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Fiscalía pide una sanción de 1.680 euros por amenazar a David Fernàndez

Benet Salellas, abogado del exdiputado de la CUP, lamenta la falta de herramientas jurídicas para luchar contra los delitos de odio

Josep Catà
El exdiputado de la CUP David Fernández, en una imagen de archivo.
El exdiputado de la CUP David Fernández, en una imagen de archivo.Albert Garcia

El exdiputado de la CUP David Fernàndez ha vuelto a ver este martes en el juzgado a Miguel V., un joven vinculado a círculos de la extrema derecha que presuntamente le abordó por la calle en abril y le amenazó de "reventarlo de una paliza". La Fiscalía contra los Delitos de Odio pide una condena por amenazas con el agravante de motivación ideológica. El abogado de Fernàndez, Benet Salellas, que también es diputado de la CUP en el Parlament, coincide con la fiscal en la petición de una multa de 1.080 euros al denunciado, a razón de 12 euros diarios durante tres meses, y una indemnización de 600 euros. Salellas ha lamentado que "no hay herramientas para la lucha contra los delitos de odio", y ha pedido además una orden de alejamiento.

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David Fernàndez ha declarado como denunciante en el juzgado de instrucción 17 de Barcelona, respaldado por diputados de la CUP y personalidades del independentismo. Según su versión de los hechos, el pasado 18 de abril volvía a su casa por el Paseo de Sant Joan cuando el acusado le cerró el paso. Identificándose a sí mismo como "fascista", le recriminó el mensaje de "antifascista" que llevaba el exdiputado en la camiseta, y le amenazó con "reventarlo de una paliza". En su declaración, Fernàndez ha explicado que el acusado le dijo "lo tuyo es de cuenta atrás, no lo hago ahora porque eres diputado".

Fernàndez, que volvía de un acto de homenaje a Guillem Agulló, el militante de izquierdas asesinado por la extrema derecha en 1993, asegura que tras ese primer encuentro, el denunciado le siguió por la calle y le amenazó en dos ocasiones más. Después de comunicarse con un vecino, que también ha declarado como testigo en el juzgado, Fernàndez se refugió en una tienda, desde la que fotografió al denunciado. Los Mossos d'Esquadra fueron capaces de identificar al joven a partir de las fotografías aportadas por Fernàndez y de las imágenes captadas por las cámaras de seguridad de un supermercado. La identificación del acusado, vinculado al ya desaparecido Casal Tramuntana y a los ultras del RCD Espanyol, fue cotejada con las bases de datos que la brigada de información de la policía catalana tiene sobre simpatizantes ultras.

El abogado del acusado ha basado su defensa en la inexistencia de prueba de carga, y ha considerado que "se trata de una palabra contra la otra". También ha considerado insuficiente la aportación del testigo, el vecino de Fernàndez, ya que en su declaración ha admitido que no escuchó amenazas concretas. En su declaración como acusado, Miguel V. ha negado rotundamente las amenazas y ha dado una versión de los hechos opuesta a lo que había contado previamente Fernàndez. Según el acusado, el incidente fue "un encontronazo fortuito" con el exdiputado, al que recriminó el mensaje de la camiseta y que se hubiese reunido recientemente con el líder abertzale Arnaldo Otegi. El denunciado ha asegurado que fue Fernàndez quien lo siguió por la calle mientras lo grababa con el móvil, y que él solo intentaba evitarlo mientras se dirigía a un domicilio cercano al del exdiputado para dar una clase particular de matemáticas.

El acusado, que se ha definido como "español y no independentista", ha pedido disculpas por si en algún momento causó temor al exdiputado. "Soy totalmente opuesto a la ideología de David Fernàndez, español y no independentista. Pero yo no odio a nadie", ha asegurado Miguel V. La Fiscalía ha considerado probado que hay "animadversión ideológica" y ha sostenido que la versión del denunciado "no es verosímil". La defensa ha lamentado que en el juicio se haya generado "una atmósfera de mucha carga ideológica" y ha considerado que la actuación del acusado está amparada en la libertad de expresión, y que los reproches a un personaje público "deben ser aceptados".

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Sobre la firma

Josep Catà
Es redactor de Economía en EL PAÍS. Cubre información sobre empresas, relaciones laborales y desigualdades. Ha desarrollado su carrera en la redacción de Barcelona. Licenciado en Filología por la Universidad de Barcelona y Máster de Periodismo UAM - El País.

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