Los pisos fantasma del exconcejal Bonifacio

A la pareja de enamorados, con boda a la vista y en busca de su primer nidito, les sacó más de 17.500 euros. Al matrimonio que quería comprarle una vivienda a sus dos hijas, más de 12.000. Al joven que ansiaba la independencia tras años en casa de sus padres, otros 23.000. Y así, suma y sigue. Hasta amasar 150.000 euros. Porque Bonifacio Rodríguez, un exconcejal del PP de Colmenar Viejo y trabajador de la empresa pública Arpegio, dedicó casi dos años a convencer a conocidos de que él les conseguiría, gracias a sus contactos, un piso en el barrio de Las Tablas (Madrid), donde la Comunidad de Madrid estaba construyendo. Y esos inmuebles existían. Pero el procesado, al que acaban de condenar a cinco años de prisión por estafa, nada podía hacer para adjudicárselos. Su único objetivo era quedarse con las cuotas que los timados le entregaban para afrontar los supuestos pagos a la promotora. Diez personas cayeron en su trampa. 

"Se aprovechaba de la reputación derivada de la labor que había desempeñado en el pasado", subraya la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, que detalla toda la trama urdida por Rodríguez para engañar a los afectados entre 2012 y 2013. Para ganarse su confianza, no solo utilizaba su bagaje político —fue, en los noventa, el edil responsable de las áreas de Policía, Protección Civil y Transportes—. Sino que, también, les iba entregando documentación con las supuestas condiciones de pago y las características de la vivienda. Les daba planos de los inmuebles. E, incluso, los acompañaba hasta el edificio donde se encontraban las casas y visitaban el piso piloto. Eso sí, advertía a los estafados que, durante el recorrido, no comentasen nada de que iban a ser "adjudicatarios de uno de los pisos".

Superada esa primera fase, Rodríguez convencía entonces a los estafados para que le pagaran en metálico las cuotas. Les decía que, después, las descontarían del precio final. Además, para tranquilizarlos, les daba recibís "falsos" elaborados con una fotocopia con el membrete de la Comunidad.

Toda una estratagema con la que consiguió que los diez afectados se fiasen. "Máxime, cuando todos ellos conocían al acusado con anterioridad o tenían referencias directas a través de un familiar o amigo", remarcan los jueces en su sentencia, donde resaltan cómo el exconcejal afianzaba su cuartada al relatar que trabajaba en ese momento en Arpegio, la empresa pública autonómica dedicada a la gestión de suelo y urbanismo. Aunque allí lo habían contratado como vigilante de obras y "en la práctica" ejercía de ordenanza.