Sobre el espacio madrileño de Educación Superior

En próximas fechas intuyo un intenso debate público sobre la iniciativa del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid para aprobar en la Asamblea una Ley sobre el Espacio Madrileño de Educación Superior. Será un debate interesante para todos aquellos que sentimos con pasión la vocación universitaria, pero sobre todo, será un debate que podría decidir las líneas maestras y el futuro de la educación superior en nuestra comunidad autónoma para consolidarla como referencia nacional o, por el contrario, para seguir diluyendo nuestra potencia universitaria en un maremágnum burocrático de creciente insostenibilidad.

La iniciativa, que parte de la Consejería de Educación y muy particularmente de la Dirección General de Universidades, ha sido cuestionada desde su origen, en parte por razones de fondo de los distintos actores involucrados, en parte por la peculiar forma en la que viene siendo presentada y tramitada en las distintas fases de su configuración.

Bajo una aparente voluntad de consenso, distintos papeles e ideas han sido circulados por las universidades, los consejos sociales y demás órganos consultivos o de gobierno del sistema. Sin embargo, a cada paso dado, a cada sugerencia recibida, ha seguido un silencio por parte de sus impulsores cuando no una sofisticación de la línea inicial plasmada en forma de nueva propuesta legislativa. Escasos son los aportes admitidos sobre la idea original y muy llamativo el empeño precipitado en acelerar los tiempos de reflexión chocando con la realidad, siempre tozuda, y que por ejemplo en el caso de la gobernanza propia de las universidades públicas, impide materialmente a estas pronunciarse en los plazos deseados por el Gobierno autonómico, cuanto más en el sentido que quisieran.

Las universidades privadas madrileñas hemos respondido con prontitud al reto participando activamente en la información previa, en el Consejo Universitario y a través de los medios a nuestro alcance. Hay consenso entre nosotros en que el borrador de texto legislativo más parece un reglamento por su nivel de detalle y recreación en cuestiones operativas; un reglamento que parece concebido para cercenar la autonomía universitaria con un intervencionismo propio de épocas pasadas y una propuesta que establece nuevas barreras de entrada incompatibles con la unidad de mercado. Entendemos que el enfoque dado supone una oportunidad perdida para Madrid y que una norma, sin duda oportuna y hasta necesaria, va a servir precisamente para lo contrario de lo que se supone la justifica.

Todavía hoy permanecen las incertidumbres sobre el futuro de esta importante novedad legislativa. La posición de las privadas, con severas objeciones, ya está consensuada y los sindicatos UGT y CC.OO. han hecho público su rechazo al anteproyecto; no me consta respuesta formal de las universidades públicas y aún queda el pronunciamiento previo de varias direcciones generales afectadas y, sobre todo, de las secretarías técnicas de las distintas consejerías. Lo que sabemos con certeza es que la reunión del Consejo Universitario que tratará la cuestión ya se ha aplazado respecto del cronograma inicialmente previsto y que la comisión de estudio constituida no tiene ni siquiera calendario.

Ojalá, por el bien del sistema madrileño, que la iniciativa se corrija y reoriente sin necesidad de conflicto judicial o protestas en nuestras calles. Lo contrario será una nueva ocasión perdida por Madrid para ocupar el lugar que por derecho le corresponde en el panorama educativo español. Y es que la copia literal de algunas otras legislaciones autonómicas que se propone no parece ser el mejor camino para labrarse un futuro prometedor. Y no sólo porque las copias suelen ser peores que los originales, sino, fundamentalmente, porque lo que se echa en falta en Madrid es verdadera innovación, auténtico liderazgo, compromiso real con el consenso; en definitiva, ambiciosa voluntad de querer ser el referente educativo nacional y uno de los polos de atracción internacional más importante de Europa. Sólo lo lograremos mirando al futuro con ilusión y sin prejuicios, nunca acogiendo por vía de ley los añorados tiempos pasados de intervencionismo y burocracia.

Juan Cayón es rector de la Universidad Antonio de Nebrija.