El SAS se personará como acusación en el caso de la decapitación en el ascensor del hospital de Valme

La consejera de Salud, Marina Álvarez, ha anunciado este miércoles en el Pleno del Parlamento que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha decidido personarse como acusación particular en la causa judicial abierta por el accidente registrado en un ascensor del Hospital de Valme de Sevilla el pasado 20 de agosto, cuando murió una joven de 25 años que era trasladada tras dar a luz a su tercer hijo.

Así lo ha avanzado la consejera en el transcurso de su comparecencia en el Pleno de la Cámara para abordar este accidente, sobre el que, según ha recordado, hay una investigación que "sigue su curso" y hay "un sumario abierto", motivo por el que ha rogado a los grupos parlamentarios "respeto" ante las diligencias abiertas por el Juzgado de Instrucción número 1 de Sevilla.

En su comparecencia, que ha comenzado trasladando sus condolencias a la familia de la joven muerta y avanzando que no iba a "entrar en detalles que puedan herir su sensibilidad, enturbiar la investigación o afectar al proceso judicial abierto", la consejera ha recordado cómo sucedieron los hechos y ha remarcado que el ascensor donde se produjo el accidente había pasado "todos los controles y las revisiones reglamentarias establecidas".

La consejera ha explicado que "en torno a las 14,40 horas del domingo 20 de agosto", la víctima del accidente estaba siendo trasladada en el ascensor número 3 del Hospital de Valme con un celador desde la segunda planta --de reanimación postquirúrgica-- hasta la tercera, de hospitalización.

Dado que el ascensor no funcionaba, "el celador avisó a la centralita del hospital con el fin de que se notificase este hecho al personal técnico de la empresa de mantenimiento" del mismo --Orona--, y "el celador procedió a cambiar a la paciente de ascensor", momento en el que el elevador "se movió bruscamente hacia arriba produciéndose el fatal accidente", según ha relatado la titular de Salud.

Ha detallado que, "en el caso de ascensores de edificios públicos", como los hospitales, la normativa "obliga al titular del ascensor a suscribir un contrato de mantenimiento con una empresa conservadora de ascensores acreditada" --que en el caso del Valme es Orona--, y obliga a dichas compañías a "realizar un mantenimiento preventivo de los ascensores al menos una vez al mes en los hospitales". En el caso de este elevador en cuestión, la última de dichas revisiones se había efectuado el 12 de agosto sin que se detectaran incidencias, según ha informado la consejera.

Ha agregado que la normativa "obliga también a que estos ascensores deben someterse a una revisión periódica por parte de un organismo ajeno al titular" de los mismos, "que certifique que sus condiciones de seguridad se mantienen", y en el caso de los hospitales estas revisiones se efectúan "cada dos años", y la última de ellas, en el caso de este ascensor, se había llevado a cabo "el 15 de mayo con un resultado favorable".

La consejera, que ha explicado que "a día de hoy el ascensor se encuentra clausurado", también ha aclarado que el Hospital de Valme tiene "un protocolo ante denuncias, y no existen denuncias sobre el ascensor accidentado desde su última revisión".

Álvarez ha aseverado que "la responsabilidad del SAS respecto a los ascensores de sus edificios es controlar que las revisiones estén al día", y "todos los ascensores ubicados en los centros sanitarios del servicio público andaluz han pasado la revisión oficial correspondiente en los plazos establecidos".

Igualmente, ha detallado que el SAS "tiene regulado a nivel interno un procedimiento de notificación de riesgo laboral", y el Hospital de Valme tiene "protocolizada la notificación de incidencias". "Según establece el protocolo, la empresa mantenedora tiene la obligación de comunicar al hospital cualquier avería que afecte al funcionamiento normal de un ascensor para que se puedan coordinar las actuaciones necesarias", ha abundado.

La consejera ha subrayado que, "desde el primer momento, el equipo de dirección se puso a disposición de la Policía Judicial para facilitar en todo momento el esclarecimiento de las causas del accidente", y ha estado "a disposición" de la familia de la joven muerta.

La consejera ha valorado la actuación de los profesionales del Valme, especialmente de su equipo directivo y del que estaba de guardia aquel día 20 de agosto, y ha explicado que aquella noche la dirección del citado hospital "pidió a una empresa externa una revisión extraordinaria de los otros ascensores".

Finalmente, ha indicado que desde la dirección del hospital "se está colaborando con la investigación" abierta "con las máximas garantías de neutralidad, objetividad y transparencia", y ha defendido que "somos los primeros interesados en el análisis de las causas" de lo sucedido.

Oposición

En el turno de los grupos, la diputada del PP-A Patricia del Pozo ha señalado que, "con carácter inmediato", la Junta "tiene que responder con una investigación aparte de la judicial en la que la administración diga qué ha pasado en cada momento y quiénes son los responsables directos" de lo sucedido.

Igualmente, ha afirmado que desde la Junta "tienen una responsabilidad directísima" con los familiares de la víctima "en los gastos que tengan que abordar para defender sus derechos", y ha lamentado que en el Gobierno andaluz "no han estado a la altura de las circunstancias" de lo ocurrido. Del Pozo ha animado así a la Junta a hacer "reflexión y autocrítica" y le ha afeado los "brutales recortes que vienen haciendo desde el año 2010" en sanidad.

El diputado del PSOE-A Francisco José Vargas ha defendido que la Consejería y el hospital "están colaborando y aportando toda la información que se les está requiriendo" en el proceso judicial abierto, ha replicado que quien "no ha estado a la altura de las circunstancias" ha sido el PP-A, y ha enfatizado que "no todo no vale en política".

"Debe haber unas líneas rojas por ética y por respeto, y permitir el adecuado trabajo judicial" para que aclare "cuál fue la causa" de este "trágico y desgraciado accidente que nada tiene que ver con los recursos de un hospital", según ha añadido el socialista.

El diputado de Podemos Juan Antonio Gil ha exigido dirimir responsabilidades por estos hechos e investigar todos los extremos, como "cerciorar si la revisión de los ascensores fue la adecuada". Asimismo, ha criticado la externalización de servicios y las repercusiones que puede tener en el servicio que se ofrece al ciudadano, de ahí que haya reclamado a la consejera un informe que justifique la externalización del mantenimiento de los servicios de centros como el de Valme.

Por Cs, la parlamentaria Isabel Albás ha considerado que deben colaborar en la investigación de lo sucedido tanto el SAS como el personal del hospital que estaba presente en el momento de los hechos. Así, ha rechazado judicializar ni sacar conclusiones de los hechos porque "para eso están los juzgados y la familia de Rocío no se lo merece", a la par que ha insistido en que "es de justicia saber qué ha pasado" y que la Junta atienda tanto a los tres hijos de la fallecida como a su familia.

Finalmente, la diputada de IULV-CA Inmaculada Nieto ha comentado que este "trágico y doloroso" accidente es "consecuencia de una serie de decisiones políticas basadas en un criterio economicista" que generan consecuencias "en el mantenimiento de las instalaciones en las que se produce la asistencia sanitaria". En esa línea, se ha referido a los "recortes", a la "externalización de servicios" y al descenso del "personal encargado de mantener las instalaciones sanitarias públicas".

Para cerrar el debate, la consejera ha recordado que el día del accidente estuvo en el hospital y se vio con la familia de la víctima, y ha lamentado que "algunos partidos han aprovechado sin escrúpulos el accidente" para "tratar de ganar un puñado de votos".