la casa en 2006 y la rehipotecaron el mismo año y en 2009 cuando tuvieron que hacer una reforma en la vivienda y cuando perdieron sus trabajos. Pasaron 11 meses sin ingresos. En enero de 2017 sufrieron su primer intento de desahucio y, desde entonces, han sufrido otros tres más: en mayo de 2017, en abril de este año y el que estaba programado para hoy.
Este periódico ha intentado contactar con Aliseda Inmobiliaria, empresa responsable de la vivienda, sin éxito. La compañía, que pertenecía al Banco Popular, pasó a formar parte del Banco Santander después de que este adquiriera la entidad madrileña en junio de 2017 por el precio simbólico de un euro. Fuentes relacionadas con la banca explicaron ayer que el Banco Santander no tiene ninguna responsabilidad con respecto a Aliseda, ya que fue vendida al fondo de inversiones estadounidense Blackstone en agosto de 2017. Se trató de una operación en la que Santander vendió a la multinacional americana el 51% de los activos inmobiliarios del Popular por 5.000 millones de euros.
Desde la PAH respondieron: “Si Aliseda pertenece a Blackstone y la demanda ha sido interpuesta por esta inmobiliaria debería ser desestimada, porque ellos no son los responsables reales de las propiedades”, dijo Bercial.
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