Una sucesión de negligencias

Los preparativos. 21.30- 23.30. Los responsables de la empresa promotora de la fiesta, Diviertt, los técnicos de la firma pública municipal gestora del pabellón, Madridec, e, incluso, agentes de la Policía Nacional revisaron el montaje de la fiesta. Todos dieron cosas por hechas —por ejemplo, que lo que estaba montado se correspondía con lo descrito en los planos de los permisos— o que determinada comprobación le correspondía a otra persona. A los policías les comentó un miembro de la organización que “tenían vendidas unas 10.000 entradas, aunque en la orden de servicio venía un aforo de aproximadamente 7.000 personas”. Pero el agente creyó que “el aforo de la orden de servicio es una previsión que se pasa días antes del evento”, así que consideró “normal que en los días siguientes” variara. A las 23.30 se abrieron las puertas.

La Llegada. 23.30-1.45. A partir de ese momento, comenzó la entrada de asistentes por la puerta principal del recinto. Los primeros controles los hacían los trabajadores de Seguriber y, según se acercaban al interior, el acceso lo regulaban los de Kontrol 34. Dentro no había control por plantas, pese a que el aforo máximo se establecía para cada una de ellas. Además, “para proteger las dependencias utilizadas” por la promotora, “se impedía o dificultaba la circulación del público”, con lo que “muchos vomitorios estuvieron cerrados durante todo o parte del tiempo que duró el evento”. “Los acusados lo supieron y quienes podían hacer algo para evitarlo lo consintieron”, dice el fallo.

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La avalancha. 1.45- 4.00. A medida que se acercaba la actuación estelar de la noche, la del DJ Steve Aoki, el público empezó a aglomerarse en la planta cero, la del escenario principal. Fuera, mucha gente que había estado esperando —al menos una parte haciendo botellón, aunque no eso influyó en el resultado de la tragedia, según las magistradas— se comenzó a arremolinar en la entrada, formando una gran cola. Para facilitar su entrada, sobre las 2.00 los controles de acceso (comprobación de entrada y contenido de las mochilas) se empezaron a relajar y a las 2.30 desaparecieron casi por completo. Y más o menos a esa hora, se abrieron dos puertas de emergencia, por las que entraron en menos de una hora unas 3.000 personas que querían acceder a una pista central que ya estaba abarrotada. Así, como “la mayoría de los vomitorios se encontraban cerrados”, se produjeron “pequeñas avalanchas previas que deberían haber puesto en aviso a los responsables de lo que se estaba produciendo”. No fue así y, sobre las 3.35 se produjo la aglomeración en la que murieron cinco jóvenes.

El rescate. 4.00-6.00. La evacuación de las personas atrapadas en la avalancha se realizó, durante al menos 20 minutos, de manera descoordinada. Nadie avisó a los vigilantes de Seguriber para que participaran en el auxilio y muchos de los testigos asistentes aseguran que intentaron ayudar a sacar a la gente de la avalancha, pero que “los chalecos amarillos se lo impidieron”. Dos trabajadores de la empresa de seguridad Kontrol 24 intervinieron en el auxilio “actuando por propio instinto”. Pese a la situación, no se pusieron en contacto con el Samur ni con nadie de la organización. Dos amigas de Teresa Alonso, una de las cinco víctimas mortales de la tragedia, consiguieron sacar a esta del vomitorio y pedir ayuda el Samur. Las testigos afirman que, de manera sorprendente, la persona que recibió la llamada de emergencia, pese a que le manifestaron que su amiga se estaba muriendo, les dijo que tenían que ir andando hasta Paseo de Extremadura para atenderla. Finalmente, llegó una ambulancia del Samur que la trasladó a la Fundación Jiménez Díaz. Un policía municipal fuera de servicio, Mario García Cepa, rescató a Belén Langdon, sobre las 3.30, y le hizo una respiración sobre una de las barras de la pista para intentar reanimarla. Más tarde, llegó el Samur y la trasladaron al Hospital 12 de Octubre.

El Tribunal considera que las cinco jóvenes —Teresa Alonso, Belén Langdon, Cristina Arce, Rocío Oña, y Katia Esteban— fallecieron como consecuencia de las lesiones sufridas. En cuanto a la asistencia de las tres últimas por parte de los doctores Viñals, la sentencia afirma que “se desentendieron de la asistencia que debían prestar como responsables del servicio médico a Katia Esteban, no realizaron un correcto diagnóstico de la parada en la que se encontraban a ninguna de las tres jóvenes, ni les practicaron una adecuada reanimación”. Hubo más de 31 lesionados, y el evento continuó hasta las 6.00.