Sí que Es Pot se desmarca de la ley del referéndum de Puigdemont

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Catalunya Sí que Es Pot comparte la idea de celebrar un referéndum efectivo, pero se mantendrá al margen de la ley de transitoriedad pactada por Junts pel Sí y la CUP sobre la que la Generalitat quiere convocar una consulta, unilateral si el Gobierno central mantiene su negativa a pactarla. “En el Parlamento estamos para debatir, pero esta supuesta ley se basa en el principio de desconexión que no compartimos y que historiográficamente no tiene precedentes”, explica el portavoz adjunto del grupo Albano Dante Fachin.

Junts pel Sí y la CUP anunciaron días después de la reunión de entidades y partidos prorreferéndum del 23 de diciembre, en la que participó la líder de Barcelona en Comú, Ada Colau, que habían alcanzado un acuerdo de la ley de transitoriedad. No han explicado su contenido más allá de que el articulado concibe a Cataluña como “una república de derecho, democrática y social” y que esa ley garantizará “la máxima seguridad jurídica en la transición a la república una vez ganado el referéndum por la independencia”.

Catalunya Sí que Es Pot, la referencia en la Cámara catalana del futuro partido político de los comunes que están creando Barcelona en Comú, Iniciativa per Catalunya y Podem, demanda explicaciones sobre ella. Pero, de partida, considera que se trata de una declaración de independencia, ya que “deja un marco legal para entrar en otro”, según señala Fachin. En ese nuevo marco, el Parlament y la Generalitat podrían convocar el referéndum. La paradoja es que, si venciera el no, se regresaría al ordenamiento jurídico español.

Sí que Es Pot, como también ha reiterado En Comú Podem, es partidario de respetar el marco vigente actual y avanzar en ese sentido para lograr el referéndum de una forma negociada, con una reforma constitucional o bien garantizándose la legitimación internacional de la consulta. De ahí que sus líderes —y la alcaldesa Colau en la reunión del 23 de diciembre— destacaran la importancia de anteponer la efectividad de la independencia a la fecha, fijada para septiembre de este año por Puigdemont.

Pese a que el grupo de izquierdas se ha situado en el bando de los partidarios de la consulta e, incluso, ha aprobado junto a Junts pel Sí una resolución en la que se instaba a celebrarla —siempre y cuando se buscara antes el apoyo internacional—, la confluencia de izquierdas catalana tiene la misma información que el resto de partidos sobre la ley de transitoriedad. “No hemos recibido nada y no me consta que nos hayan invitado a participar en su elaboración”, afirma Fachin, quien insiste en que “el Gobierno catalán tiene que explicar en qué consiste la desconexión” y que, de momento, esa ley es solo “una declaración de intenciones”.

Para el bloque independentista que forman los 72 diputados de Junts pel Sí y la CUP en el Parlamento catalán esa ley es el secreto mejor guardado. Tratan de evitar que el Tribunal Constitucional la suspenda antes de su propia aplicación, si bien este ya ha anulado resoluciones sobre el referéndum y la propia creación de las ponencias parlamentarias encargadas de las tres leyes de desconexión. Además de la que marcará la supuesta desconexión de la legalidad española para poder convocar la consulta, están en ciernes las que desarrollarán la Hacienda catalana y la Agencia de Protección Social (una suerte de Seguridad Social de la república catalana). Los textos de esas dos ponencias, que ya han pasado a comisión para convertirlas en ley, se limitan a ordenar las competencias autonómicas para evitar su suspensión automática.

Desafío “de una sola vez”

El sigilo con el que se preparan esos textos, controlados desde la Generalitat por el exvicepresidente del Constitucional Carles Viver Pi-Sunyer, ahora director del Instituto de Estudios del Autogobierno, y el politólogo Josep Maria Reniu, director de la Oficina para la Mejora de las Instituciones de Autogobierno, contrasta con el ruido generado por Junts pel Sí y la CUP con algunas resoluciones en el Parlament sobre la independencia, la mayor parte de ellas denunciadas desde La Moncloa y suspendidas por el tribunal de garantías.

De esos desafíos públicos surge la acusación por desobediencia y prevaricación que pesa sobre la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, por autorizar un debate en la Cámara sobre las conclusiones del proceso constituyente cuando el Constitucional le había advertido de las consecuencias en las que incurriría.

El secreto con el que se elabora la ley respeta las recomendaciones llegadas desde la Generalitat. Viver Pi-Suñer marcó el camino a seguir en un acto político de la entonces Convergència en la campaña de las generales de diciembre. “La desobediencia se ha de hacer de una sola vez y de forma total”, dijo, asegurando que, de otra forma, sería un “suicidio” para el proceso independentista. Su aprobación se realizará con una mayoría simple del Parlamento catalán, 68 de 135 diputados, mientras que la aprobación del Estatuto requirió de dos tercios de los votos de la Cámara.