El Parlamento aprueba la Ley de Participación Ciudadana

El Parlamento andaluz ha aprobado hoy, con el respaldo de todos los grupos salvo IU, que se ha abstenido, la Ley de Participación Ciudadana de Andalucía, que regulará las consultas populares a nivel local y autonómico y que permitirá proponer políticas públicas en el ámbito regional con 20.000 firmas.

La ley, que ha incorporado aportaciones de los grupos en el trámite parlamentario, regula los cauces de participación de los andaluces en la toma de decisiones que les afecten, entre ellos las consultas a partir de los 16 años, aunque no serán vinculantes.

La norma aprobada fue impulsada por IU en la anterior legislatura, cuando gobernaba en coalición con el PSOE, pero la convocatoria adelantada de elecciones impidió que pudiera tramitarse y el proyecto ha sufrido modificaciones que la federación de izquierdas ha criticado desde el principio.

La consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha subrayado el "trabajo compartido" y ha resaltado que con la ley se garantiza un derecho subjetivo para los andaluces, el de participar en las decisiones de los gobiernos.

Ha opinado que es un día "para celebrar" porque se "profundiza" en la democracia "de la mano de la participación de los andaluces" y ha agradecido las aportaciones de multitud de entidades sociales.

La ley, que tendrá un plazo de un año para entrar en vigor, pretende establecer los cauces necesarios para que la participación ciudadana tenga seguridad jurídica y garantías, tanto a nivel de la administración autonómica como local.

El portavoz del PP, Adolfo Molina, ha apoyado la norma porque considera que un mayor nivel de participación da lugar a más implicación de la ciudadanía, mejora la confianza en las administraciones públicas y tiene un efecto positivo en las políticas que se llevan a cabo.

Además, ha defendido que sirve para canalizar la "pluralidad" e "institucionalizar" las diferentes posturas, aunque entiende que quedará pendiente un sistema de evaluación de políticas públicas para conseguir "un verdadero gobierno abierto" que fortalezca la transparencia y la rendición de cuentas.

Desde Podemos, el diputado Juan Ignacio Moreno Yagüe ha saludado la ley pero ha opinado que es "insuficiente", ya que cree que en su articulado "refleja un cierto miedo a una participación de verdad", ya que se rechazaron las propuestas dirigidas a que hubiera "una participación política, con decisiones de carácter ideológico".

Ha considerado que la evaluación de políticas públicas se regula "de manera escasa y poco efectiva".

La diputada de Ciudadanos Marta Escrivá ha manifestado que esta ley podrá dar lugar "a otra forma de hacer política", implicando más a los ciudadanos en la toma de posiciones y permitiendo que la participación se haga con seguridad jurídica y garantías, aunque ha recordado que será en su desarrollo y aplicación cuando se vea si está "a la altura de sus posibilidades".

La portavoz adjunta de IU, Elena Cortés, ha señalado que esta ley "sigue teniendo miedo a la participación política real y efectiva del pueblo andaluz", lo que ha argumentado en que no se reconoce el derecho a la información, ni se recoge el deber de colaboración de la administración, ni hay canales permanentes de interrelación entre la acción del Gobierno y la ciudadanía, entre otros asuntos.

Sin embargo, ha destacado que en el trámite parlamentario se han "recuperado" algunas cosas del anteproyecto que se aprobó en la anterior legislatura, con un "tímido" avance en la rendición de cuentas, en la perspectiva de género, en medidas de participación infantil y en la reducción de tiempos para su entrada en vigor, aunque ha criticado que el plazo siga siendo de un año.

La socialista Soledad Pérez ha defendido que se incorpora la perspectiva de género, a la infancia, a los jóvenes a partir de 16 años "de forma activa", y que se avanza en rendición de cuentas, por lo que la ley "tiene que traer una nueva administración pública, una casa común, de decisiones compartidas, una nueva casa de cristal".