“¿Por qué dicen que soy mayor?”

Youssouf responde con frases cortas. Este guineano llegó a España hace cuatro meses. Dice que tiene 15 años, pero un Fiscal de menores lo niega. Vino a trabajar, a buscar un futuro mejor que el que dejó en casa de su madre, pero una prueba de edad lo aleja del sistema de protección que la Generalitat prevé para los menores extranjeros no acompañados (MENA). Youssouf no entiende su situación. “No conocen mi historia”, dice. “¿Por qué dicen que soy mayor de edad?”, repite en dos ocasiones. “Nunca mentiría sobre mi edad”. Según su abogado, Albert Parés, el chico llegó con una partida de nacimiento que acredita la edad que dice. El joven entra ahora en un proceso judicial para demostrar su edad, que se puede alargar hasta el año.

Save the Children señala que esta es solo una de las vulneraciones de los derechos que sufren los MENA. Emelie Rivas es responsable de política de infancia de la ONG en Cataluña y explica que, nada más llegar, las autoridades no escuchan a los chicos, no les informan y tampoco se les presta un representante legal. Son derechos, dice, que recoge el Convenio sobre los Derechos del Niño. “No entienden por qué están en Fiscalía y no hablan castellano”, señala.

Desde la ONG trabajan en el diseño de la figura del “asesor”, que acompañaría a los jóvenes desde que llegan a España para seguir su itinerario hasta los 21 años, cuando finalmente logren emanciparse. Youssouf ha encontrado una salida temporal en la Fundación La Vinya que, junto a Cáritas, le ofrecen un piso en L’Hospitalet de Llobregat. Ignasi Escudero es su educador social. A su lado, ayuda a explicar la historia de este chico que estudia castellano por las tardes y quiere hacer un curso de electricidad.

Según los datos de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA), los menores extranjeros vienen de Marruecos, África subsahariana y el Magreb y tienen entre 15 y 17 años cuando llegan solos a Cataluña. En 2016 llegaron 684 menores no acompañados a Cataluña y en 2017 la cifra se disparó con 1.489 llegadas. Cuando se detecta a un posible menor en las calles, se le conduce a la comisaría de los Mossos d’Esquadra. Allí se le pide la documentación, si lleva, y es conducido a un centro de la DGAIA. Días o semanas después se les hace la radiografía para determinar la edad que, según Save the Children y Parés, tienen un margen de error de dos años y “están pensadas para hombres de raza blancaoccidental”. La ONG y este letrado desde la asociación Noves Vies, denuncian que la Fiscalía realiza la prueba de manera “indiscriminada”, aun cuando sus pasaportes señalan que son menores.

Rivas pone el foco en este “asesor” para que también agilice los permisos de residencia y trabajo a los MENA desde el momento que ingresan en los centros. Desde la DGAIA aseguran que el Gobierno hace un uso “muy estricto” de la Ley de Extranjería y no permite que estos permisos se empiecen a tramitar hasta los nueves meses del ingreso. “Con 16 años no pueden trabajar, cuando un chico catalán sí puede”, critica Rivas. Fuentes de la DGAIA explican que hay chicos que cumplen 18 años y al no tener documentación, un NIE, no pueden cobrar las prestaciones que contempla el sistema ante la imposibilidad de abrir una cuenta corriente.

Nuevas plazas para atender a los menores

Desde un céntrico local de Barcelona, Abdoluie Camara muestra sonriente su permiso de residencia temporal. Tiene 19 años y hace unas semanas, el juez le dio la razón y confirmó la validez de su pasaporte que certificaba los 17 años que tenía. La Fundación Cepaim le ha facilitado una habitación y, gracias a ella, ha aprendido castellano y se ha formado en una empresa de pintura.

Desde Save The Children, Rivas describe a este “asesor” como una figura que aglutine las funciones que tienen los directores de centros, la DGAIA y los educadores. El objetivo es que los chicos tengan siempre un acompañante, ya que, según Rivas, llegan a tener hasta cinco educadores diferentes durante su recorrido. Su modelo de referencia es Holanda, donde un trabajador social con formación jurídica decide a qué casa o qué familia (no existen centros).

La DGAIA creó 600 plazas nuevas en 2017 para atender la llegada de estos menores extranjeros. El colapso de la Generalitat se puso en evidencia el noviembre pasado cuando se supo que decenas de menores pasaban hasta cuatro noches en los calabozos de la Ciudad de la Justicia. Fuentes de la DGAIA reconocen que el sistema de protección está organizado para atender a una “veintena de adolescentes” al mes, pero no para “dar cabida a las cifras de los últimos meses”. En enero de este año llegaron, 164 y en febrero, 146.