El Gobierno valenciano, condenado a dar un informe que dice que no existe

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El Ejecutivo valenciano ha sido condenado a entregar al PP una auditoria que, según la Generalitat, no existe. Se trata del primer fallo contra el Gobierno del Botánico por denegación de información a un grupo parlamentario, lo cual supone para los jueces "una vulneración constitucional". En legislaturas anteriores, los populares fueron condenados en numerosas ocasiones por este motivo.

La consejera de Justicia, Gabriela Bravo, ha señalado que el cumplimiento de la condena es inviable porque la auditoría a la que se refiere el PP en su reclamación judicial, firmada por la diputada María José Ferrer San Segundo, relativa al estado general de la Generalitat tras el cambio de gobierno de hace un año, nunca se realizó. Fue un anuncio en "términos políticos" que no se tradujo en un documento concreto, según Bravo.

La Consejería de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas ha anunciado que estudia recurrir la sentencia. Bravo ha declarado que no comparte el fallo, "desde el respeto que le merecen todas las resoluciones judiciales". "La consejería no puede entregarle a la diputada un documento que, sencillamente, no existe", ha afirmado Bravo.

El PP requirió información sobre una partida de más de 3.000 ordenadores comprados por el anterior Gobierno autonómico y sobre la supuesta auditoría. La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia valenciano no se ha pronunciado sobre la primera reclamación porque la información fue entregada a los populares. Respecto a la segunda sí acepta, la petición de los populares, siguiendo la postura de la Fiscalía.

"El Gobierno del Botánico jamás ha obstaculizado la labor de la oposición parlamentaria ni hemos ocultado nada", ha afirmado Bravo.

La diputada popular ha mantenido que se trata de una "obstrucción injustificable". Y que a esta condena le seguirán otras: "Hay más parlamentarios que han tenido que interponer procedimientos judiciales por obstrucción a la justicia, que es algo que paradójicamente se achacaba al anterior Consell".

La consejera ha acusado al PP de no saber "distinguir los términos políticos de los administrativos". "Cuando se anunció que se iba a realizar una auditoría sobre el estado general de la Generalitat, nos referíamos a la necesidad política de conocer con exactitud el lamentable estado en el que los años de gobierno del PP había dejado a las instituciones autonómicas. Y no a que se fuera a encargar un informe auditor ni a empresas externas ni siquiera a sus propios funcionarios", ha agregado.