Desahuciados y estafados por las mafias okupas

Costica, rumano de 34 años, mira desde la puerta, cigarrillo en mano, como su mujer, Alexandra (29), y sus suegros recogen las últimas pertenencias entre sollozos. Han dejado la casa vacía, tal y como la encontraron. La pequeña Alicia, que cumple dos años la próxima semana, grita, corretea y salva los pocos obstáculos que quedan sobre el parqué. Parece intuir la inminente llegada de la comisión judicial que ha ejecutado el desalojo. No venían a echarlos a ellos, sino a la antigua inquilina del inmueble. Débora okupó la casa durante cuatro meses y luego la alquiló a esta familia originaria de Resita, a 600 kilómetros de la capital de Rumanía, Bucarest. Entre tanta tristeza, emerge la tímida sonrisa de David, el otro hijo de la pareja. Tiene ocho años y quiere irse. “Aquí no tengo amigos”. El pequeño no va a la escuela desde hace tres meses, el tiempo que hace que llegó desde Vigo.

El antiguo hogar de la familia estaba en esa localidad gallega. Allí, Costica descargaba los barcos que llegaban al puerto. Si dejó la ciudad fue porque unos conocidos le dijeron que en Alcalá había trabajo. De aquello hace ya seis años. Se equivocaron. Los únicos empleos que encuentra, ya sea transportando chatarra o pintando pisos, son de días sueltos y sin darle de alta en la seguridad social. Hace meses que decidió reunir a su familia, pero ahora el único sustento que entra en casa es la ayuda no contributiva que cobran sus suegros: 426 euros cada uno. “Les estafaron. Pagaron, compraron los muebles y ahora se tienen que ir teniendo dos hijos menores de edad”, se ha quejado Mariana, la suegra de Costica. A pesar de su vehemencia, su yerno no quiere denunciar a la persona que les alquiló la casa tras okuparla. Tiene miedo a posibles represalias. “Nosotros nos vamos de forma pacífica y ya está”.

“Pagué 800 euros a Débora. Me dijo que a partir de ese momento tendría que darle otros 200 mensuales, pero nunca más la volví a ver”, ha explicado Costica. Al principio, no le extrañó que todo el proceso se realizara sin documentos. A él, incluso, le beneficiaba, ya que no dispone de nómina. Solo el paso de los días y las advertencias de los vecinos le hizo ver que la anterior inquilina vivía en esa casa de forma ilegal. “Débora llegó el 5 de enero. Fue ella misma la que llamó a la policía para informarles. Luego, el banco al que pertenece la vivienda les dio la opción de un alquiler social”, ha confirmado Eva López, vecina de Costica en la casa del Camino viejo de Esgaravita. La entidad bancaria niega las palabras de Eva. Explica por teléfono que intentó contactar con la persona que okupó la vivienda en enero, pero que fue imposible. Ahora, subraya, desconocían quién vivía en la casa, pero tratan de buscar una solución para la familia porque la política de la empresa es "evitar desahucios".

“Antes de abrir esta casa, se confundieron y abrieron la mía. Me reventaron las rejas. Son auténticas mafias", explica esta vecina que ha permitido a Costica dejar en una de sus habitaciones todas las pertenencias, que ahora no puede transportar a casa del amigo que los albergará durante una semana. No tienen otro sitio a dónde ir, aunque tampoco se han dirigido a los servicios sociales del Ayuntamiento ni de la Comunidad. Los agentes que les han desahuciado con trato exquisito, les explica que soliciten una solución a la Administración y que ellos no pueden hacer nada porque deben cumplir un mandato judicial. "Es injusto que se tengan que ir. Son unos vecinos que no dan ningún problema", cuenta Eva. Relata que la anterior inquilina, que entró por la ventana, sí era violenta. Incluso llegó a agredir al cerrajero que intentó cambiar la cerradura de la vivienda.

Costica y los suyos salen de la casa cabizbajos. Ha intentado hasta el último momento buscar una solución con la entidad bancaria propietaria, a la que solicitaba un alquiler social. Un grupo de operarios cambia la cerradura. "Echáis a mi familia, pero mañana os volverán a entrar y el banco perderá", espeta a los policías tras ser desalojado. Costica está convencido de que las mafias volverán a lucrarse con el inmueble.

La práctica es cada vez más frecuente, según la FRAVM, pero no existe un censo oficial de viviendas okupadas por el método de la patada en la puerta. Solo en Madrid capital, han contabilizado más de mil casas okupadas por al menos "cinco grupos organizados" que se hacen pasar por sus propietarios legítimos y las venden o las alquilan. Estos delincuentes también se concentran en las grandes poblaciones, entre ellas Parla, Aranjuez y la propia Alcalá de Henares. Sin embargo, destacan desde la FRAVM, que no tienen demasiada información al respecto. "Solo sabemos lo que nos cuentan las asociaciones locales. Estas bandas, al estar organizados se mueven de un lugar a otro y es difícil seguirles la pista", afirma FRAVM. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Alcalá desestimó realizar declaraciones.