En libertad el empresario afín a CDC detenido por contratos de basuras en Lloret

El empresario Gustavo Buesa, dueño de la compañía GBI Serveis, ha quedado en libertad hoy después de declarar durante casi cuatro horas ante la Guardia Civil. Buesa fue detenido ayer, en la puerta de su casa, en una operación ordenada por el titular del juzgado de instrucción número 2 de Blanes, en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción, que investiga amaños en los contratos de la recogida de basuras del Ayuntamiento de Lloret de Mar. El empresario deberá declarar ante el juez como investigado el próximo 21 de julio.

Los agentes tratan de acreditar una presunta trama municipal para adjudicar contratos de manera frauduleta en el Ayuntamiento de Lloret de Mar, gobernado por Convergència, de los que resultó beneficiado Buesa por valor de 80 millones de euros. El empresario es exsocio de Jordi Pujol Ferrusola, y donó 550.000 euros a la fundación de CDC e hizo un préstamo a Unió.

"Ha explicado todo lo que le han preguntado, a pesar de que la causa está secreta", ha contado su abogado Carles Monguilod. El letrado ha asegurado que en todo momento le han preguntado por los contratos que hacen referencia a Lloret, menos al final, cuando los investigadores han inquirido sobre la relación de Buesa con Jordi Pujol Ferrusola. Ese tema, ha explicado Monguilod, ya lo dirime la Audiencia Nacional, en otra causa distinta, en la que está imputado Buesa.

El empresario estaba ayer en Ibiza, de vacaciones, cuando tuvo conocimiento de que la Guardia Civil entró en el Ayuntamiento, y detuvo al interventor y al secretario municipales, Rafael García y Carles Arbó. En ese momento cogió un avión y se presentó en su casa en Lloret, acompañado de su abogado Carles Monguilod. La Guardia Civil le detuvo en ese momento, y Buesa pasó la noche en el calabozo. El secretario y el interventor fueron puestos en libertad con cargos el mismo día de ayer, citados para declarar el próximo 21 de julio.

La bau­ti­za­da co­mo ope­ra­ción Trueno ras­trea in­di­cios de los de­li­tos de pre­va­ri­ca­ción, cohe­cho, mal­ver­sa­ción, frau­de, ne­go­cia­cio­nes prohi­bi­das a fun­cio­na­rios y trá­fi­co de in­fluen­cias, en­tre otros. Se­gún una no­ta di­fun­di­da ayer por An­ti­co­rrup­ción, los con­tra­tos de re­co­gi­da de ba­su­ras de Llo­ret se ad­ju­di­ca­ron “en con­ni­ven­cia con au­to­ri­da­des y fun­cio­na­rios” del Con­sis­to­rio.