La ANC apuesta por la secesión unilateral si el Estado impide el referéndum o suspende la autonomía

La Asamblea Nacional Catalana, la entidad que ha convocado las multitudinarias manifestaciones en las Diadas, ha modificado su propuesta de hoja de ruta para este 2017 y ha anunciado que organizará movilizaciones para que el Parlament apruebe la Ley de Transitoriedad Jurídica y proclame la independencia en el supuesto de que el Estado vete el referéndum o suspenda la autonomía. La asociación apostó firmemente el año pasado por la celebración de la consulta para culminar el proceso secesionista y ahora ha dado pasos adelante tras la sentencia sobre el 9-N y las múltiples causas judiciales abiertas contras dirigentes del Parlament.

El documento será elevado ahora a la asamblea de la ANC para que sea ratificado el 29 de abril en Sabadell. El secretariado del colectivo, que dirige la entidad, basa su texto en dos principios: celebrar el referéndum, aunque haya inhabilitaciones, y "reservarse" la posibilidad de una declaración de independencia en el supuesto de que el Estado lo impidiera "con un uso desproporcionado de la fuerza coercitiva". El colectivo entiende que debe de actuar en tres patas si se produce la actuación "coercitiva" del Estado: la movilización, la proclamación de la independencia y la convocatoria de la Asamblea de Cargos Electos.

La propuesta plantea tres escenarios posibles. El primero, que se apruebe la Ley de Transitoriedad y se celebre el referéndum para iniciar la ruptura con el Estado. "Sólo podría frenarse (la independencia) con el no de una mayoría democrática del pueblo de Cataluña", dice el documento. El segundo escenario da respuesta a la posibilidad de que haya una injerencia por parte del Estado antes de que se apruebe la ley de desconexión y se convoque la consulta. "Ante la imposibilidad física de hacer el referéndum y o ante la supresión, inhabilitación o intervención de las instituciones catalanas, la ANC organizará las movilizaciones necesarias para que el Parlament, como depositario de la soberanía de pueblo catalán, apruebe la ley y proclame la independencia".

Este segundo escenario implicaría la activación de la Asamblea de cargos electos de Cataluña, que actuaría como sustituto del Parlament en el caso de que este fuera inhabilitado. La Asamblea de Municipios Independentistas (AMI) auspicia ese instrumento, inspirado en el que se creó en el proceso secesionista de Kosovo, que agruparía a todos los cargos públicos favorables a la secesión.  Neus LLoveras, presidenta de la AMI, declaró hace un mes a este diario que la AMI estaba elaborando el registro de cargos electos, que serían convocados en el caso, explicó, de que se interrumpan las vías para celebrar el referéndum. Según Lloveras, 3.000 o 4.000 cargos electos de los que hay en Cataluña podrían figurar en el registro.

La tercera hipótesis dibuja qué ocurriría si el Estado interviene después de aprobar la Ley de Transitoriedad e impide a través de medidas "coercitivas" el ejercicio del derecho a voto. En ese caso, la ANC avisa de que solo considerará vigente la nueva legislación catalana y que se alineará con las instituciones catalanas promoviendo de forma "activa, decidida y pacífica el ejercicio de soberanía".