La Abogacía del Estado acumula 400 litigios contra alcaldes soberanistas

El proceso judicial contra el independentismo no se limita solo al juicio contra Artur Mas y sus exconsejeras por la consulta del 9-N. O contra Carme Forcadell o los concejales de la CUP. El conflicto, más soterrado, se dirime a diario en los juzgados. La Abogacía del Estado ha presentado unos 400 recursos contenciosos administrativos contra 250 Ayuntamientos —hay 947 en Cataluña- y nueve entidades locales por no izar la bandera española o pagar cuotas a la Asociación de Municipios para la Independencia (AMI). La Delegación del Gobierno sostiene que persigue el cumplimiento de la legalidad mientras los Consistorios apelan a la libertad de expresión. El soberanismo ha convocado hoy un acto de apoyo a los electos afectados.

Neus Lloveras, alcaldesa de Vilanova i la Geltrú, del Partit Demòcrata Europeu Català, presidenta de la AMI, que cuenta con 800 municipios que representan el 50% la población, considera que el Estado ha intensificado los “ataques” porque se está en la recta final hacia la secesión. “Estamos en una fase diferente”, dice llamando a participar no solo a los independentistas sino a todos “los demócratas”. Bajo el lema Por la democracia, al acto acudirán los cargos investigados, incluido Joan Coma, el edil de Vic, que se negó a ir a declarar a la Audiencia Nacional. En plena escalada soberanista, el presidente de la Associació Catalana de Municipios, Miquel Buch, invitó a los alcaldes a retirar el mismo día la bandera española antes de celebre el referéndum que impulsa Carles Puigdemont. El PP deploró que llame a la desobediencia.

El conflicto judicial se remonta a 2011 cuando Llanos de Luna asumió el cargo de delegada del Gobierno con el objetivo de hacer cumplir la ley y que el Estado luciera en Cataluña. Si en 2014 los litigios eran 270 ahora son unos 400, según datos de la Delegación. La batalla jurídica se centra, entre 130 y 140 casos, en el incumplimiento de la ley de banderas —“ninguna bandera tiene que ser más grande que la española si la hubiere”, dice la ley de 1981—; otro centenar son por pagar con fondos públicos cuotas a la AMI; otros tantos por soberanía fiscal, que es ingresar los impuestos a la Agencia Tributaria Catalana que los traspasa a la española y 70 por declaraciones en favor del “territorio catalán libre y soberano”.

La AMI contabiliza 349 casos más 60 requerimientos a Consistorios por abrir el 12 de Octubre. Las dos partes coinciden que los litigios irán a más. Fuentes de la AMI atribuye a que tienen menos casos registrados que el Estado porque Consistorios grandes no requieren sus servicios. Gobernados por CiU, ERC o la CUP, la mayoría de municipios afectados son pequeños y medianos, como Sitges, Sant Cugat o Igualada. Cinco tienen cuatro litigios —entre ellos, Girona, la ciudad de Puigdemont; Berga y Vic, donde se visualiza la desobediencia de la CUP—; 16, tres litigios y 43, tres.

Perdimos y acaté el fallo. Pero judicializar un conflicto político es un error", dice Juli Fernández, alcalde de Palafrguell

Fuera de la batalla jurídica quedan los municipios metropolitanos gobernados por el PSC. Con todo, hay unos 10 Ayuntamientos socialistas afectados como el de Palafrugell, obligado a izar la insignia española tras perder el recurso. “Nunca había estado. Solo estaban la de Palafrugell, la senyera y la europea”, dice el alcalde Juli Fernández, primer secretario del PSC en Girona. “Perdimos y acaté el fallo. Judicializar un conflicto político es un error. Y flaco favor se le hace a la justicia si la politizamos”.

La Abogacía del Estado gana siempre —salvo casos excepcionales— la denominada guerra de banderas. Pero el éxito es relativo. En Vic solo está izada la del municipio —del balcón cuelga una estelada gigante— y en Berga la independentista. O el caso de Begues: el Ayuntamiento perdió el litigio y en una de sus fachadas pende la española y la senyera y en otra…la estelada. “No nos vamos a esconder. Defendemos nuestro patrimonio, lengua y cultura”, lamenta la alcaldesa Mercè Esteve, del PDCAT. El abogado de la AMI, Josep Gascón, admite que la ley es taxativa pero que en estricto sensu nada impide colgar una estelada siempre y cuando figure la española. El letrado recuerda que en la época de Aznar el Estado no litigaba y apunta que en muchos otros Consistorios del resto de España se incumple la ley al colgar solo banderas republicana o del municipio sin que haya denuncia. “Los jueces aceptan el argumento pero alegan que ellos dirimen un caso concreto”, remacha.

El paquete de la soberanía fiscal, por contra, bascula en favor de la AMI. De 106 casos, dicen que se han desestimado 80. Hace tiempo que el Estado no insiste en esa vía. El caso del Ayuntamiento de Ripoll es ilustrativo: fue denunciado por ingresar los tributos a la agencia catalana y a la vez recibió el beneplácito de Hacienda. El balance sobre los recursos por las cuotas a la AMI —de entre 60 y 1000 euros al año— es más discutible: la Delegación dice que suele ganarlos pero la AMI replica que cuenta con 13 fallos a favor. En los recursos, el Estado discute la cuota pero no la existencia de la asociación, reconocida en el registro de entidades de la Generalitat en virtud de sus competencias. Hay casos tan dispares como el Caldes de Montbui: en una cuota anual un juez dio la razón al Estado y en otro no. “Se me ocurren mil formas para que el Estado ayude a los municipios en lugar de gastar dinero pleiteando”, dice el alcalde Jordi Solé, de Esquerra. El último paquete es el de declarar al municipio “territorio catalán libre y soberano” —65 casos según el Estado y 47 según la AMI—. La entidad afirma que los jueces han archivado 27 recursos y dado la razón al Estado en ocho. La Delegación contabiliza 25 denuncias estimadas, dos desestimadas y ocho inadmitidas.