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La Comunidad cobra 16 millones a OHL por el tren de Navalcarnero

La Consejería de Transportes recupera así parte de la multa de 36 millones que impuso a la empresa por no acabar el encargo en plazo

Obras abandonadas de la compañía OHL en el término municipal de Navalcarnero Ampliar foto
Obras abandonadas de la compañía OHL en el término municipal de Navalcarnero

El Gobierno regional ejecutó la semana pasada el aval de 16 millones de euros a Cemonasa (participada por OHL) por abandonar las obras del tren a Navalcarnero. La Consejería de Transportes recupera así parte de la multa de 36 millones que impuso a la empresa por no acabar el encargo en plazo y que fue recurrida. Si la justicia diera la razón a la mercantil, la Comunidad tendría que devolver el dinero cobrado con intereses. La línea ferroviaria está en el centro de la Operación Lezo, por un supuesto pago de 1,4 millones que habría realizado el exconsejero de OHL Javier López Madrid al expresidente madrileño Ignacio González.

El horizonte para los 14,8 kilómetros de vías de tren con los que se pretendía ampliar la línea de Cercanías de Móstoles a Navalcarnero continúa sin aclararse. Los boquetes de los túneles que se quedaron a medias como testigos del desastre, permanecen en el mismo estado de abandono desde que la concesionaria paró las obras sin avisar en 2010, y los vecinos continúan a la espera de la prometida infraestructura, que cada día parece más lejana.

Mientras, la Comunidad de Madrid y la empresa concesionaria Cercanías Móstoles Navalcarnero (Cemonasa, participada de forma mayoritaria por OHL) mantienen abiertos varios litigios para intentar recuperar en lo posible el dinero y los esfuerzos invertidos. La Consejería de Transportes ha ganado el último pulso de la batalla judicial, y se queda, al menos de momento, con los 16 millones de los avales depositados por Cemonasa como garantía de cumplimiento de contrato.

Las arcas públicas ingresaron el martes de la semana pasada dos transferencias, una por 12,7 millones y otra por 3,2. De esta forma, el Ejecutivo regional cobra casi la mitad de una sanción de 34 millones que impuso el año pasado a la mercantil por dejar las obras a medias. Los trabajos se adjudicaron en 2007 y debía haberse finalizado en 2013, pero la empresa paró en 2010.

El cobro se ha realizado en primera instancia y, debido a que todavía quedan dos frentes judiciales abiertos, la situación puede dar la vuelta de tal forma que el montante retorne a las cuentas de la concesionaria, indican fuentes próximas a OHL. Por una parte, falta por conocerse la sentencia de los tribunales en cuanto al recurso que planteó la empresa contra la millonaria multa que les impuso la consejería. Por otra, todavía está pendiente la resolución de la reclamación administrativa que presentó OHL en junio de 2015 contra la decisión de la Comunidad de no resolver el contrato. Los técnicos del Gobierno de Cifuentes desestimaron las pretensiones de la firma al considerar que no concurría ninguna de las causas que invocaba para romper el contrato.

El aval que ha pagado la mitad de la multa

Adjudicataria de las obras: Cercanías Móstoles Navalcarnero (Cemonasa, participada de forma mayoritaria por OHL) en 2007. La infraestructura debía estar acabada en 2013.

Aval depositado: La concesionaria depositó 16 millones de euros para garantizar la construcción del Cercanías hasta Navalcarnero.

Multa: La Comunidad de Madrid impuso a la adjudicataria una multa de 34 millones de euros el año pasado por incumplimiento del contrato.

Ejecución: La semana pasada el Gobierno regional ejecutó el aval. De esta forma, ha cobrado casi la mitad de la sanción. Recaudar el resto será más complicado debido a que Cemonasa se encuentra en liquidación y la Comunidad es un acreedor más.

OHL considera que la Administración regional forzó la paralización de las obras. Así lo puso de manifiesto en un duro comunicado después de que les sancionaran. Cemonasa explicaba en el documento que la parada de los trabajos se debía a que Móstoles incumplió un convenio en el que se había comprometido a pagar 50 millones de euros, tal como “aparecía en los pliegos de condiciones”, por enterrar las vías a su paso por el municipio. En su opinión, si Móstoles no se hizo cargo de sus obligaciones contractuales, la responsabilidad se trasladaba al Gobierno regional. “Ha habido un incumplimiento culpable de la Comunidad de Madrid”, acusó Cemovasa.

Por este motivo, OHL reclama al Ejecutivo regional 370 millones de euros (320 por la inversión realizada y 50 de daños y perjuicios). La concesionaria se declaró en concurso voluntario de acreedores en mayo de 2016 y ya ha entrado en fase de liquidación. También solicitó al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que la Comunidad no retuviera los 16 millones de avales. Pero los jueces no les dieron la razón. OHL interpuso un recurso a esta sentencia que se encuentra pendiente de resolución.

La Comunidad sabe que tiene complicado cobrar el resto de la multa, ya que es un acreedor más en la lista de Cemovasa. En el caso de no conseguirlo por esa vía, estudiarán reclamar la cantidad directamente a OHL. A pesar de la situación, el consejero de transportes Pedro Rollán se muestra satisfecho por haber logrado ejecutar los millones de los avales.

El liquidador de Cemonasa ya ha presentado un plan en el que prevé la recuperación de los 370 millones que reclama a la Comunidad como el único activo que permitiría el pago a los acreedores, según fuentes de la empresa. El Gobierno regional solicitó en marzo de este año la resolución del contrato por incumplimiento del mismo.

Uno de los grandes fiascos de la época Aguirre

Las obras del tranvía de Navalcarnero deberían haber finalizado en 2011, “en un tiempo récord”, según dijo la presidenta regional Esperanza Aguirre cuando se puso en marcha la tuneladora el 28 de septiembre de 2009. Pero la máquina paró de perforar en 2010, y no solo no se volvió a mover, sino que la adjudicataria la retiró en diciembre de 2016. Casi 10 años después de su adjudicación, el 22 de octubre de 2007, el fallido tranvía de Navalcarnero se ha convertido en uno de los grandes fiascos de aquella época de grandes proyectos.

La empresa que ganó la licitación pública (Cemonasa, con mayoría de capital de OHL) corría con los gastos de la construcción de la infraestructura, mientras que el Gobierno regional se comprometía a ingresar un euro por cada viajero; un peaje a la sombra que se utiliza también en las líneas de metro ligero o en las autopistas. Cenomasa no presentó la oferta de construcción más barata, pero sí la que menos dinero pidió por usuario (el llamado coste de equilibrio): 2,94 euros frente a los 4,45 de la siguiente oferta. El tren volvió a primera plana con la Operación Lezo. El juez detectó que pudo existir una mordida para Ignacio González, expresidente de Comunidad de Madrid.