La Generalitat recorta en cuidadores familiares para concertar residencias

El aumento en el gasto social de los Presupuestos que negocian 'in extremis' el 'Govern' y la CUP incluye un cambio de paradigma en la atención a la dependencia, que ahora priorizará la concertación de residencias. La consejera de Trabajo y Asuntos Sociales, Dolors Bassa, anunció hace dos meses que sufragaría 900 plazas privadas y las cuentas confirman su promesa. Pero las residencias se financiarán, entre otras cosas, con una reducción de 46 millones de euros en las partidas para las personas que cuidan de sus familiares y las ayudas para pagar un geriátrico privado a la espera de uno público.

A diciembre de este año, las últimas cifras disponibles, había 145.965 beneficiarios de prestaciones y servicios relacionados con la dependencia en Cataluña. Más de 83.000 personas tienen la prestación de cuidador no profesional, es decir, un familiar que conviva en el mismo domicilio que el beneficiario y le atiende. Trabajo y Asuntos Sociales plantea una disminución del 11% en esta partida, que pasa de 256 a 229 millones justificando que “es una prestación cada vez menos solicitada”. Entre 2015 y 2016 se han reducido en un 4% los perceptores de esta ayuda.

La Generalitat achaca al Gobierno del PP lo que considera el fracaso de esta prestación, puesro que una norma estatal hizo que las cuidadoras no puedan cotizar a la Seguridad Social. Desde 2012, el Estado fijó una congelación de 24 meses en el pago de esta ayuda una vez fuera concedida. Cataluña, sin embargo, redujo este plazo en seis meses.

Está por verse el impacto del recorte en el trabajo de los empleados sociales municipales, que son los que determinan el tipo de ayuda necesario para cada dependiente a través del Programa Individual de Atención. A pesar del recorte, insisten desde la consejería, si se prescribe la prestación se otorgará.

Algo similar ocurre con las Prestaciones Económicas Vinculadas (PEV), la ayuda para pagar un geriátrico privado a la espera de uno público. En 2013, la Generalitat las suprimió a pesar de ser un derecho subjetivo. Las reactivó año y medio después pero de manera muy limitada, gracias al pacto presupuestario entre ERC y CiU. Tan solo dos años después de este acuerdo, reclamado por el sector de las residencias privadas, se reduce en una quinta parte la partida con respecto a los anteriores Presupuestos, casi 18 millones de euros menos (se prevén 61 millones).

Bassa defiende el recorte como un cambio en la orientación del programa, a través de la concertación de plazas privadas. “Queremos concentrar el esfuerzo en reducir las listas de espera”, dijo. En noviembre, la propia consejera explicó que había una lista de espera de más de 24.200 personas en Cataluña. La CUP, en teoría, rechaza este modelo. “Tenemos unos niveles de concertación y unos niveles de delegación de gestión a privados que es inaudito”, aseguró la diputada de la CUP Gabriela Sierra en el Parlament para después dar su sí a las cuentas del departamento de Bassa.

El sector de las residencias siempre había reivindicado una mayor concertación para dar salida a las 8.000 plazas que actualmente tiene vacías. Desde el departamento calculan que el coste de cada una de estas plazas es de 1.700 euros, de los cuales 1.100 los paga la Administración.

Más de la mitad de los 2.872 millones de euros que tendrá asignado Trabajo y Asuntos Sociales si las cuentas superan el trámite parlamentario está destinada a sufragar las prestaciones a las que tienen derecho los dependientes. La Generalitat aporta el 80% del dinero que cuesta la aplicación de la ley, mientras que el Gobierno central solo entrega el 20%. Bassa también ha tenido que destinar 34 millones de euros adicionales este año para hacer frente a las prestaciones de los más de 50.000 dependientes de Grado I, el más leve, que han entrado en el sistema.