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Baja un 15% el número de manifestaciones en la región

La Comunidad de Madrid registró una media de siete protestas al día desde el principio de año

F. Javier Barroso

La región ha registrado en los nueve primeros meses del año un descenso del 15% de las manifestaciones, según los datos facilitados por la Delegación del Gobierno en Madrid. Esta tendencia se ha mantenido durante todos los meses, salvo en abril y mayo. Esto ha coincidido con el anuncio de la repetición de las elecciones generales tras no alcanzarse un acuerdo de gobierno. La previsión es que se mantenga ese descenso en lo que resta para acabar el año.

La manifestación Rodea el Congreso, el pasado sábado
La manifestación Rodea el Congreso, el pasado sábadosanti burgos

Un descenso a la mitad en cuatro años

El número de manifestaciones ha bajado de manera sensible en los últimos cuatro años, al pasar de 3.399 protestas en los primeros nueves meses de 2013 a las 1.983 del mismo periodo en el presente ejercicio. Esto supone un 42% de reducción en menos de un lustro.

El 2013, en plena crisis económica, fue cuando se registraron más manifestaciones, con 4.354 protestas. Esto arroja una media de 12 concentraciones al día. Eso sí, no todas congregaban gran cantidad de personas ya que la gran mayoría tenían un número muy reducido.

El número de manifestaciones sufrió un incremento palpable entre 2007 y 2013. En estos años se pasó de 853 concentraciones autorizadas a 4.354, una cifra que supone multiplicar por siete las protestas en seis años. Esa escalada coincidió con el inicio de la crisis económica y con fenómenos como el 15-M, que hicieron que miles de personas salieran a la calle a reivindicar sus derechos. En la época álgida, se registraba en la Comunidad de Madrid hasta 12 protestas de media al día.

Sin embargo, desde 2013 el número de manifestaciones ha ido bajando de forma paulatina hasta llegar las 1.983 de los nueve primeros meses de 2016. En esta fecha se ha reducido a una media de siete protestas al día. Las mayores bajadas se produjeron entre febrero y marzo, antes de que se produjera el repunte de abril y mayo, según los datos de la Delegación del Gobierno en Madrid. El mes que menos concentraciones ha registrado fue agosto (70), debido a las vacaciones estivales.

Para celebrar una manifestación, es necesario que una o más personas comuniquen con carácter previo la convocatoria. La ley marca un plazo de 15 días, salvo en el caso de que sea por razones urgentes. Aquí el tiempo previo se reduce a 24 horas. Es lo que ocurrió en la protesta del pasado sábado, que partió desde la plaza de Neptuno y discurrió hasta la Puerta del Sol, y que concentró a miles de personas junto con una fuerte presencia policial (1.200 agentes antidisturbios). En caso de no recibir el visto bueno (nunca autorización) de los responsables de la delegación, la concentración se considerará ilegal, con los consiguientes riesgos de sanciones administrativas.

Menos crispación

Fuentes consultadas por EL PAÍS consideran que existen varios factores que pueden justificar este descenso es que gran parte de los problemas derivados de la crisis se están solucionando y la gente siente menor crispación que cuando comenzó hace ya varios años. Otra posible causa es que el Gobierno central ha aprobado la Ley de Seguridad Ciudadana, que recoge fuertes multas en caso de no convocar la concentración en tiempo y forma. En casos extremos y muy graves pueden llegar a los 600.000 euros.

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Otro factor que también puede influir es que algunos motores de las grandes concentraciones, como el 15-M, han creado formaciones políticas y se han integrado en las instituciones políticas. En aquellos días, estos movimientos supieron canalizar los intereses y preocupaciones de muchas personas y convertirlos hasta en una fiesta, que se prolongó durante meses en lugares emblemáticos, como la Puerta del Sol.

“Aparte, para que la gente salga a la calle es necesario que sienta que su movilización va a servir para algo y que puede conseguir sus reivindicaciones. Si hacen muchas y no se logra cambiar nada a nivel particular o se generan cambios en las leyes, las personas suelen dejar de ir. Eso repercute en los organizadores que, al encontrarse con poca presencia, también limitan las convocatorias”, destacan algunos sociólogos consultados por este periódico. De hecho, durante el 2013, cuando estaban siendo discutidos importantes cambios en las leyes, el motivo de mayor número de concentraciones fueron las políticas legislativas del Ejecutivo central, seguidas de los temas laborales y los derechos humanos, según datos de la Delegación del Gobierno.

Lo que también llama la atención es que, pese al alto número de manifestaciones, la mayoría suelen congregar a pocas personas. Un alto porcentaje no tiene más de 50 o 100 personas, lo que supone un número bajo. Las multitudinarias con miles de personas cortando el centro de la capital son muy pocas y su celebración también se encuentra a la baja, según confirman fuentes policiales. “Movilizar a la gente se hace cada vez más difícil”, añaden.

Multas de hasta 600.000, por la ‘ley mordaza’

La Ley de Seguridad Ciudadana, también conocida como la ley mordaza, recoge importantes multas para las manifestaciones ilegales (todas aquellas que no se han comunicado en tiempo y forma a la Delegación del Gobierno).

La multa mínima, que oscila entre los 100 y los 600 euros, corresponde a una falta leve y consiste en “protestas que infrinjan la ley de reunión”, según la ley. Si se trata de una falta grave, la cuantía se eleva entre los 601 y los 30.000 euros. En este apartado se encuentran las manifestaciones “no comunicadas ante el Congreso, el Senado, los parlamentos autonómicos o los altos tribunales, aunque no tengan actividad”, “los desórdenes graves en vía pública y las barricadas” y “la negativa a disolver reuniones o manifestaciones cuando lo ordene la autoridad”.

La celebración de reuniones o manifestaciones no comunicadas y las que se realicen en lugares considerados básicos para la comunidad (aeropuertos o estaciones, entre otros) se considera una falta muy grave, “cuando se haya generado un riesgo para las personas o un perjuicio en dicho funcionamiento”. En este caso las multas van de los 30.001 y los 600.000 euros.

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Sobre la firma

F. Javier Barroso
Es redactor de la sección de Madrid de EL PAÍS, a la que llegó en 1994. También ha colaborado en la SER y en Onda Madrid. Ha sido tertuliano en TVE, Telemadrid y Cuatro, entre otros medios. Licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, está especializado en Sucesos y Tribunales. Además, es abogado y criminólogo.

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