Los peajes de las autopistas caducan el 2019 sin una alternativa clara

El tiempo de las autopistas con barreras y peajes se acerca a su fecha de caducidad. En poco más de un año empezarán a vencer las concesiones de algunas de las vías de pago más transitadas de la red, una encrucijada que afecta de lleno a Cataluña, donde se concentra un 20% de los kilómetros de pago que hay en España. Los costes de construcción están más que amortizados, pero sin peajes se abre un escenario de incógnitas sobre la gestión de los gastos de mantenimiento.

En diciembre de 2019 termina la concesión de la autopista AP-7 entre Tarragona y Alicante, un tramo de 370 kilómetros que soporta una intensidad cercana a los 20.000 vehículos diarios. Será solo el preludio de lo que está por llegar porque, en verano de 2021, le tocará el turno a los peajes que hay entre Tarragona y la frontera francesa: 250 kilómetros de autopista con un volumen de tráfico que alcanza picos de entre 60.000 y 70.000 vehículos diarios en aquellos tramos del Baix Llobregat y el Vallès que son más cercanos a la conurbación de Barcelona. Por esas mismas fechas, el peaje de la AP-2, entre El Vendrell y Zaragoza, también llega a su fin. Todas ellas son vías de pago bajo la titularidad del Ministerio de Fomento, pero algunas de las que gestiona la Generalitat tienen idéntica fecha de caducidad. Es el caso de la C-32, en el Maresme, y de la C-33, entre Montmeló y Barcelona.

Un mismo problema, distinta solución. La Generalitat y el Gobierno del PP chocaban a la hora de decidir cómo administrar las vías de peaje una vez queden liberadas de la concesionaria que las ha gestionado durante largos años, básicamente, la compañía Abertis. El gobierno catalán muestra predilección por lo que se conoce como modelo viñeta, es decir, abolir los peajes pero implantar un sistema de pago universal similar al que impera en algunos países del centro y el norte de Europa. Incluso el president Quim Torra, que ha admitido que en su día se saltó un peaje sin pasar por caja para apuntarse al movimiento de protesta No vull pagar, habría mostrado su conformidad con el modelo viñeta, según afirma la Consejería de Territorio. La tasa fija de pago es independiente del uso que se haga de la autopista y de los kilómetros recorridos y Territorio avanza que la tarifa se situaría en una horquilla “de entre 40 y 110 euros”, en consonancia con los precios de los países donde ya se aplica. La Generalitat prevé recaudar 1.000 millones de euros anuales con este sistema. El planteamiento es que sea un modelo homogéneo para toda la red viaria catalana, con independencia de quien sea el titular de cada carretera. “No nos planteamos la coexistencia de dos modelos”, afirman en la consejería. Pese a que no todos los peajes tengan idéntica fecha de caducidad, la consejería de Territorio indica que se trabaja para aplicar la viñeta de manera unitaria a finales de 2019.

Sin embargo, la viñeta no gusta a Fomento. El ministerio ya ha dejado claro que las concesiones no se van a prorrogar. El PSOE también ha insistido en que no procede alargarlas. No hay, pero, un posicionamiento claro sobre qué modelo de gestión implantará el ministerio. “En su momento se verá cuáles son las fórmulas más adecuadas”, señala un portavoz. La libre circulación de vehículos por vías rápidas se presenta como una opción irreal y parece más probable que, ya sea a través de un nuevo concurso o bajo gestión la directa del Estado, se instauren peajes más blandos.

A Abertis el modelo viñeta le genera dudas porque rompe con la regla de “quien contamina paga”. Salvador Alemany, presidente de Abertis hasta hace unos días, había vaticinado que la fórmula que adoptará la administración central se asemejará más a un pago por uso que al pago universal que defiende la viñeta.