Lola Johnson achaca a Camps y De León las irregularidades de la F-1

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La exconsejera Lola Johnson también señala al expresidente de la Generalitat Francisco Camps en las presuntas irregularidades del Gran Premio de Fórmula 1 de Valencia que investiga la justicia. Johnson, que fue nombrada consejera de Cultura, Turismo y Deporte por Camps, ha declarado este miércoles ante la juez que no tiene dudas de que la orden de firmar el documento irregular que convirtió al Gobierno autonómico en avalista de las carreras en sustitución de Bancaja la dio directamente de Camps. La exconsejera también ha implicado en el desenlace de la operación investigada a la vicepresidenta de Camps Paula Sánchez de León.

El aval ató a la Generalitat a la Fórmula 1 al convertirla en obligada a pagar en caso de incumplimiento por parte de Valmor Sports, la empresa que formalmente organizaba el Gran Premio, que se celebró entre 2008 y 2012. La existencia del aval fue utilizada como argumento para justificar la posterior compra de Valmor por parte del Ejecutivo autonómico por un euro, asumiendo deudas que superaron los 30 millones de euros.

Johnson, que declaraba en calidad de investigada —imputada— ha mantenido ante la magistrada instructora que fue engañada para firmar el aval. Según la exconsejera, en julio de 2011, cuando todavía estaba aterrizando en su nuevo departamento, producto de la fusión de varios, recibió una llamada de la asesora de Camps Belén Reyero convocándola a una reunión en la que debía firmarse un documento y enviarlo rápidamente al patrón de la Fórmula 1, el británico Bernie Ecclestone.

El expresidente también está imputado en el procedimiento. La Fiscalía Anticorrupción lo acusa de haber utilizado a Valmor como pantalla para ocultar que quien realmente organizaba el Gran Premio y corría con los gastos que de él se derivaban era la Generalitat. Según esta tesis, al interponer a Valmor, Camps evitó aplicar la Ley de Contratos del Sector Público. Y, a cambio de ese servicio justo antes de dimitir, el entonces presidente salvó a Valmor convirtiendo a su Ejecutivo en avalista de un hipotético incumplimiento, la incapacidad de la empresa de seguir organizando el Gran Premio, que ya se veía venir.

La exconsejera se ha referido a Reyero varias veces como "la persona de confianza" de Camps en todo lo relativo a la Fórmula 1, aseguran fuentes conocedoras de su declaración. Según la extitular de Cultura, Turismo y Deporte, cuando llegó a la reunión le mostraron un documento en inglés y le dijeron que se trataba solamente de "un preacuerdo" en el que la Generalitat realizaba una "manifestación de intenciones" por la cual, en caso de que Cataluña renunciase a celebrar el Gran Premio de Montmeló, Valencia se quedaría por si sola con el Gran Premio de España.

Johnson ha mantenido que confió en lo que le contaron y que no llegó a leer documento porque no estaba traducido al castellano. La exconsejera ha dicho desconocer dónde se redactó el documento ni quién lo hizo. Pero ha reconocido que se fijó en que a ella se la identificaba como "ministra de Turismo", una fórmula que le llamó la atención.

Según el relato de Johnson, no cabía duda de que la orden de firmar el documento a toda prisa —y según los dictámenes oficiales que obran en el sumario infringiendo el procedimiento administrativo— la dio Camps. Era notorio, ha afirmado, que el expresidente había negociado personalmente la celebración del Gran Premio con Ecclestone. Y Reyero era su persona de confianza en el asunto.

El abogado de Camps ha intentado amortiguar las consecuencias para su cliente preguntando a la exconsejera si las instrucciones no procedieron, en general, de Presidencia de la Generalitat. Pero Johnson ha señalado al presidente. Y ha añadido que se le indicó que el asunto debía tratarse con la "máxima confidencialidad" y que a ella no le entregaron copia del documento.

Sánchez de León

Camps dimitió casi de inmediato. La certeza de que el Gran Premio no era rentable para Valmor, que se encontraba al borde de la suspensión de pagos, y la existencia del aval llevaron al Consell ya presidido por Alberto Fabra a decidirse por la compra de Valmor, ha dicho Johnson.

La exconsejera ha afirmado que pese a que ella fue la encargada de defender la adquisición en el pleno del Gobierno valenciano fue solo porque la operación se realizó a través de la sociedad pública Circuito del Motor, adscrita a su departamento. Pero que la gestión y la tramitación del asunto fue llevada por Vicepresidencia, entonces dirigida por Paula Sánchez de León, una persona de la estrecha confianza de Camps, y por la Consejería de Hacienda.

Johnson no ha atribuido apenas responsabilidad al expresidente Fabra, que según ella se limitó a argumentar en el pleno del Consell que acordó la compra de Valmor que se trataba de un asunto muy importante al estar en juego la penalización al Gobierno autonómico y el descrédito de la Generalitat.

La abogada Rosa Vidal, de Broseta Abogados, que declaraba como testigo, ha negado haber elaborado el informe que respaldó la compra de Valmor por la Generalitat. Vidal, que fue directora general de Ràdio Televisió Valenciana, ha sostenido que en realidad no se trató de un informe, sino de una "nota interna".