La Comunidad gasta 2,3 millones mensuales en el alquiler de sedes judiciales
Muchos de estos inmuebles no reúnen las condiciones para trabajar
El alquiler de los edificios que albergan diferentes sedes judiciales en la capital y en la región le cuesta a los madrileños 2,3 millones de euros al mes. Muchas de estas instalaciones están obsoletas, dispersas y carecen de espacio o luz suficiente. La intención del Gobierno regional es reunificar y modernizar los inmuebles. Entre los lugares elegidos se encuentra la controvertida Ciudad de la Justicia, en Valdebebas, que, de momento, permanece paralizada.
La Comunidad de Madrid mantiene 42 alquileres de sedes judiciales —18 en la capital y 24 repartidas en diferentes municipios—. El pago asciende a 2.439.769 euros mensuales; al año 29 millones de euros. El inmueble más caro (485.334 al mes) corresponde a los juzgados de lo Social y Primera Instancia, que se encuentra en el complejo de la calle Princesa. Y el más barato, (480 euros) al juzgado de Primera Instancia e Instrucción de San Lorenzo de El Escorial.
La Consejería de Justicia e Interior se ha planteado como prioridades la reunificación y modernización de estas sedes, que en muchos casos se encuentran muy deterioradas, hasta tal punto que el estado puede llegar a ser lamentable. La Memoria del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 2015 trazas un escenario lleno de necesidades, 16 de ellas graves. Entre ellas, destacan la dispersión territorial de las sedes, edificios anticuados con graves deficiencias como gritas, humedades, fallos en calefacción y aire acondicionado, despachos y calabozos minúsculos o archivos abarrotados.
La Audiencia provincial no se libra de las estrecheces. Los magistrados apenas caben en las sedes actuales y algunos comparten un despacho “pequeño y agobiante” y otros carecen de ventilación y luz natural. Por este motivo reclaman una nueva ubicación ya sea dentro o fuera del complejo de la Ciudad de la Justicia, que continúa parado debido a problemas judiciales.
La idea de crear un Campus de la Justicia en las afueras de Madrid, en Valdebebas, surgió en 2004, en plena era Aguirre. Su sucesor, Ignacio González, rebajó las ínfulas del macrocomplejo —se llegaron a encargar dos edificios a Norman Foster— y dio luz verde a un nuevo proyecto, más modesto. Pero tampoco prosperó, aunque inició la adjudicación de los edificios. Cuando Cristina Cifuentes llegó al gobierno madrileño, paralizó el proceso. El nuevo que algunas empresas adjudicatarias del primer proyecto (el de Esperanza Aguirre) habían denunciado esa segunda concesión (la de Ignacio González), porque, aunque no se habían llegado a levantar los edificios, se les habían adjudicado.
Con el embrollo sin resolver y en los tribunales, las sedes judiciales continúan arrastrando sus carencias. Fuentes de la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno, presidida por Ángel Garrido, sostienen que este año han continuado con la tarea de modernización de sedes y han realizado obras en los inmuebles para mejorarlos, tanto en los propios como en los arrendados.
En cuanto a la concentración de sedes de la Audiencia Provincial, se está trabajando en la unión de las secciones civiles. También se encuentra en proceso de negociación la unificación de la jurisdicción penal. Está previsto que el proyecto tarde un año en estar listo. El nuevo edificio judicial de Navalcarnero, paralizado en 2007, se ha conseguido acabar, y la Consejería espera inaugurarlo el año que viene. En Aranjuez, la reagrupación de los juzgados en un único edifico, en el Patio de los Caballeros, continúa su tramitación. Se espera realizar la adjudicación antes de que finalice este mes.
Sedes sin luz ni ventilación por 300.000 euros
La Comunidad paga 320.650 euros al mes por la sede de las secciones penales de la Audiencia Provincial en la calle Santiago de Compostela. Un inmueble donde los magistrados trabajan en despachos sin ventilación ni luz natural, no caben refuerzos y el sistema de climatización no da más de sí, según la Memoria del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 2015.
El documento también menciona “los problemas de seguridad” de los juzgados de Familia en la calle de Francisco Gervás, por el que se paga 205.760 euros mensuales o de la de las secciones civiles generales, en la calle de Ferraz, que cuestan 122.384 euros mensuales.
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