“Torrent puede cometer delito si no hace caso al Constitucional”

Francesc Pau Vall, acaba de cumplir 65 años y se ha jubilado como letrado del Parlament después de 31 años y 10 meses. Asegura que Cataluña nunca había vivido una situación tan compleja y defiende la labor de los servicios jurídicos de la Cámara, que en los últimos meses han cuestionado las fuerzas independentistas.

Pregunta. ¿Qué le parece la decisión de ayer del Tribunal Constitucional?

Respuesta. La decisión va en la línea de lo que ya dijo el informe del Consejo de Estado. Ahora el procedimiento previsto sigue adelante y hay un Pleno de investidura convocado para el próximo martes. El candidato Carles Puigdemont está en su derecho de concurrir a la investidura, con la salvedad de que si viene a España presumiblemente será detenido y encarcelado preventivamente.

P. El independentismo insiste en que el candidato a la investidura es Puigdemont pero los letrados del Parlament ya dijeron en su informe que ha de estar presente.

R. No es posible investir a Puigdemont si no regresa. La investidura telemática no está prevista en el Reglamento y allí se establece el deber de los diputados de asistir al Pleno. El Presidente de la Cámara puede expulsar a un diputado del hemiciclo, retirarle la palabra y controlar lo que hace cada uno. Si un diputado está en Bruselas no se puede saber qué está haciendo ni quién la asesora. Si Puigdemont puede seguir el pleno desde Bruselas cualquier diputado lo podría también hacer desde su casa. Si se autoriza a uno se debería autorizar a todos. La situación es un poco estrambótica y rara. He estado casi 32 años en el Parlament y nunca había vivido nada igual.

P. Los partidos constitucionalistas criticaban a los independentistas por no hacer caso de los informes de los letrados del Parlament y ahora el Gobierno no ha hecho caso del Consejo de Estado y ha recurrido.

R. Ni unos ni otros informes son vinculantes y en el caso de los informes del Consejo de Estado, son preceptivos. Estos meses se ha producido una situación de acción-reacción, de acusaciones mutuas de no cumplir la ley. El principio fundamental es que todos los poderes públicos están sometidos al derecho y que nadie puede estar por encima del mismo. Pero una y otra parte, depende del caso, obvian lo que establece el Derecho.

P. ¿Qué piensa de los descalificativos que ha hecho el independentismo a los letrados del Parlament?

R.Los letrados no hacen política. Se les pide una opinión jurídica y emiten con imparcialidad su criterio, lo que no quiere decir que tengan la verdad absoluta. Los políticos, legítimamente, hacen caso o no de los letrados, pero no se les puede utilizar ni a favor ni en contra. A veces pueden generarse consecuencias si se desoyen los informes jurídicos, pero es una decisión política sobre la que no tenemos nada que decir.

P. ¿Se ha sentido utilizado alguna vez como letrado?

R. Nunca. Siempre he emitido informes conforme a mi criterio. Hace muchos años, se me pidió uno sobre la admisión a trámite de una proposición no de ley que presentó Iniciativa per Catalunya sobre la Guerra de Irak. La Mesa del Parlament decidió no admitirla, en contra del informe que hice a favor de la admisión. Años después, el Tribunal Constitucional avaló mi informe tras el recurso que presentó ICV. Yo hice mi trabajo y la Mesa tomó una decisión política.