El calvario judicial de Rita Barberá

Más información

Rita Barberá muere de un infarto en un hotel de Madrid

Un exedil de Barberá: “El PP valenciano tiene mucho dinero negro de corrupciones”

El arrepentido de Taula confiesa más amaños en la etapa de Rita Barberá

Alfonso Grau, imputado por la financiación del PP de Valencia

La exalcaldesa de Valencia Rita Barberá, fallecida este miércoles en Madrid, esquivó los escándalos judiciales que acabaron uno detrás de otro con todos los grandes dirigentes del PP valenciano. Un partido que dominó la Comunidad Valenciana durante más de dos décadas con un apoyo popular abrumador gracias, en buena medida, a su tirón personal.

La acción de la justicia alcanzó finalmente a Barberá con el caso Taula, una macrocausa de corrupción que, para los investigadores, puso de manifiesto lo que muchos sumarios abiertos desde Castellón a Alicante habían dibujado: el cobro sistemático de comisiones a cambio de adjudicaciones extendido en las Administraciones valencianas a escala local, provincial y autonómica.

Barberá reivindicó su inocencia, la última vez este lunes en su declaración como imputada ante el Tribunal Supremo. Los letrados de la defensa de Taula, incluido el suyo, creían que las pruebas contra la exalcaldesa eran insuficientes para llevarla al banquillo de los acusados, y mucho menos para condenarla.

La Guardia Civil, la Fiscalía Anticorrupción y el juez de Valencia Víctor Gómez consideraban, en cambio, que las evidencias apuntaban a que Barberá cometió un delito de blanqueo de capitales junto a medio centenar de miembros del grupo municipal que dirigía. El objetivo era, presuntamente, financiar la campaña de las elecciones locales de 2015, en las que Barberá optaba a la sexta reelección. El método, conocido como pitufeo, consistía en que cada uno lavase una pequeña cantidad —1.000 euros—, para evitar sospechas, del dinero negro reunido mediante el cobro de comisiones.

Después de haber sobrevivido a los casos Gürtel, Nóos, Emarsa, Feria Valencia, Fórmula 1 y otros, Taula atrapó a Barberá casi por casualidad, cuando había dejado de ser alcaldesa y se hallaba en estado de retiro político en el Senado.

Las desavenencias conyugales de un cargo medio del PP, Marcos Benavent, llevó a su exsuegro a entregar a la diputada de Esquerra Unida Rosa Pérez Garijo un ordenador con 10 horas de grabaciones que retrataban la rutina corrupta del partido en la provincia de Valencia. Las conversaciones habían sido grabadas por el propio Benavent, ahora colaborador de la Fiscalía. En varios diálogos, el arrepentido hablaba con la exconcejal de Cultura de Barberá María José Alcón.

La Guardia Civil pidió autorización al juez a principios de 2015 para intervenir el teléfono de Alcón. Cuando la grabadora policial se puso en marcha, el PP estaba supuestamente ejecutando la operación de pitufeo. En una de las primeras conversaciones intervenidas, Alcón explicó por teléfono a su hijo la acumulación de dinero negro del PP de Valencia, la dificultad que entrañaba ponerlo en circulación, y la implicación de la misma Barberá en el blanqueo.

En enero de 2016, el juez lanzó la Operación Taula que se saldó con 24 detenciones y la imputación de más de medio centenar de personas. Barberá evitó el trance por su condición de aforada, mientras que sus antiguos compañeros en el grupo municipal del PP eran primero retenidos en las dependencias del Ayuntamiento mientras duraba el registro y después citados a declarar como investigados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y el magistrado instructor.

Barberá había pagado los 1.000 euros al partido mediante un cheque. Pero a diferencia de otros acusados del blanqueo, sus cuentas bancarias no revelaban un ingreso de importe similar en los días que siguieron a la aportación. La exregidora siempre defendió que nadie le devolvió el dinero.

El juez esperó a tener muy avanzado el sumario antes de elevar al Supremo la petición para que fuera imputada. La petición fue cursada en abril, y el alto tribunal la citó a declarar como investigada en octubre.

La causa abierta en el Supremo, que ahora se declarará extinguida, se limitaba de momento al supuesto blanqueo. La pieza separada del caso que instruye el juez Gómez en Valencia ha evolucionado desde entonces hacia la supuesta financiación irregular del partido.

El motivo es que se han detectado ingresos similares al de 2015 en campañas anteriores. Y que tanto el PP como el Tribunal de Cuentas han confirmado que las cuentas bancarias que Barberá y su grupo utilizaron para costear actos electorales escaparon a los controles que establece la legislación.