Una juez investiga al presidente de la Diputación de Alicante por la denuncia de una periodista

Una juez de Dénia acaba de iniciar la investigación contra el alcalde de Calpe y presidente de la Diputación de Alicante, César Sánchez, del PP, por la supuesta utilización de una periodista del gabinete de prensa de la citada localidad para fines partidistas. La titular del juzgado de Instrucción 2 dianense, Lidia Paloma Montaño, ha requerido al ayuntamiento de Calpe para que le informe de las funciones que tenía atribuidas esta empleada interina en el gabinete de prensa municipal, así como las tareas asignadas a dicho departamento en periodo de campaña electoral, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano.

La fiscalía envió a los juzgados dianenses el pasado mes de mayo una denunciaen la que solicitaba que el dirigente popular prestara declaración en calidad de imputado (ahora investigado) por un delito de coacciones y otro de malversación de caudales públicos. Tras conocer la noticia por los medios de comunicación, Sánchez acusó a Compromís de estar detrás de la acusación porque un dirigente de esa formación, según su versión, acompañó a la trabajadora a interponer la denuncia en Fiscalía. El presidente de la Diputación alicantina atribuye la denuncia a una “maniobra" política de la oposición en respuesta al recurso presentado por los servicios jurídicos de la corporación provincial contra el decreto de plurilingüismo del Gobierno valenciano, que ha motivado su suspensión cautelar por el TSJ.

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“Confío plenamente en la Justicia porque en España funciona", dijo entonces Sánchez. Sin embargo, la periodista sostiene que el primer edil de Calpe le presionó para que trabajara en su candidatura a la Alcaldía en las últimas elecciones municipales. Según su testimonio, llegó a sugerirle que podría perder su empleo en caso de que no accediese a colaborar con su jefa de campaña, Paula Meseguer. “Tienes que pensar en su hijo", le espetó, tal y como relata el escrito de la fiscalía que recoge la versión de la interina.

La trabajadora sucumbió a las pretensiones de Sánchez "bajo la amenaza de perder" su trabajo, "en ningún caso de forma voluntaria", de acuerdo con su testimonio. Por ese motivo acabó reuniéndose con Meseguer, ahora un alto cargo del Patronato Provincial de Turismo Costa Blanca, en el ayuntamiento para "preparar los discursos del candidato, redactar el programa de la lista, boicot mediático a otros partidos, etc".

Para la denunciante, el primer edil "dispuso ilícitamente" de su trabajo y "ejerció un abuso para hacer campaña electoral, sacando provecho personal de una institución pública". La periodista aportó junto a su denuncia en la fiscalía varias pruebas testificales y algunos correos electrónicos. Días después, el ministerio público remitió el caso a los juzgados al entender que había suficientes indicios de delito para interrogar al alcalde como investigado por los delitos de coacciones y malversación.

El dirigente popular resultó reelegido para gobernar Calpe en minoría, con nueve ediles, tras la última cita electoral, en mayo de 2015. Sánchez también se hizo con posterioridad con la presidencia de la Diputación de Alicante, donde cuenta con el respaldo de un diputado provincial, Fernando Sepulcre, declarado tránsfuga por Ciudadanos.

La oposición, PSPV-PSOE y Compromís, le ha exigido reiteradamente que dé explicaciones sobre las acusaciones que pesan sobre él para "no dañar más" la imagen de Calpe y de la propia corporación provincial, pues consideran insuficientes las que ha proporcionado hasta ahora. Por su parte, el grupo municipal socialista de Calpe anunció en su día que estaba estudiando personarse en la causa abierta en los juzgados como acusación particular. Sin embargo, esa investigación acaba de dar sus primeros pasos. Sánchez no ha sido aún citado a declarar como imputado, como pide la fiscalía en su denuncia, y la magistrada únicamente ha requerido por ahora información al consistorio sobre el gabinete de prensa y el trabajo de la denunciante.