Entidades y sindicatos critican el “voluntarismo” de la ley de vivienda

El departamento de Gobernación no especificó cuántas alegaciones ha recibido el anteproyecto. Lo cierto es que la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), muy crítica con el texto que resultó de las negociaciones con la Generalitat, no ha presentado ninguna propuesta para enmendarlo. Tampoco lo ha hecho la Mesa del Tercer Sector, que agrupa a las entidades sociales catalanas, al contrario que Cáritas, el Ayuntamiento de Barcelona y la UGT.

El plazo para presentar alegaciones expiró a mediados de este mes, lo que también ha generado malestar en las entidades. “Entendemos la urgencia, pero no es la época más adecuada para hacer estas exposiciones públicas. La PAH fue la promotora de la ley, pero otras entidades que dimos apoyo también teníamos cosas que aportar”, critica Llorenç Serrano, responsable de vivienda de CC OO. El sindicato esperará al trámite parlamentario para intentar incluir sus propuestas.

“No se habla mucho del acceso al alquiler, uno de los problemas habitacionales a los que ahora nos enfrentamos y en el que tenemos pocas competencias”, opina Laura Pelay, vicesecretaria general de UGT. La única alegación que presentó el Ayuntamiento de la capital catalana va en la línea de modificar la ley de vivienda de 2007 para poder multar el precio de alquiler abusivo. “Poner tanto énfasis en la mediación, que se basa en la buena voluntad de las partes, limita la efectividad. Tendremos que estar muy encima para vigilar el cumplimiento”, agrega la líder sindical.

El anteproyecto apuesta por la vía de la expropiación temporal del uso de la vivienda por un tiempo de entre cuatro y diez años, para que los pisos vacíos de los bancos tengan un fin social. El precio lo fijará un jurado de expropiación tras un largo proceso. Pelay duda que la situación económica de las arcas catalanas permitan utilizar de manera efectiva este mecanismo. La consejera de Gobernación, Meritxell Borràs, ha defendido que esto se puede compensar con que las entidades bancarias se vean obligadas a entregar los pisos en condiciones para entrar a vivir. UGT también pide más recursos para Ofideubte, el servicio de información, asesoramiento y mediación dirigido a las familias con dificultades para atender el pago de hipotecas.

Ampliar los beneficiarios

Cáritas, por su parte, insiste en la necesidad de ampliar la definición de situación de sobreendeudamiento para dar cobijo a más casos derivados de la crisis económica. La entidad propone que, además de causas sobrevenidas como el desempleo o la incapacidad de un miembro de la unidad familiar, que impidan hacer frente a las deudas, se tenga en cuenta la disminución de capacidad económica derivada de las situaciones del mercado financiero.

En concreto, la entidad católica aboga por tener en cuenta “las circunstancias económicas y financieras que hayan implicado un aumento significativo de la carga hipotecaria ajenas a la voluntad del deudor”, según el texto de las alegaciones presentado ante Gobernación. Otra de las peticiones de Cáritas es que no se obligue a los afectados por la dación en pago a ser los responsables de comunicar a la Administración el acuerdo al que se ha llegado con los acreedores. La entidad pide crear un sistema de colaboración para no vulnerar los derechos de los afectados.