La inestabilidad política amenaza el despliegue de la renta garantizada

El 15 de septiembre es la fecha marcada por la Generalitat para poner en marcha la renta garantizada de ciudadanía. Ese día los actuales receptores de la renta mínima de inserción y unas 7.400 familias monoparentales empezarán a recibir la ayuda de 564 euros mensuales. Todos los partidos dan por descontado que el Parlament aprobará la ley. Sin embargo la posibilidad de un adelanto electoral a otoño si fracasa la opción del referéndum amenaza con relentizar el despliegue de la prestación. No basta con aprobar la norma: también tiene que redactarse el reglamento y reforzar la estructura administrativa.

La tramitación de la renta garantizada de ciudadanía, surgida de una Iniciativa Legislativa Popular, ya ha sido víctima de otros adelantos electorales que interrumpieron su tramitación. Las autonómicas de 2015 dejaron en la cuneta las negociaciones entre los partidos en las que, por cierto, ERC y la vieja Convergència sostenían posiciones opuestas. En la actual legislatura ha sido la presión de la Comisión Promotora, que esta tarde debatirá la última propuesta enviada por el Departamento de Trabajo y Asuntos Sociales, la que ha acelerado la tramitación.

“El calendario no permite dormirse”, alerta Llorenç Serrano, responsable de Protecció Social de CC OO. El preacuerdo, que se firmará el lunes, será llevado con posterioridad a la ponencia parlamentaria y de ahí pasará a la Comisión de Trabajo. Si bien la gran mayoría de los partidos está de acuerdo —salvo el PP, que cree que la compatibilidad de la ayuda con ingresos derivados del trabajo es nocivo— no se descarta que haya algunas enmiendas. “No es la renta garantizada que nos gustaría, pero es el fruto de un acuerdo amplio”, acepta el diputado socialista Raúl Moreno.

De la comisión pasaría a votatarse en el pleno de la Cámara catalana y las fuerzas políticas creen que eso sucederá en julio, en el último pleno antes de las vacaciones. Pero con el verano de por medio, el Govern tendría que correr para tener listo el reglamento de la nueva ley y adaptar el mecanismo para atender a las familias monoparentales y otras personas que actualmente están fuera del sistema y tienen derecho a la ayuda. La prestación dará acceso a 550 euros al mes y en 2020 alcanzará los 955 euros para una familia de dos miembros.

Pase lo que pase en septiembre, será necesario un Gobierno fuerte para que tire adelante otras reformas para hacer la ayuda efectiva. El SOC será la puerta de acceso a la ayuda y los sindicatos y la oposición siempre han criticado la saturación de estas oficinas y la falta de personal. Las entidades sociales aseguran que la Generalitat ya trabaja en el despliegue pero desconocen los detalles. “Aún no hemos visto la memoria económica del programa”, critica Moreno. El Presupuesto de la Generalitat incluye 220 millones de euros para la ayuda (con esto se cubrirían cinco meses). Para el próximo ejercicio serían unos 440 millones.

Ayer varios miembros del Gobierno, especialmente de ERC, insistieron en su compromiso con la ayuda. De cara a un adelanto electoral, tener la renta garantizada aprobada es la obra de gobierno que cualquier candidatura querría exhibir.

Para Teresa Crespo, presidenta de Entidades Catalanas de Acción Social, tener la ley en vigor es todo un triunfo. Sin embargo, echa de menos acometer otra reivindicación histórica: una revisión a fondo del sistema de protección social catalán, que permita compactar o actualizar las ayudas. Tener la renta garantizada, espera, podrá dinamizar este otro paso.