Colau solo adjudicará la telefonía a las firmas que cumplan el convenio laboral

Las empresas que quieran explotar el servicio de telecomunicaciones del Ayuntamiento de Barcelona a partir de 2017 deberán cumplir, además de los requisitos técnicos y económicos que se pedían hasta ahora, los convenios laborales del sector. Además, la empresa que gane el concurso millonario (4,5 millones de euros anuales) no podrá subcontratar a ninguna firma que incumpla esta condición. Ada Colau cumple así uno de sus primeros compromisos que anunció tras ganar las elecciones, en mayo de 2015, durante su visita a los trabajadores subcontratados por Movistar que se habían declarado en huelga reclamando mejoras laborales y ocuparon el Mobile World Centre que la compañía tiene en la plaza Cataluña.

Entre la lista de nuevos requisitos sociales y ambientales que el Gobierno municipal ha incorporado en el pliegue de condiciones también destaca la obligación de demostrar que los elementos electrónicos que utiliza la compañía no se han comprado a empresas que incumplan la normativa internacional en materia de Derechos Humanos. El observatorio Electronics Watch se encargará de comprobar los procesos de producción.

El nuevo contrato, que se aprobó este miércoles en la comisión de Presidencia, sale ahora a licitación y se resolverá a finales de año. La intención del Gobierno es que la nueva contrata se aplique a partir de enero de 2017. Tendrá una durada de dos años prorrogable durante 24 meses. Hasta entonces, el Gobierno prorrogará seis meses más el contrato actual, que se adjudicó a Telefónica en 2013.

“Muchas empresas que han prestado servicios para el Ayuntamiento ya se han puesto en contacto con nosotros para decirnos que harán lo posible para cumplir los nuevos requisitos”, según explicó el primer teniente de alcalde, Gerardo Pisarelo. El mandatario celebró que las empresas estén reaccionando e insistió en que Barcelona necesita “un nuevo pacto social, con unas nuevas reglas”.

El nuevo contrato le costará al Ayuntamiento de Barcelona medio millón de euros más al año, en comparación con lo que se paga actualmente a las empresas que prestan este servicio. El aumento de precio es para compensar que el teléfono de información 010 pasará a ser gratis a partir de enero y también para dar más oxígeno a las empresas, ya que deberán afrontar estos nuevos requisitos. Para Pisarelo, este aumento de precio es rentable: “No es más caro si tienes en cuenta lo que ahorras en servicios sociales y en la reducción de exclusión social”, afirmó. El teniente de alcalde también destacó que el servicio se ha dividido en cinco lotes independientes “para facilitar la competitividad y la entrada de empresas o cooperativas pequeñas”.

Otra novedad del nuevo contrato es el Big Data. Toda la información que la empresa adjudicataria tenga de los ciudadanos deberá cederla gratis al Ayuntamiento, que la tendrá en cuenta para “organizar mejor el turismo y hacer política de movilidad”, según Pisarelo. También podrán venderla, como ahora.