Un triste ejemplo entre los abogados de Madrid

El Colegio de Abogados de Madrid, el mayor colectivo profesional en Europa (77.000 letrados), se convirtió de nuevo en noticia la noche del pasado miércoles. Se celebraban las elecciones para elegir a su nueva junta de gobierno, incluido el decano. La actual mandataria, ya en funciones, Sonia Gumpert, denunció que había sido agredida por el fundador del Instituto Superior de Derecho y Economía (ISDE), Alejandro Pintó.

La decana se presentó con gesto descompuesto, un visible golpe en el pómulo derecho y sin ganas casi de hablar ante los periodistas. Además del supuesto puñetazo, su atacante la amenazó de muerte y le dijo que a partir de ahora, con la victoria del abogado José María Alonso, se iba a enterar.

Fuentes próximas a Pintó negaron de inmediato estas acusaciones y acusaron a Gumpert de haber provocado el altercado ante decenas de personas, al ver cómo su candidato y continuador, Javier Íscar, había perdido las elecciones por unos 500 votos. Llegaron a decir que estaba todo preparado para generar el conflicto.

La situación, de por sí ya lamentable, se repite en unos comicios del colegio madrileño. En 2012 las elecciones terminaron con la intervención de la Policía Nacional, la impugnación de los resultados y acusaciones de que Gumpert había comprado los votos. Todo quedó desestimado por los jueces, pese a la lluvia de denuncias.

La noche se presentaba tensa desde el primer momento, ya que los resultados se anticipaban muy ajustados. Gobernar una institución como el Colegio de Abogados de Madrid supone tener una amplísima influencia en el mundo de la justicia y gestionar un presupuesto de unos 28 millones de euros.

Lo que resulta más reprobable es que personas con una amplísima formación y con una dilatada experiencia legal terminen una noche que debería ser democrática con denuncias cruzadas, insultos y altercados propios de otras épocas. Se trata, en definitiva, de hombres de leyes, cuyo principal motivo profesional es salvaguardar derechos fundamentales, como la presunción de inocencia o contar con una defensa justa. Así al menos viene recogido en el artículo 24 de la Constitución.

Mal ejemplo se está dando al resto de la sociedad y a las futuras generaciones de abogados si la forma de dirimir cualquier diferencia consiste en golpear al contrario, insultarle o provocar un grave incidente. Por ello, una institución con más de 400 años de existencia, con un prestigio que se le supone, como el valor a los soldados, debería tomar medidas urgentes y depurar responsabilidades. Además de personarse en la causa como afectado, no estaría mal que el colegio abriera una investigación y buscase la forma de expulsar de entre sus filas a personas que incumplen la legalidad. Y desde luego, esta no se defiende con el patético espectáculo vivido la noche del pasado miércoles.