Tres meses sin consulado filipino en Barcelona

Docenas de filipinos llamaron la atención de los medios de comunicación el pasado 7 de abril al manifestarse frente al Hotel Silken de Barcelona. Allí les atendían dos funcionarios desplazados desde su embajada en Madrid. Solo dos días al mes, hasta nuevo aviso, estas visitas serán el servicio consular que recibirán los 15.000 filipinos empadronados en Cataluña. El ministerio de Exteriores cerró el pasado enero el consulado de Barcelona tras despedir a Jordi Puig, hasta entonces cónsul honorario. El Gobierno español exigió el cese de Puig por haber difundido imágenes suyas a favor del procés.

Puig explica que la razón de su cese fue una fotografía que colgó en las redes sociales el pasado 3 de octubre, durante el paro general convocado en Cataluña para protestar contra las cargas policiales del 1 de octubre. La embajada emitió un comunicado a principios de abril argumentando que el relevo de Puig está justificado por el artículo 55 de la Convención de Viena sobre relaciones consulares.

Este artículo especifica que los representantes diplomáticos “estarán obligados a no inmiscuirse en los asuntos internos de dicho Estado”. Es el cuarto cónsul en Barcelona cesado por exigencias del Gobierno desde 2016, por razones similares y vinculadas al proceso de independencia: en 2016 fue fulminado el cónsul honorario de Letonia Xavier Vinyals; en 2017 fue despedido el de Bulgaria, el exjugador de fútbol Hristo Stoichkov. El último relevo fue el del cónsul honorario de Finlandia, Albert Ginjaume, en febrero pasado. Su despido fue criticado en una carta suscrita por los 94 cónsules establecidos en Barcelona.

El cierre del consulado de Filipinas ha sido el que ha causado mayor revuelo por los contratiempos que supone para la población de este país residente en Cataluña, una de las más arraigadas en Barcelona. El Instituto Estadístico de Cataluña establece que en Cataluña hay 15.000 filipinos inscritos, aunque representantes de asociaciones locales elevan el número a más de 25.000 —más de la mitad de los que hay en España— si se tienen en cuenta residentes no empadronados o personas de paso como marineros de cruceros. La Comunidad de Madrid tiene 12.000 ciudadanos filipinos empadronados.

Jordi Puig fue cónsul de Filipinas desde 2012. En su residencia —y consulado— hubo hasta el pasado verano cuatro empleados para servicios consulares, dos procedentes de la embajada y otros dos que contrataba él. Su dedicación a Filipinas es por vínculos familiares. Pese a ser un consulado honorario, ofrecía de facto servicios de consulado diplomático. Filipinas tuvo un consulado diplomático en Barcelona, con diez empleados, hasta 2011, subraya Puig.

Exteriores lo despidió

Puig explica que en diciembre recibió la carta de despido, aunque asegura que el ministerio de Exteriores filipino ya tenía la petición formal del Gobierno central desde noviembre. La embajada no respondió a las preguntas de EL PAÍS sobre la previsión de reapertura del consulado. El cónsul general sí que ha informado por escrito a las asociaciones filipinas que el 5 de febrero ya habían propuesto al Ministerio algunos nombres para ocupar el cargo.

El visto bueno, destaca la embajada, no depende únicamente de las autoridades filipinas, también del Ministerio de Exteriores español, que debe dar su “aprobado o aceptación”. La embajada anunció el 2 de abril que el próximo lunes 16 anunciará novedades sobre la cuestión del consulado. Marc Malapitan, presidente de la Asociación Kalayaan Cultural, ha sido la persona que ha capitaneado la presión sobre la embajada para reabrir el consulado. Malapitan no espera nada significativo de este próximo anuncio y avisa que, según con qué representante diplomático habla, estiman que el consulado podría reabrirse en un mes o en dos años.