Hacienda exige 8,3 millones del IVA de la inacabada Ciudad de la Justicia
La deuda procede de la transmisión en 2015 del patrimonio de la empresa a la nueva sociedad constituida cuando fracasó la original
La Ciudad de la Justicia, parada desde hace años, continúa siendo un saco sin fondo para los madrileños. Hacienda reclama ahora 8,3 millones de euros al Gobierno regional del IVA que no se abonó en 2015 por la transmisión del edificio del Instituto de Medicina legal, el único construido de los 15 previstos, y de las infraestructuras subterráneas. La cifra incluye intereses de demora por 665.000 euros.
El Gobierno regional debe al Estado 8,3 millones por el IVA no abonado en la transmisión del patrimonio de la sociedad Campus de la Justicia, que se liquidó en 2015 y se sustituyó por otra llamada Ciudad de la Justicia. Esta última se creó para afrontar un proyecto más modesto después del fracaso del original.
El único patrimonio que atesoraba y atesora la sociedad es el Instituto de Medicina legal (conocido como donut por su aspecto exterior) y una galería subterránea de 1.300 metros de longitud de conexión entre los diferentes inmuebles. El resto del complejo nunca se construyó.
Hacienda ha valorado el Instituto de Medicina Legal en 17.799.000 euros, que implica el pago de 3,7 millones de euros de IVA. En cuanto al túnel, se ha tasado en 19 millones, con un IVA de 4 millones.
A estos 7,6 millones hay que añadir unos intereses de demora de 665.000 euros y una sanción tributaria de 12.400, debido a que la Comunidad no solo no pagó el IVA sino que consideró que tenía derecho a una devolución de cuotas indebida en 2014. Fue en ese momento cuando Hacienda revisó toda la operación. El portavoz del Gobierno Ángel Garrido anunció ayer que la deuda se va a zanjar.
Este es el último episodio, de momento, de un proyecto que nació como Campus de la Justicia con el objetivo de reunir en un solo lugar las 19 sedes judiciales madrileñas ahora dispersas. El complejo, que incluía 15 edificios de los más prestigiosos arquitectos, se paró en 2010.
Las numerosas vicisitudes en las que se han visto inmersas las obras, provocaron que el Gobierno de Ignacio González (encarcelado por la Operación Lezo) lo convirtiera en uno más modesto, sin edificios singulares, y de gestión privada. Esa versión low cost pasó a llamarse Ciudad de la Justicia. A principios de 2015, González inicia el concurso para adjudicar el nuevo proyecto. La concesionaria se encargaría de pagar la construcción y el mantenimiento a cambio de un canon anual de 45 millones. La oferta mejor fue la de Acciona y OHL. Pero González dejó la presidencia cuando entró Cifuentes sin firmar la adjudicación.
El nuevo Gobierno regional frenó el plan heredado del equipo de González y suspendió el proceso, porque alguna de las empresas implicadas en el primer proyecto (Corsan-Corviam) habían denunciado que las obras ya se le habían encargado a ellas. Acciona-OHL denunció el parón impuesto por Cifuentes al Tribunal de la Contratación Pública que les dio la razón. La Comunidad de Madrid, a su vez, recurrió esta decisión. De momento, el embrollo judicial y las obras continúan varadas en ese punto.
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