Las tasas de la Comunidad subieron un 30% entre 2011 y 2015

Los precios públicos (pago de los ciudadanos por servicios que presta la Administración) se incrementaron un 30% entre los años 2011 y 2015, según un reciente informe de la Cámara de Cuentas. La mayor parte de esta importante alza, que produjo unos ingresos adicionales a las arcas públicas de 20 millones en cuatro años, procede del alumnado de formación profesional de grado superior que en 2012 comenzó a pagar matrícula por unos estudios que antes eran gratuitos. De hecho, el Gobierno regional recaudaba por ese concepto 312.890 euros en 2011 y cuatro años después sobrepasaba los nueve millones.

 No fueron los únicos precios que se incrementaron en plena crisis, también subieron los derechos de examen del personal docente (un 243%) o los cursos de acceso a la universidad de mayores de 25 años, casi un 200%. El anuncio de que la formación profesional (FP) de grado superior dejaba de ser gratuita llegó en 2012, con Esperanza Aguirre como presidenta de la Comunidad de Madrid.

Los estudiantes tenían que pagar a partir del curso siguiente hasta 250 euros. Ahora ha subido a 400. Un portavoz de la Consejería de Educación e Investigación explica que, aunque se continúa cobrando, han incorporado como novedad un sistema de becas de segunda oportunidad, que facilitan la reincorporación al sistema educativo, dirigidas al alumnado de FP.

El informe analiza también la evolución de las tasas, tributos por servicios que presta la Administración y a los que no hay alternativa en el sector privado. En cambio, los precios públicos (matrículas universitarias o los pagos por utilizar un polideportivo municipal) se abonan por servicios o actividades que también se pueden realizar en empresas privadas y que se solicitan de forma voluntaria.

Las tasas incrementaron su recaudación en un 16%, explican los auditores públicos. El departamento regional que más tasas gestiona (16) es la Consejería de Presidencia y Justicia. Los ingresos que consigue representan el 65% del montante global recaudado por el Ejecutivo por este concepto. Esto se debe, sobre todo, a la tasa de prevención y extinción de incendios y salvamento, “cuyo montante se incrementó paulatinamente” empujado por el aumento de población y por el incremento de la tarifa.

El Gobierno regional cobra la tasa solo a los Ayuntamientos cuya población oscila entre los 20.000 y 100.00 habitantes. Cuantos más residentes, más alta es la factura que deben pagar los Consistorios. Esa tarifa concentra, a su vez, los mayores impagos a la Comunidad. A 31 de diciembre de 2015, los saldos deudores totales ascendían a 116 millones.

En total eran 28 los municipios deudores con la Consejería de Presidencia por impago de la tasa de incendios. Solo estaba al corriente de pago el de Mejorada del Campo. Entre los que más debían a la Comunidad se encontraban Las Rozas, Collado-Villaba, Parla, Alcobendas, San Sebastián de los Reyes y Aranjuez.

En el apartado de precios públicos, los saldos deudores más importantes se produjeron en el Servicio Madrileño de Salud (Sermas), “con un 17% de impagos por dar asistencia sanitaria”. También hay deuda que ha prescrito; es decir, es irrecuperable, siendo el deudor más importante Instituciones Penitenciarias (Ministerio del Interior) con 5.717.680,01 euros correspondientes a asistencia sanitaria a la población reclusa, especifican los técnicos.

Control interno débil

Los auditores indican que en el periodo analizado “existen debilidades en el control interno”. Han detectado que la Administración, al fijar los precios públicos, “con carácter general” no lleva a cabo un estudio de costes “riguroso y exhaustivo de la actividad o servicio que se retribuye” con esos precios. La única excepción son los precios del Servicio Madrileño de Salud, aunque al mismo tiempo los autores del informe indican que las bases de datos que les han aportado sobre la facturación no eran homogéneas, por lo que no han podido realizar un tratamiento general. Por este motivo se han circunscrito al hospital de La Princesa, al General Universitario Gregorio Marañón y al Centro de Transfusión. Los auditores recomiendan que la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda “curse las oportunas instrucciones” con el fin de “homogeneizar y perfeccionar el contenido de las memorias económicas”.