Un juez desoye la petición del fiscal de imputar al director del Parque de Guadarrama

El posible delito urbanístico cometido con la construcción y la tala de árboles en un terreno protegido de Torrelaguna (un municipio de 4.788 habitantes a 52 kilómetros al norte de la capital) ya ha prescrito por culpa de años de inacción judicial. Pero la causa por un posible delito medioambiental continúa. Además de seguir con ella, el fiscal pidió al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Torrelaguna en febrero de 2015 que imputara por prevaricación en un nuevo procedimiento a Pablo Sanjuanbenito, que aprobó desde la consejería aquella tala y además le concedió una subvención. Sin embargo, esa petición fiscal no se la comunicó a las partes hasta el pasado mes de marzo de 2016.

Ahora, tres meses después de aquello, y con los precedentes del caso, la acusación particular encabezada por la Asociación para la Recuperación del Bosque Autóctono (ArbaTJM) ha perdido la paciencia y ha presentado una queja ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), tanto por “las dilaciones indebidas” acumuladas hasta ahora como por el retraso en la incoación de ese nuevo procedimiento penal contra Sanjuanbenito. El CGPJ abrió el pasado 1 de junio diligencias informativas para resolver la queja.

Terrenos protegidos

La finca Dehesa Vieja de Torrelaguna tiene más de 250 hectáreas y es propiedad de la empresa Merinin S. L., de Javier Fernández Merino. Los terrenos están protegidos porque están en un “monte preservado” con especies como el alcornoque, árbol declarado de “especial interés”, que quedan en la Comunidad de Madrid.

A pesar de ello, el dueño de la finca inició unas obras de rehabilitación de varias construcciones en ruinas “sin licencia ni calificación urbanística en suelo no urbanizable”, según la denuncia de ArbaTJM, y las continuó a pesar de que los agentes forestales de la Comunidad de Madrid reclamaron su paralización. En octubre de aquel año, Sanjuanbenito firmó la concesión de una ayuda económica y a finales de ese mismo mes las resoluciones que autorizaban los trabajos de corta y otros como la mejora de caminos o de las prevenciones contra incendios. Unas obras que tampoco contaban, según las actas de los agentes forestales, con los permisos necesarios.