Archivada la causa contra el exalcalde de Guadarrama por autorizar un aparcamiento

Un juez ha archivado temporalmente la causa contra el exalcalde de Guadarrama, José Ignacio Fernández Rubio (PP), por un delito contra la ordenación del territorio. El exregidor había autorizado la construcción de un aparcamiento público en una zona protegida del centro de la localidad (15.540 habitantes). La parcela estaba calificada como suelo no urbanizable y, aunque el Ayuntamiento trató de cambiar su uso, el proceso nunca fructificó. La sociedad Intor Concesiones SA, que había conseguido en 2009 la explotación de un aparcamiento municipal en otra parcela cercana, denunció que el terreno usado para el nuevo estacionamiento vulneraba las normas urbanísticas. Ahora, un juez afirma no apreciar “hecho punible”, ya que en el solar se venían ejerciendo “usos contrarios a la legalidad” con anterioridad. El caso ha sido sobreseído de forma provisional.

Aunque no lo ha hecho, la empresa ha tenido tres días para apelar la decisión, fechada el 30 de mayo, ante el juzgado número 5 de Collado Villalba, el mismo que ha suspendido la causa. Intor Concesiones no estaba personada en ella como acusación particular. Para cambiar su condición, la sociedad remitió hace dos semanas un nuevo texto al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que ya condenó al Ayuntamiento en marzo a pagarles 525.000 por los perjuicios ocasionados. La denuncia ante la fiscalía la interpuso esta empresa, adjudicataria de un aparcamiento municipal (190 plazas en propiedad y 173 en rotación) en otra parcela. Denunciaba que, para regularizar el nuevo terreno, en zona protegida el Ayuntamiento aprobó un plan especial, pero que nunca lo remitió a la Comunidad de Madrid.

El exalcalde de Guadarrama aseguró entonces a EL PAÍS que la actuación del Consistorio fue lícita y que se produjo al amparo de la Ley Regional del Suelo. Fernández Rubio gobernó el municipio en dos etapas: entre 1995 y 2000 y entre 2003 y 2008. Luego, en 2011, se convirtió en alcalde de Las Rozas. También fue consejero de Esperanza Aguirre. En declaraciones a Europa Press, el exregidor afirmaba haber acogido "con satisfacción" y "mucha alegría" la resolución porque "ha quedado aclarado" que "no había ninguna razón" para su imputación.

El exalcalde había recurrido también la admisión a trámite de la denuncia, ya que entendía que su sucesora en la alcaldía, Carmen María Pérez (que abandonó el PP en 2011), ya habría regularizado el uso de un terreno que está calificado como suelo no urbanizable por las normas subsidiarias de Guadarrama, aprobadas en marzo de 1985. El pleno de la localidad trató de modificar la naturaleza del suelo para convertirlo en urbanizable. Para conseguirlo, se celebró un pleno el 11 de junio de 2011, aunque el cambio de finalidad no se completó porque, un mes más tarde, la Comunidad aprobaba la Ley del Suelo regional.

Un plan especial

El 6 de agosto de 2004 se suscribió el convenio de permuta temporal para el uso del nuevo terreno protegido, propiedad de un particular. Se sustituía por otra parcela situada en el polígono industrial La Mata. En mayo de 2005 se redactó el proyecto de asfaltado del solar protegido que iba a albergar los estacionamientos, pero una sentencia judicial obligó a suspender las obras. En dichas alegaciones se especificó la existencia de la permuta, que pasó a ser definitiva en febrero de 2006. El Consistorio inició entonces un plan especial para que el solar catalogado como suelo no urbanizable alojara aparcamientos, función que tenía el lugar desde que se llevó a cabo la permuta ya que los planes urbanísticos prohibieron hacer uso comercial de la parcela, tal y como pretendía el Consistorio tras cambiar su uso.

En febrero de 2014, la Dirección General de Urbanismo solicitó informes sobre el caso al Ayuntamiento de Guadarrama, que dio por hecho que el expediente iniciado para cambiar la naturaleza del solar había sido tramitado hasta su finalización. Pero aquello nunca ocurrió. La nueva alcaldesa, Carmen María Pérez, denunció que el convenio firmado por su antecesor era gravoso para el municipio, por lo que denunció ante la justicia. Se basó de hecho en un informe del Secretario e Interventor municipal, en el que desaconsejaba la firma del contrato. La causa de la permuta del terreno protegido sigue abierta y se acusa al excalcalde de un delito de prevaricación.

El artículo 29 de la Ley de Suelo regional dispone que en la superficie no urbanizable protegida podría autorizarse actuaciones específicas, “siempre que estén previstas en la legislación sectorial”. Además, y previa calificación urbanística, el suelo no urbanizable podría albergar diferentes usos: agrícola o forestal, extractivo, de dominio público destinado al ejercicio de actividades científicas o docentes, o aquellas que favorezcan el desarrollo rural. En ningún caso, la normativa hace mención a que un solar protegido pueda convertirse en aparcamiento. Sin embargo, el juez interpreta que del concepto de utilidad pública, “en el marco de la nueva realidad social” o de “las necesidades municipales”, se puede decantar la solución de atender “estas nuevas demandas sociales (la de estacionar los vehículos)”.