Comín desafía al Estado con una ley catalana de sanidad universal

Cataluña ha dado un paso más en la rebelión que adelantan varias comunidades en contra del real decreto con que el Gobierno central limitó en 2012 el acceso universal a la sanidad en todo el territorio español. La reunión semanal del Ejecutivo catalán dio luz verde ayer a la tramitación de un anteproyecto de ley catalana que dé “acceso inmediato a toda la cartera de servicios” sin importar el tiempo de empadronamiento, explicó el consejero de Salud, Toni Comín. El consejero añadió que con la medida se busca acabar con el “retorno encubierto a un sistema de salud basado en la seguridad social”, en el que el acceso se condicionaba a la renta del trabajo y a estar asegurado en el Instituto Nacional de la Seguridad Social.

La Generalitat responde así a la decisión del Gobierno de recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña la última de las instrucciones mediante las cuales el Servicio Catalán de Salud sorteaba las prohibiciones del Ministerio de Sanidad. Mediante ellas, el departamento hacía más garantista el acceso a la sanidad, ampliando los criterios. La posibilidad de que se anulen estas normas, una vez admitido el recurso, han precipitado la tramitación del nuevo marco legal. Esta ley se arrastra desde la pasada legislatura, cuando el adelanto electoral dejó dentro de un cajón su trámite.

Comín explicó ayer que las instrucciones catalanas que han flexibilizado la normativa estatal han beneficiado a unas 65.000 personas. Eso sí, no cuantifico a cuánto ascendería el coste para las arcas catalanas de la existencia de una sanidad universal. Este dato “no forma parte del relato de este Gobierno. Entendemos que se trata de garantizar este derecho aparte de su coste económico”, dijo el consejero.

La instrucción aún vigente establece diferentes niveles de atención de acuerdo con el tiempo que se llevara inscrito en el padrón. Por ejemplo, si se acreditaban tres meses se podía acceder al segundo nivel de asistencia. La sola inscripción ya daba derecho a las urgencias hospitalarias, la atención del embarazo o de programas de interés sanitario, como la atención a drogodependencias o la prevención y atención al VIH. Un sin papeles tiene derecho a las urgencias o a la atención del embarazo.

Si bien el empadronamiento será el requisito administrativo que vertebre el acceso a los servicios de salud, Comín explicó que no se descarta tener “otros criterios de arraigo” en cuenta. Las entidades que abogan por la sanidad universal, como a la Plataforma por una Atención Sanitaria Universal en Cataluña (Pasucat), siempre han criticado que se utilice el padrón como requisito.