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Societat Civil abre un buzón para que los mossos denuncien presiones sobre el referéndum

La entidad contraria a la independencia amplia la denuncia sobre la consulta del 9-N para investigar a los funcionarios

Miembros de Sociedad Civil Catalana anuncian la ampliación de la denuncia del 9-N.
Miembros de Sociedad Civil Catalana anuncian la ampliación de la denuncia del 9-N.

Societat Civil Catalana (SCC) anunció ayer que pondrá en marcha un “buzón anónimo” para que los funcionarios de los Mossos d'Esquadra “puedan denunciar las presiones” que pueda hacer el Gobierno catalán en relación con la organización del referéndum previsto para el 1 de octubre. La entidad contraria a la secesión expresó su “absoluto convencimiento” de que “los 17.000 mossos y los 11.000 miembros de las policías locales no darán cobertura a ningún “acto ilegal”, sino que “denunciarán ante jueces y tribunales cualquier orden improcedente que atente” contra el ordenamiento jurídico.

Tras el relevo de Jordi Jané por Joaquim Forn al frente de la conselleria de Interior y de Albert Batlle por Pere Soler como director de los mossos, la entida denunció la “purga” de los “elementos más moderados y sensatos” para reemplazarlos por “fundamentalistas dispuestos a inmolarse”. La entidad informó que para “evitar el filtro” de los mandos policiales ha puesto a disposición de todos los funcionarios de este cuerpo un buzón anónimo para denunciar posibles “presiones” de sus responsables jerárquicos.

A partir del martes, se activará un correo electrónico, así como un teléfono de atención, para recabar denuncias, también de cualquier ciudadano, que “serán tratadas con absoluto carácter confidencial, hasta que sea comprobada su veracidad" por los servicios jurídicos de la entidad, para ponerlas, si hay indicios de delito, a disposición judicial.

Nuevas diligencias


El colectivo ha presentado ante el Tribunal de Cuentas una ampliación de su denuncia contra el expresidente Artur Mas y tres exconsellers por el pago de la organización del 9N para aclarar el papel de los funcionarios. El Tribunal de Cuentas está intentando determinar su los cuatro políticos ya condenados tienen responsabilidad en el gasto de más de cinco millones de euros que costó la consulta. La Generalitat pidió el archivo porque el desembolso fue “intervenidos y aprobado” por los interventores delegados de los respectivos departamentos. Societat Civil ha sugerido nuevas diligencias al Tribunal. Alex Ramos, vocal de la entidad, aseguró que no quieren señalar a los funcionarios sino que “la responsabilidad debe recaer sobre los que ordenaron los pagos. Queremos saber quién los ordenó y que asuma las consecuencias”.